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19/01/2013 | Argentina - La misteriosa aeronave presidencial

La Nación-Staff

El alquiler de un jet perteneciente a una compañía británica renovó el debate sobre la transparencia republicana y el indebido uso de bienes del Estado.

 

El uso de bienes del Estado como los aviones de la Presidencia de la Nación ha sido objeto de controversia desde hace mucho tiempo. Ya en 2005, cuando Néstor Kirchner estaba al frente del Poder Ejecutivo Nacional y su esposa era candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, surgieron duras críticas por el empleo del Tango 01 y del helicóptero presidencial para trasladar a la por entonces primera dama a distintos actos vinculados con su campaña electoral. Concretamente, se sostuvo que los gastos ocasionados por esos traslados debían correr por cuenta del partido gobernante y no de la ciudadanía, pero las autoridades gubernamentales no lo entendieron así.

Más recientemente, se produjo un hecho no menos condenable asociado con el indebido uso del patrimonio del Estado. Este episodio tuvo como protagonista a la hija de la jefa del Estado, Florencia Kirchner, quien se trasladó el 20 de abril último, desde Buenos Aires hasta Río Gallegos, en uno de los aviones presidenciales, sola junto a su custodio y la tripulación, para asistir en la capital santacruceña a la fiesta de una amiga suya. La misma aeronave regresó a Buenos Aires y más tarde volvió a Santa Cruz para buscarla. Esta situación originó una demanda judicial por presunta malversación de caudales públicos, pero fue archivada por el juez federal Daniel Rafecas, quien entendió que no existieron evidencias de extralimitación legal alguna por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

En los últimos días, la cuestión de las aeronaves presidenciales fue de nuevo objeto de una controversia, cuando se conoció que, con el propósito de evitar eventuales embargos de los llamados fondos buitre sobre el Tango 01 durante la gira de Cristina Fernández de Kirchner por Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Vietnam, el gobierno nacional había alquilado un jet privado perteneciente a una empresa británica por unos 880.000 dólares.

La decisión en sí misma no parece objetable, sobre todo luego de las peripecias que sufrió la Fragata Libertad en un puerto de Ghana por una acción judicial de un grupo de inversores que le reclama a la Argentina el pago de su deuda. Sin embargo, algunos detalles de la contratación llaman poderosamente la atención y han suscitado justificadas quejas.

Por empezar, porque la contratación se efectuó sin licitación previa. En segundo lugar, porque la empresa favorecida, Chapman Freeborn, que en su propia página web admite ser especialista en transporte aéreo para la industria petrolera, tiene contratos con tres compañías que participan de la búsqueda de petróleo en las islas Malvinas.

En tal sentido, haber recurrido a los servicios de Chapman Freeborn resultaría violatorio de la ley 26.659, que prohíbe al Estado y a los particulares argentinos contratar a cualquier empresa que colabore con la búsqueda de petróleo en el archipiélago cuya soberanía reclama la Argentina.

La citada norma fue sancionada por el Congreso de la Nación en marzo de 2011 y estipula, entre otras cosas, que las compañías radicadas en nuestro país que colaboren con la exploración petrolera en las Malvinas perderán, como represalia, todo contrato, concesión o permiso para trabajar en el territorio nacional.

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, justificó la contratación de la empresa inglesa sin licitación pública en el poco tiempo disponible antes del viaje presidencial. Señaló también que la elección se resolvió tras una compulsa de precios con otras siete compañías y por ser la "más conveniente desde el punto de vista operativo, económico y financiero". Sin embargo, el Gobierno no exhibió las ofertas ni los pliegos, en tanto que tampoco informó los presupuestos de las compañías desechadas.

Puede concluirse que, una vez más, las autoridades nacionales han demostrado su nulo apego a las leyes, a las que parecen considerar como simples trabas burocráticas pasibles de ser evitadas si simplemente media la voluntad de quienes gobiernan.

Lo mismo podría decirse respecto del uso de los bienes del Estado con fines netamente personales, como lo ha demostrado la utilización de los aviones presidenciales por la hija de la Presidenta.

Deberían los funcionarios recordar que, desde 1999, existe una ley de ética pública que dispone expresamente que los funcionarios públicos deben abstenerse de usar los servicios del Estado para su beneficio particular o de sus familiares.

Del mismo modo, el Código de Ética de la Función Pública enumera como deberes de los funcionarios la probidad, el respeto, la sobriedad y la moderación en el desempeño de sus funciones, además de la obligación de utilizar los medios de que disponen únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes, evitando cualquier ostentación. Añade, por si lo anterior fuese poco, el mandato concreto de evitar el abuso de los bienes del Estado que están a su cargo, con el deber adicional de no permitir que otros, incluidos sus familiares, abusen de ellos, empleándolos para fines personales.

Debe lamentarse, una vez más, que la sobriedad y la ética propias de la vida republicana disten de ser valores reivindicados por nuestros gobernantes, quienes precisamente deben dar el ejemplo.

La Nación (AR) (Argentina)

 


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