El secretario de Energía, Daniel Cameron, fue procesado por supuesta participación en el desvío de fondos públicos en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), en una causa en la que el ex concesionario Sergio Taselli ya está en esa misma situación judicial, se informó hoy en los tribunales.

Los hechos investigados ocurrieron entre 1995 y 2002, cuando Cameron integraba la comisión fiscalizadora de la empresa concesionada YCRT, que recibía millonarios subsidios de parte del Estado nacional y supuestamente habrían sido desviados a otros fines.

El procesamiento sin prisión preventiva de Cameron por el supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" fue resuelto por el juez federal Sergio Torres, que en principio lo había sobreseído pero en 2009 recibió la orden de investigar a fondo por parte de la Cámara Federal.

Torres había basado su decisión en que la documentación de la empresa privatizada sobre las supuestas irregularidades había desaparecido, con lo cual era muy difícil comprobar los presuntos ilícitos.

Pero el fiscal Federico Delgado alegó que justamente la falta de esos papeles abonaba las sospechas de que habrían existido manejos oscuros en la concesión.

Para los camaristas "aún subsiste la sospecha que durante el período que duró la concesión otorgada a YCRT SA existieron distintas irregularidades atinentes al manejo, administración y custodia de los bienes estatales transferidos" y destacó los subsidios estatales otorgados a Taselli por 165 millones de pesos/dólares.

La privatización de Río Turbio se concretó en 1993, cuando el entonces presidente Carlos Menem les otorgó a los hermanos Sergio y Alberto Taselli la concesión de esta mina santacruceña, con 580 millones de toneladas de carbón en su interior y un subsidio de 16 millones de dólares al año.

El contrato incluía la compra por el Estado de toda la producción de Río Turbio durante una década. La explotación de los Taselli se inició con 5.000 trabajadores hasta que en julio de 2004 hubo un incendio y derrumbe en el interior de la mina, que causó la muerte de 14 operarios.

A raíz de ello, el Gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner les quitó la concesión. Para esa época sólo quedaban alrededor de 1.000 empleados en la compañía.