La causa: el Real Decreto 4/2006, que el Gobierno español aprobó el pasado 24 de febrero, y por el que se refuerzan los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Poco después del acuerdo del Colegio de Comisarios, el portavoz europeo de Mercado Interior, Oliver Drewes, subrayó que el decreto otorga a la CNE «poderes amplios y discrecionales» que no están justificados y «que pueden restringir indebidamente la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento».

Aprobado tres días después del anuncio de la oferta pública de adquisición (OPA) de E.ON sobre Endesa, el decreto amplía las competencias del órgano regulador español sobre empresas extranjeras que quieran entrar en el mercado energético de España.
   

La decisión de ayer insta formalmente a España a cambiar la legislación si no quiere que, en última instancia, le sean impuestas sanciones. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tiene ahora un plazo de dos meses para justificar el decreto, y si sus argumentos no convencen a la CE, ésta le enviará un dictamen motivado con sus «objeciones legales precisas». Si las autoridades españolas siguen sin atender la solicitud de Bruselas, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE, donde ya se encuentran otras dos medidas destinadas a vetar fusiones con compañías extranjeras: la «acción de oro» y la llamada «ley Rato».
   

Si mientras dura el proceso, la CNE veta la opa de E.ON sin consultárselo antes a la Comisión Europea, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, intervendrá para invalidar este dictamen.
   

Reacciones. Tras conocer la noticia, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, indicó que la decisión de la CE «entra dentro de lo previsible». Zapatero recordó que sólo se trata de la apertura de un expediente y que el Ejecutivo tiene ahora un plazo para presentar alegaciones. Desde Zaragoza, el ministro de Industria, José Montilla, restó importancia a la decisión de Bruselas y dijo que es «una carta de emplazamiento más» de las decenas que tiene España. En la misma línea, el portavoz del grupo socialista, Diego López Garrido, aseguró que el Gobierno demostrará a Bruselas que la ampliación de las competencia de la CNE no va en contra del derecho comunitario y cumple todas las normas.
   

Por el contrario, el secretario de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias, aseguró que el expediente abierto a España fundamenta aún más el recurso de inconstitucionalidad que su formación interpuso contra las nuevas facultades de la CNE. Arias insistió en que el Gobierno ha vulnerado «tanto la normativa constitucional española como el derecho comunitario».
   

Por su parte, el presidente de Endesa, Manuel Pizarro, consideró que la apertura del procedimiento de infracción a España «cuestiona» el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno y añade «un aspecto más» al proceso abierto por las opas de E.ON y Gas Natural.
   

Hoy, consejo de la CNE. Por otra parte, el consejo de administración de la CNE decide hoy si acepta la petición de Gas Natural de personarse como parte interesada en la tramitación de la opa de E.ON. En la última reunión del Consejo, el pasado jueves, el consejero que actúa como ponente en este caso, Jorge Fabra, recomendó que no se acepte la personación de la compañía gasista. Por el contrario, el regulador sí admitió las solicitudes de Iberdrola y Unión Fenosa.