Por ser una persona incómoda en un Tribunal Supremo que el régimen quería controlar, fue «prácticamente destituida» de su cargo. Su destitución de facto dejó la vía libre para que un Tribunal Supremo monopolizado por el chavismo legitimase la continuidad del Gobierno, pese a la actual incapacidad de Hugo Chávez para hacerse cargo del poder. Para que, pese a las fundadas dudas constitucionales, el Tribunal declarase la «continuidad administrativa» del Gobierno de Chávez —hospitalizado en Cuba desde el 9 de diciembre— sin necesidad de que este acudiese a la toma de posesión del pasado 10 de enero.

–¿Hacia dónde se encamina Venezuela, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que avaló la constitucionalidad del actual Gobierno sin que Chávez haya jurado el cargo?

–Nos encontramos ante un gobierno de facto, porque la persona que está encargada de la Presidencia no es legítima, en el sentido de que no ha sido elegida por el voto popular. No sabemos quién gobierna en Venezuela.

–¿El vicepresidente Nicolás Maduro estaría entonces usurpando el poder?

–Su período venció el pasado 10 de enero. Nadie lo eligió. Fue designado por Chávez. Es una autoridad ilegítima, usurpadora. Y todos sus actos son nulos.

—¿Cuáles son sus siguientes pasos?

—Estamos en el momento de la ciudadanía, impulsar acciones cívicas, exigencias y protestas de que se lleven las cosas al nivel constitucional. En realidad tenemos una ruptura del hilo constitucional. Está comenzando la movilización de la ciudadanía.

—¿Y los objetivos de esas acciones?

—Las acciones ciudadanas buscan corregir los errores cometidos. Es el procedimiento que establece la Constitución como el de exigir que el Tribunal Superior de Justicia nombre una junta médica oficial que verifique si Chávez está o no en capacidad de gobernar, y si no lo está que se declare la ausencia temporal o absoluta. En ese caso el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la presidencia y en treinta días convocar nuevas elecciones.

—¿Qué le parece el anuncio de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Luisa Estela Morales, de instaurar una justicia socialista? ¿Está tomando partido por el Gobierno?

—El Tribunal Supremo no puede tomar partido por el Gobierno ni actuar de forma revolucionaria como ella lo anuncia. Esa es la demostración más palpable de que en Venezuela hemos perdido la independencia de los poderes, y que el Poder Judicial está completamente sometido a los designios del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

—¿Puede el Tribunal Supremo aplicar el Segundo Plan Socialista del Gobierno?

—Ya lo hemos visto en la decisión de la continuidad administrativa, la permanencia del presidente Chávez en el poder sin haber jurado el cargo. No es la primera vez que la sala constitucional, cuya presidenta es la misma del Tribunal Supremo de Justicia, se somete. Esta magistrada simplemente cambia de sombrero, siempre legitimando las actuaciones del Ejecutivo y del Legislativo.

—¿Hay democracia sin la separación de poderes?

—En Venezuela no hay democracia. Aquí los jueces tienen miedo de dictar sentencias, y así los venezolanos no podemos dormir tranquilos. Los jueces condenan sin pruebas. Un ejemplo es el caso de la juez María Lourdes Afiuni, que lleva tres años presa, condenada y vejada simplemente por cumplir con su deber.

—¿Por qué la destituyeron a usted del cargo?

—Me destituyeron el 26 de diciembre, junto a seis magistrados más porque se cansaron de que yo objetara y salvara (eludiera) mi voto en las irregularidades. La Asamblea Nacional debía nombrar a los sustitutos en enero, cuando se me agota el período de 12 años en el Tribunal Supremo de Justicia, pero el supremo tribunal pasó por encima del procedimiento reglamentario.

—El Tribunal Supremo tiene en la actualidad 32 magistrados, ¿queda algún otro disidente después de su salida forzada?

—No, éramos tres disidentes y todos fuimos despedidos. Ahora el chavismo tiene hegemonía y puede votar por unanimidad como quería.

«A mí me echaron por disidente»