Y si esto ocurriera en su casa? Bajo el marco de uno de los peores conflictos de este siglo, las agresiones sexuales contra la población civil se han convertido en una de las más poderosas armas de guerra utilizadas al este de la República Democrática del Congo.

Su normalidad, su falta de denuncia y, sobre todo, su brutalidad intimidatoria agilizan su difusión entre los actores en combate. Unas «balas» baratas y sin rastro.

Este mismo mes, Naciones Unicas acusaba a las tropas estatales y los rebeldes del M23, quienes se levantaban en armas el pasado mes de abril frente al Gobierno de Kinshasa, de haber violado a decenas de civiles durante los saqueos registrados en la provincia de Kivu Norte.

Las cifras hablan por sí solas. Solo en los primeros nueve meses del año, la organización Heal Africa, que gestiona un hospital en la localidad de Goma (Kivu norte), reconoce a este diario haber recibido al menos 5.779 denuncias de agresiones sexuales.

«Aunque es cierto que hay cierta influencia de grupos armados como el M23, cada vez nos encontramos con más civiles que cometen actos de violencia sexual. Esto se explica por una cierta banalización de la violencia en la comunidad, lo que fomenta este tipo de ataques», señala a ABC Wassy Kambale, portavoz de Heal Africa.

Sin embargo, el caso no es nuevo. Ya durante las pasadas elecciones (noviembre de 2011) Dominique Vidale-Plaza, analista del Hospital Panzi, en la ciudad de Bukavu, ofrecía a este diario unos números escalofriantes. Y por entonces, el M23 tan solo era un embrión.

«De 1999 a junio de 2010, al menos 25.441 mujeres han sido tratadas por enfermedades ginecológicas en este centro médico, la mayor parte de ellas, graves traumas de violencia sexual. De igual modo, en el hospital, se han practicado cerca de 2.500 operaciones de reparación de fístula (los atacantes suelen utilizar con asiduidad objetos como botellas o palos en sus agresiones)», destacaba el experto.

Sus compañeros, incluso, iban más lejos. «En mis 40 años de vida, nunca vi algo parecido. Antes de 1994 (cuando el genocidio de Ruanda se produjo), la violencia sexual en nuestra región era prácticamente una anécdota. Sin embargo, ahora, las violaciones son utilizadas como arma de guerra. Instrumentos de venganza donde se implican todas los actores del conflicto, desde el Ejército a los rebeldes provenientes de Ruanda», aseguraba el doctor Alumeti Munyali Désiré, especialista en cirugía del Hospital Panzi.

Pero observada ya la referencia de dos centros médicos que operan en la región, ¿cuáles son las cifras globales de esta pandemia moral?

Según un estudio publicado en 2011 por el American Journal of Public Health, al menos 1.100 mujeres son agredidas sexualmente cada día en el país africano. En el análisis, centrado en el periodo 2006-2007, se documentan las vejaciones sufridas por más de 400.000 mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años. Pese a ello, Naciones Unidas tan solo reconoce 15.000 casos. «Nuestros resultados demuestran que las estimaciones oficiales sobre violencia sexual subestiman la verdadera realidad del Congo», asegura Amber Peterman, autora principal del estudio.

Una realidad que podría ser, incluso, aún más atroz. En el estudio, por ejemplo, no se documentan las agresiones cometidas contra mujeres menores de 15 años o mayores de 49. De igual modo, organizaciones humanitarias locales denunciaron recientemente que, en los tres últimos años, los abusos sexuales se habrían duplicado al este del país.

Éste es el caso de la violación en masa cometida, a finales de 2010, por rebeldes hutus y Mai-Mai en la localidad de Luvungi. En el ataque, realizado a tan solo 30 kilómetros de una base de «cascos azules», al menos 500 mujeres fueron violadas, demostrando la incapacidad manifiesta de de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (Monusco) para proteger a la población civil.

Aunque más preocupante resulta que el enemigo se encuentre en casa. En 2008, una investigación interna de la ONU reveló que «cascos azules» indios habrían cometido, presuntamente, abusos sexuales contra miembros de la población civil.