El subdesarrollo institucional observado en América Latina siempre encuentra resquicios para la domesticación de los jueces, frecuentemente cómplices de la corrupción política imperante y de las barbaridades cometidas por las dictaduras castrenses durante la segunda mitad de siglo XX. Como el poder judicial ha sido objeto del deseo de los gobiernos desde el descubrimiento del Código de Hammurabi, las democracias modernas establecieron contrapesos para proteger su independencia y evitar que la apetencia política conduzca al asalto de los tribunales. Clamando contra la supuesta parcialidad y obstruccionismo de la judicatura nacional, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ensaya una nueva modalidad en la invasión del estamento: los miembros del determinante Colegio de la Magistratura serán elegidos “por el pueblo”.
La 'sofisticada' irrupción del neoperonismo en la sala de máquina de la justicia, una variante de la implementada en Bolivia por Evo Morales, depura la técnica utilizada por el expresidente Carlos Menem en los años noventa para controlar una Corte Suprema hostil: amplió el número de magistrados que la integraban de cinco a nueve y colocó a cuatro amigos en la ampliación. Otros ejecutivos latinoamericanos actuaron a la inversa: redujeron el número, y expulsaron a los díscolos, o simplemente promulgaron leyes incompatibles con la administración de justicia. Al anunciar el envío al Congreso de un paquete legislativo para “democratizar” el poder judicial, la presidenta Fernández de Kirchner se explicó: “quiero una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos". La ecuación parece ser otra: quiere una justicia más abierta pero convertida en corporación oficialista. Evo Morales ya la tiene en Bolivia desde el año 2011.
“Acá se han echado a gobernadores, encarcelado a presidentes, pero el poder judicial nunca fue tocado”, dijo la presidenta. No miente porque jueces y funcionarios argentinos disfrutan de escandalosas exenciones y prebendas tributarias, y entre sus filas abundan la endogamia, los sinvergüenzas que se vendieron al capital nacional y extranjero y otros que cobardemente callaron el asesinato de 30.000 compatriotas en los cadalsos de la dictadura castrense (1976-1983). La historia reservará al Néstor Kirchner y a su esposa Cristina Fernández un papel sobresaliente en la lucha contra el olvido de aquella escabechina. Antes de que el fallecido presidente asumiera el cargo, en 2003, sus predecesores en el cargo Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde fracasaron en sus políticas contra la impunidad de los represores de las Juntas Militares.
La fortaleza de ánimo por Cristina Fernández en la persecución de los generales asesinos sintoniza con su desaforada ambición política y el atrevimiento demostrado en la anunciada embestida contra el Colegio de la Magistratura, que controla la actividad de los jueces y, en última instancia, el perfil de la Corte Suprema, valladar de las pretensiones del oficialismo. Casi imposibles los dos tercios de los votos del Congreso necesarios para tumbar la corte, la jefa de gobierno pretende reglamentar las medidas cautelares, utilizadas por varios juzgados para detener alguna de sus iniciativas. Los 13 miembros del colegio son nombrados por el Congreso, el gobierno, el poder Judicial, los sindicatos de abogados y el ámbito académico. Todo indica que el detonante de las medidas que modificarían el Colegio de la Magistratura es el freno judicial a una reforma gubernamental que obligaría al adversario de cabecera del ejecutivo, el Grupo Clarín, a renunciar a varias licencias de propiedad de medios de comunicación. “Ni los jueces, ni los abogados tienen coronita para elegirse entre ellos”. Será el peronismo coronado, convocado a urnas, el encargado de hacerlo, sorteando las trabas parlamentarias. El populismo, y las mayorías electorales, la influencia política en suma, serían entonces el elemento fundamental de la distribución de puestos, destinos, premios y castigos entre los profesionales del derecho. Hermes Binner, dirigente del opositor Frente Amplio Progresista, anticipa consecuencias muy graves si se apruban las reformas pues un 40% de los jueces argentinos ya responden a la línea presidencial, “y eso no es normal”.
