La presunción cierta de que la Gendarmería espió ilegalmente a distintas organizaciones sociales requiere de parte del gobierno nacional algo más que las tibias desmentidas de algunos de sus funcionarios, así como también que el juzgado interviniente en el caso pueda aportar las evidencias necesarias como para despejar todo tipo de dudas.

El denominado "Proyecto X" de la Gendarmería Nacional expuso nuevamente la abismal diferencia entre los dichos del poder político, es decir, su relato de las cosas, y la conducta efectivamente desarrollada en la práctica.

Según las denuncias efectuadas oportunamente, la Gendarmería se habría infiltrado en concentraciones gremiales y políticas y en actividades sociales que comprenden un arco tan amplio y variado que va desde los trabajadores de Kraft Foods, que se manifestaban casi a diario en la Panamericana, hasta los curas villeros y sus grupos de colaboradores, pasando por los asambleístas de Gualeguaychú, por quienes aún reclaman la aparición de Jorge Julio López y por organizaciones sociales y gremiales afines al propio Gobierno, como las Madres de Plaza de Mayo.

El tema es de vieja data, como que saltó a la opinión pública en noviembre de 2011, cuando organismos de derechos humanos y delegados de Kraft Foods denunciaron a la Gendarmería por haber almacenado información "obtenida en forma clandestina e ilegal". Poco después, el 14 de febrero de 2012, el entonces jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia la existencia de un sistema que acumula datos de inteligencia sobre dirigentes políticos y sociales. Tras la convulsión que esas declaraciones provocaron hasta en las entrañas del kirchnerismo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, afirmó el 24 de febrero de ese año que el "Proyecto X" era un programa que no contemplaba espionaje ilegal, sino inteligencia criminal, y que otra unidad de la Gendarmería era la que hacía inteligencia sobre movilizaciones sociales. Pero Garré aseguró que sólo lo efectuaba por orden del Poder Judicial.

La Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uesprojud), hasta ese momento desconocida, era la encargada de la inteligencia criminal, según dijo Garré. La ministra agregó que pertenece a la Gendarmería y que tiene base en Campo de Mayo. Schenone, que había quedado muy debilitado políticamente tras admitir el tipo de tareas que realizaba su fuerza, finalmente fue desplazado en octubre de ese año, aunque en medio del conflicto salarial que también envolvió a la Prefectura.

Lo cierto es que varias organizaciones sociales radicaron denuncias por considerarse espiadas ilegalmente y la causa se tramita hoy en el Juzgado Federal N° 7, a cargo del doctor Sebastián Casanello.

Las respuestas de las máximas autoridades del Gobierno son injustificables, pues la mayoría de los informes elaborados carecen de lo más importante: una orden judicial. Por otra parte, la defensa del actual senador Aníbal Fernández, jefe de las fuerzas de seguridad durante la mayor parte de la gestión kirchnerista, alegando que "es muy tarado pensar en inteligencia ilegal", es raquítica en argumentos y queda a la altura de muchas de sus insólitas y desafortunadas explicaciones.

Ya en 2009, el ex presidente Eduardo Duhalde había denunciado que era víctima de escuchas telefónicas y de espionaje. Graciela Ocaña, ex funcionaria del gobierno kirchnerista, también denunció que éste le realizaba escuchas telefónicas y que luego eran enviados los textos desgrabados por correo electrónico. Lo mismo sucedió con muchas otras personas relevantes del escenario público, como el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el ex diputado nacional Miguel Bonasso, quienes denunciaron haber recibido un mensaje de alerta sobre la pinchadura de las líneas de sus celulares. Y hasta un otrora gobernador peronista relata que el hoy papa Francisco, cuando se encontraba a cargo de la arquidiócesis de la ciudad de Buenos Aires, subía el volumen de la radio cuando conversaba porque temía que lo estuvieran espiando y grabando. Es triste y preocupante que un gobierno de carácter policíaco limite ilegalmente el derecho a la intimidad y a la privacidad, cercenando libertades básicas de los ciudadanos que están amparadas por la Constitución Nacional.

Basta observar la realidad argentina con detenimiento para percibir que toda la sociedad es víctima del miedo. Dirigentes de toda índole, personas con responsabilidades en la esfera pública y privada, pero también gente común, temen ser objeto de escuchas y de persecuciones de un gobierno asfixiante que, como dice, "va por todo". Sus múltiples tentáculos (AFIP, IGJ, UIF, SI, CNV, Secretaría de Industria, etc.) han dado muestras de que no reparan en formas ni modos para conseguir lo que se proponen: intimidar a la gente para intentar silenciarla.

El cineasta Eliseo Subiela sufrió un escrache de la AFIP por sus quejas ante la dificultad para comprar divisas. El empresario inmobiliario Jorge Toselli fue denunciado en cadena nacional por exponer que la actividad del sector había caído fuertemente. Son sólo dos ejemplos, pero muy representativos de que los organismos de inteligencia están al servicio de los deseos del Gobierno y no a merced del Estado de Derecho. Publicar desde el Poder Ejecutivo y sus dependencias información confidencial y prohibida implica violar flagrantemente derechos y garantías de todos los habitantes de la Nación.

Es imprescindible que la Justicia avance rápidamente en las investigaciones y establezca responsabilidades. Después de casi treinta años de democracia, estas prácticas aberrantes que lesionan las libertades, la dignidad ciudadana y la República deberían ser sólo un trágico recuerdo de nuestro pasado.

Resultaría inadmisible que, por el hecho de que se está en vísperas de elecciones legislativas que marcarían el futuro político de Cristina Kirchner, el caso denominado "Proyecto X" quede en una nebulosa en espera de tiempos menos sensibles.