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02/05/2006 | Bolivia -

Mariella Pereyra Ortiz

La certeza de que convivimos con una crisis política muy profunda, es una realidad que tiene preocupados a la totalidad de los actores del sistema político boliviano.

 

Y es que cotidianamente las acciones que lleva a cabo el gobierno del presidente Evo Morales, la militancia y los simpatizantes del MAS, incurren en una serie de situaciones que acentúan aún más esa situación de incertidumbre e inseguridad política en nuestro país.

Entre una de las ya varias señales de irrespetuosidad frente a la institucionalidad democráticamente establecida, me referiré a la oposición vertida días atrás por el Gobierno en torno a la subvención que otorga el Estado a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que lidiarán por lograr espacios en la Asamblea Constituyente.

Es oportuno recordar que la subvención que otorga el Estado a las agrupaciones políticas para la realización de actividades proselitistas se instauró para legitimar la transparencia en los procesos electorales, evitando que intereses sectarios ilícitos como los del narcotráfico y el terrorismo puedan hacer tierra fértil en nuestra incipiente democracia.

Bajo el argumento de que el artículo 31 de la LECAC se encontraba congelado debido a la falta de consenso entre los miembros del Congreso, el Poder Ejecutivo, haciendo caso omiso a las prohibiciones que se detallan en el artículo 9º de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, al utilizar indebidamente el aparato estatal y ´obligar voluntariamente´ a que los funcionarios/as de la administración pública y la militancia del MAS den aportes monetarios —que oscilan entre el 5 y el 30% de su haber básico mensual—, se está asegurando (mediante las vías señaladas) el financiamiento económico para su campaña electoral y a su vez intentó complicar el desenvolvimiento del resto de las candidaturas, que obviamente precisan de recursos económicos para lograr votos y por ende, representación.

Por si fuera poco, el peligro permanente que enfrenta la institucionalidad democrática en Bolivia, las últimas señales del Gobierno, me permiten asociar una vez más la injerencia del presidente venezolano Hugo Chávez, hacia direcciones políticas autoritarias y facistoides. Y mi preocupación ciudadana se ha acentuado luego de leer el artículo ´Venezuela según Chávez´, escrito por Alma Guillermoprieto que ha sido publicado en la edición de abril de 2006, volumen 18, número 4 de la connotada revista National Geography, a decir: ´La asamblea también ha hecho prácticamente imposible que los partidos de oposición participen en las elecciones en igualdad de condiciones con los asambleístas electos, porque la nueva Constitución eliminó todas las asignaciones de fondos gubernamentales para las campañas electorales´.

Parece ser que el MAS no ha aprendido las lecciones de la crisis del sistema partidario nacional y ha establecido la conversión de la actividad política como: maquinaria electoral, agencia de empleos y como un negocio sindical que únicamente beneficia al Gobierno y a sus allegados.

En todo caso, la coyuntura es oportuna para censurar ciertas conductas de quienes creen que la democracia es tan sólo un medio más para alcanzar objetivos ideológicos o materiales y no una forma de convivencia política y de organización social.

*Mariella Pereyra  es cientista política.

La Razón (Bo) (Bolivia)

 


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