Fuerte campaña de funcionarios, técnicos y empresas para explicar lo inexplicable y defender lo indefendible: propinarle un nuevo zarpazo a los fondos individuales resulta ahora que es “muy bueno”, “no pierden nada” y —es más— se supone que los ahorristas deben agradecer que “ganaron”.

Con el acuerdo, las empresas aceptan —en nombre de sus afiliados— que se pesifiquen los fondos individuales a $ 1,40 por dólar ajustables por CER y los canjean por títulos a 30 y 42 años de plazo.
La tasa de los bonos cuasi Par recibidos es de 5,57 % (ó 5,96 % si se superara el 70 % de adhesión). Esa tasa en pesos está dos puntos por debajo de la que pagan en dólares países con un décimo de nuestro riesgo país y a solo ocho años.

Pero, además, la tasa de remuneración se reducirá si los ahorristas tuvieran la suerte de que el peso se revaluara. Pero no subirá si sigue devaluándose.
Las LETES suscriptas forzosamente durante el 2001 —con amortización total ya vencida— se canjean por títulos a 10 años con seis de gracia y una irrisoria tasa de 2 % anual (menor a la que paga un plazo fijo a 30 días).
Los bonos a recibir no gozarán de la cláusula de aceleración cruzada (el default en una serie habilita el pedido de aceleración del pago de otras)..
La mayoría de los medios, en vez de comunicar el recorte a los fondos ahorrados por los futuros jubilados, invirtieron los términos y lo anunciaron como un “recorte a las pérdidas”.

Con el acuerdo entre el gobierno y los banqueros-administradores, a espaldas y sin intervención ni defensa de los afiliados, dieron vía libre a una nueva confiscación de patrimonios individuales.
Nuevamente, los empresarios han preferido mantener las condiciones y privilegios de su negocio presente que el resguardar a sus clientes (reducidos ya a la calidad de “contribuyentes”).
Los fondos jubilatorios —cuyos propietarios son los ahorristas y no las AFJP, aunque éstas se comporten como tales— ya habían sufrido quitas cuando fueron reestructurados en los últimos meses de 2001.
La decisión cómplice de las administradoras ante el temor de cambios adversos en el régimen previsional significa la pérdida de la garantía provista por la recaudación del impuesto al Cheque, la pesificación de los ahorros en dólares a un tipo de cambio artificialmente bajo, y la refinanciación por hasta 42 años de colocaciones que en su amplia mayoría vencen antes de catorce.
Pero el contubernio incluye dos cláusulas diseñadas a la medida de los intereses empresarios y que resultan especialmente repudiables.
En primer lugar, el gobierno permitirá que los nuevos bonos se contabilicen a valor técnico, engañando a los afiliados para que ignoren la pérdida infligida —y así evitar tanto sus demandas como su éxodo— con un precio absolutamente ajeno e inflado respecto al real de mercado (y que podría incluso mostrar una falsa “ganancia”).

Mientras se declama transparencia, se recurre a los artificios contables.

En segundo lugar, y para resguardarse de toda posibilidad de salida de los afiliados, se suspenden “temporariamente” los traspasos entre administradoras.
La Superintendencia de AFJP queda facultada para regular la aplicación del régimen de contabilización.
Los beneficios de la contabilidad creativa y la privación de la libertad elegir, ¿también deben ser festejados por los afiliados?

En estas condiciones, lo que queda es un sistema que reúne lo peor del antiguo régimen y del nuevo.
Es un sistema tan estatal como el de reparto, con las mismas exacciones e intromisiones que sufrieron las cajas jubilatorias del pasado, cuyos fondos están casi en su totalidad en manos del estado.
Pero a diferencia del régimen estatal, el estado cuenta aquí solo para meter mano en los fondos jubilatorios y no para dar la “cobertura” del reparto: el afiliado llega al retiro solo con lo que queda de sus ultrajados ahorros y una mísera prestación universal, sin la protección que da la también mísera pero perpetua jubilación estatal.
Lo único que se mantiene privado son las comisiones que perciben las administradoras.

Primeras reacciones de los ahorristas.

Fundación Bicentenario y la Asociación Civil de Defensa Ciudadana recurren a la Justicia Federal Contencioso Administrativa con un pedido de acción declarativa de inconstitucionalidad y medida cautelar de prohibición de innovar.
La ADAPD recurrióa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no descarta presentarse también ante la justicia argentina.
Queda aún por ver las eventuales demandas por trato inequitativo que puedan plantear el resto de los tenedores de bonos.
Para el Comité Global, el acuerdo es “escandaloso, desprolijo y nada transparente” y deja a la luz la mayor capacidad de pago del gobierno argentino.
También son esperables reacciones del G-7 y del Fondo por manejo discriminatorio y falta de buena fe en el proceso.
Estas reacciones recién se manifestarán cuando se conozca el detalle de la oferta al resto de los acreedores.
En una presentación ante la SEC, el gobierno reconoció que “la reestructuración podría reducir significativamente las disponibilidades de las AFJP para el pago de jubilaciones”.
El gobierno considera que la adhesión de las AFJP (U$ 16200 MM, 20 % del total de la deuda en default) arrastrará al resto de los acreedores locales.
Las administradoras no podrán transferir por un año los bonos que resulten del canje.

(*) InC., producido por el estudio de Vicente Massot y Agustín Monteverde.