Es necesario recordar que en los orígenes del Estado se otorgó a la autoridad la potestad exclusiva del ejercicio de la fuerza pública para brindar protección a la colectividad, tanto frente a cualquier amenaza externa al grupo social, como de sus propios integrantes.

Ahora que es evidente la deficiencia de esta función de protección, y que existen grupos que asumen la protección de sus familias y comunidades, es urgente hacer varias reflexiones con la finalidad de aportar algunos elementos al debate sobre las autodenominadas policías comunitarias.

Esencialmente existen dos cuestiones en colisión frontal, por un lado el derecho de toda persona de defenderse frente a cualquier agresión y la potestad del Estado para enfrentar cualquier violación al orden público.

Antes de comenzar la condena que se ha hecho hacia las policías comunitarias es indispensable reconocer que las instituciones públicas no están cumpliendo su función, y me refiero a las instituciones en general y no a las personas en particular, toda vez que en forma cotidiana encontramos verdaderos ejemplos de entrega más allá del cumplimiento del deber por parte de muchos policías honestos y entregados a su función.

Me refiero al esfuerzo institucional deficiente e incapaz para articular estrategias por parte de los tres órdenes de gobierno para establecer un modelo de policía que garantice los derechos de las personas, más allá de “mantener el orden”; es decir, en lugar de tener a miles de policías buscando (literalmente en los cruceros) sancionar las infracciones de cualquier automovilista, se requiere que se garanticen la integridad de los peatones y de los usuarios del transporte público, por ejemplo, frente a todos los vehículos de servicio público.

La institución policial carece de un diseño de servicio público, en cambio, se insiste en una formación de subordinación jerárquica que  satisfaga los intereses y necesidades del mando inmediato, el cual a su vez, hace o pretende dar la imagen de lo mismo y, en este contexto, el ciudadano aparece como un instrumento de la satisfacción de sus necesidades, ya sea para obtener reconocimiento por las sanciones que impone u obtener los recursos que le brinda el ejercicio discrecional de sus atribuciones.

Al menos los recursos que se han invertido desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública son insultantes respecto de las condiciones en que se encuentran las instituciones en esta materia, y la responsabilidad atraviesa a toda la clase política de todas las expresiones políticas en todos los órdenes de gobierno.

Los efectos devastadores también los hemos sufrido todos, sin distinción de ningún tipo. A pesar de todo, continúan instalados en la comodidad de los espacios de poder que se detentan y sólo en estos casos de notoriedad mediática se hacen declaraciones, planes y programas de la misma naturaleza.

Es impostergable que más allá de las negociaciones sobre los temas de carácter económico, se establezca una mesa de acuerdos que trascienda la coyuntura que nos ha ahogado desde hace varias décadas sobre un problema que ha destrozado las formas tradicionales de convivencia familiar y social en general, pero que podría anular las expectativas de vida de nuestros hijos y nietos.

La sociedad civil organizada y diferentes sectores de la academia, en forma sobresaliente la UNAM y el TEC de Monterrey, entre otros, han hecho una labor trascendental para aportar diagnósticos y propuestas, sin duda alguna, corresponde al Estado coordinar, dirigir y brindar una respuesta que esté a la altura de la necesidad de la población o condenarse a la calificación que han obtenido los gobiernos que le han sucedido en el cargo o peor aún, sufrir sus consecuencias.