La semana pasada, en alguno de sus discursos en cadena, la presidente formuló algunos postulados económicos que explican, en gran medida, la debacle de la economía argentina y el fracaso que estamos viendo del modelo.

En una de sus afirmaciones, la presidente sostuvo que “si fuéramos a cobrar lo que cada servicio vale, la economía estallaría”. Obviamente se refería las tarifas de los servicios públicos. Parece ser que la presidente cree que poner artificialmente bajo el precio de un servicio público no tiene costo. Es como si nos estuviera diciendo que, mágicamente, podemos tener boletos baratos de colectivos, subte y trenes por debajo de los costos operativos sin que ocurra nada en el resto de la economía. La realidad es muy diferente al relato oficial. Las tarifas artificialmente baratas se financiaron en parte con emisión monetaria y en parte consumiendo el stock de capital.

El desastre de Once fue consecuencia de tener tarifas artificialmente baratas a costa de no asignar recursos al mantenimiento. El sistema energético está colapsado, la rutas intransitables y el transporte público es una lágrima. Claro, se puede mantener durante un tiempo bajas las tarifas de los servicios públicos, pero a costa de destruir la infraestructura del país.

Por otro lado, el monto creciente de recursos destinado a los subsidios aumentó el gasto público, generó déficit fiscal y el Central se encargó de cubrir ese rojo del tesoro con emisión monetaria. La otra parte del financiamiento de las tarifas artificialmente bajas es la tasa de inflación, que aunque el gobierno la ignore, existe y la gente la siente cada vez que va al supermercado.

Cristina Fernández pretende mostrar los beneficios, escondiendo los costos. Los beneficios son tarifas artificialmente bajas, los costos, servicios públicos e infraestructura en general, destrozadas e inflación creciente. Lo que hace la presidente es contar la mitad de las cosas. Le dice a la gente que gracias a ella puede viajar casi gratis, pero no le dice que lo que no paga cuando sube al colectivo, lo paga en un servicio de peor calidad y con el impuesto inflacionario. Como decía Milton Friedman: “no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo paga”. Lo que pretende “vendernos” el relato oficial es que puede haber un almuerzo gratis sin que nadie asuma el costo. El tema es que, además, el costo de su política populista de tarifas de servicios públicos, lo termina pagando la misma gente que pretende beneficiar al viajar mal, incluso arriesgando su vida, y con la licuación de su salario vía la inflación. A esto hay que agregarle la negativa de CFK de aumentar el mínimo no imponible de ganancias, con lo cual, a los mismos que “beneficia” con tarifas “baratas” les mete la mano en el bolsillo haciéndole pagar más ganancias y más impuesto inflacionario, todo para darles un peor servicio.

La otra parte del relato consistió a decirle a los gobernadores e intendentes que no aumenten los impuestos. Según la presidente: “si nosotros ponemos en el consumo, pero al mismo tiempo le suben tasas o tarifas, me parece que es un error y debemos seguir una política más racional y que le sirva a todos los argentinos”. Claro, ella puede destruir el peso haciendo que el Central la financie con emisión y cobrar un feroz impuesto inflacionario. Ella puede no aumentar el mínimo no imponible para que la gente pague más impuesto a las ganancias, pero si los intendentes y gobernadores suben impuestos y tarifas, conspiran contra el modelo. Ella puede poner un cepo cambiario para tratar de cobrarle más impuesto inflacionario a la gente y no conspira contra la gente. Resulta difícil no utilizar calificativos para responder a esta afirmación, porque realmente tiene un alto contenido de cinismo o de ignorancia. Para ser benévolo, tomaré esta frase surgida de la ignorancia.

En primer lugar, lo dicho anteriormente, si el gobierno nacional anuncia subas de tarifas de colectivos y trenes en un 40 o 50 por ciento, de luz, gas, etc. eso está bien. Si el gobierno nacional no ajusta por inflación el mínimo no imponible de ganancias, los monotributos, etc., eso está bien. Ahora, si lo hacen los intendentes y gobernadores, están atentando contra el consumo.

En segundo lugar, si el gasto estatal, en cualquier nivel, se financia con una mayor carga tributaria, no cambia el nivel de demanda. Lo que pierden de poder de compra los que pagan más impuestos, lo aumentan los que reciben esos mayores impuestos pagados por los contribuyentes. Es una transferencia de ingresos de los que pagan más impuestos hacia los que reciben esos mayores impuestos porque los municipios y gobernaciones, con esos mayores impuestos, pagan más sueldos, jubilaciones y otros gastos.

El problema que nunca va a reconocer la presidente ni sus iletrados asesores económicos, es que el famoso modelo genera ineficiencia en el sistema productivo. El dinero que ganan los contribuyentes y le transfieren al Estado, no va a los bienes y servicios que necesita la gente, sino que se despilfarra en burocracia estatal en los tres niveles: nacional, provincial y municipal.

Lo que está ocurriendo con el modelo es que cada vez son menos los que producen y más los que consumen. Un gobierno que estimula un consumo artificialmente alto, desestimula la inversión y cierra la economía, condena a la población a la pobreza. Si a eso le agregamos una orgía de emisión monetaria, se da la combinación perfecta para generar un problema de conflictividad social.

Ahora, desde el punto de vista estrictamente económico, Cristina Fernández comete el grosero error de creer que un aumento de impuestos provincial o municipal contrae el consumo. Eso no es necesariamente así, porque, como decía antes, el que paga más impuestos le transfiere poder de compra al que recibe esos impuestos en forma de salarios, jubilaciones u obras públicas. El problema es la ineficiencia de esa transferencia de recursos. Ese es el cáncer que corroe el modelo que no permite generar más riqueza y, por lo tanto, menos bienes a disposición de la gente. La ineficiencia con que se asignan los recursos es uno de los cánceres del modelo. Ineficiencia que es potenciada por todas las regulaciones absurdas que establece el gobierno (controles de precios, deterioro del tipo de cambio real, cierre de la economía, emisión monetaria, distorsión de precios relativos, etc.).

En síntesis, pareciera ser que la presidente ya está armando su discurso para transferirle la culpa del fracaso del modelo a intendentes y gobernadores, los que, a decir verdad, tampoco se destacaron por su eficiencia en la administración pública. No obstante, la gran responsable de la debacle económica es Cristina Fernández y, con anterioridad, Néstor Kirchner, que plantó las semillas para la destrucción del sistema productivo. Y este punto lo resalto para que no me vengan que con Néstor hubiese sido distinto.