Uno de los muchos efectos negativos que acarreará la vergonzosa reforma del Poder Judicial que impulsa el gobierno nacional es el de la impunidad que brindará a los funcionarios que se encuentran acusados en casos de corrupción, y a los que reciban esa imputación en el futuro.

Un régimen que se ha caracterizado por protagonizar una incesante sucesión de escándalos será el primer beneficiado con el paquete de proyectos de ley que el kirchnerismo ha tratado en vano de maquillar bajo el nombre engañoso de "democratización" de la Justicia. El último escándalo conocido estalló anteanoche, cuando en el programa televisivo que conduce Jorge Lanata se reveló una presunta trama de corrupción y lavado de dinero en la que estaría involucrado Lázaro Báez, sindicado desde hace años como posible testaferro del ex presidente Néstor Kirchner.

La llave para acceder a esa impunidad que cada día se torna más acuciante para el kirchnerismo se encuentra en el proyecto que reformará radicalmente la ley que regula el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección y la remoción de los jueces. El Gobierno ha decidido aumentar a 19 el número de consejeros, que actualmente son 13. Las decisiones se tomarán mediante la mayoría simple de los votos y no de los dos tercios y, además, los consejeros deberán ser elegidos mediante el voto popular, pero para ello tendrán que integrar las listas de los partidos políticos. En el caso de los jueces eso significa romper con la tradición republicana que impide su participación en toda actividad política. Todos los consejeros, ya se trate de jueces, abogados o académicos, quedarían disciplinados al partido que los postule, y la lista que obtenga más votos se quedará con la mayoría de los cargos.

Con la modificación propuesta, el Gobierno lograría sin dificultad la mayoría del Consejo de la Magistratura, y de esa forma tendría en sus manos la potestad de iniciar sin ningún impedimento el juicio político a cualquier juez que considere rebelde o remiso a acatar su voluntad en sumarios de extrema sensibilidad, como los vinculados con casos de corrupción.

Si hoy, antes de la reforma, muchos jueces y fiscales federales lucen vacilantes y amedrentados cuando les toca sustanciar una investigación sobre corrupción en el kirchnerismo, fácil es imaginar que, tras la reforma, reinará un miedo mayor aún a irritar al Poder Ejecutivo y ese miedo se traducirá en sentencias que lo beneficien o, en el mejor de los casos, en causas que se arrastrarán durante años sin registrar avances.

En efecto, el poder inconmensurable que adquirirá el Consejo de la Magistratura se ejercerá sobre jueces federales que hace años que sustancian importantes causas de corrupción que se prolongan sin mostrar progresos, o se cierran. Por ejemplo, el expediente del caso Skanska por las presuntas coimas y sobreprecios en la ampliación de los gasoductos se cerró pese a que la propia empresa reconoció haber pagado coimas a funcionarios. También se cerró en forma escandalosa la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, con la firma del juez federal Norberto Oyarbide y sin que la fiscalía apelara.

Ese panorama se tornará tristemente rutinario si prospera la reforma judicial. Y no debe descartarse la posibilidad de que, ante cualquier denuncia periodística de la prensa independiente, los funcionarios involucrados promuevan las investigaciones judiciales mediante las llamadas "autodenuncias" para lograr rápidos y certeros sobreseimientos que, una vez confirmados por la cámara, les otorgarán impunidad para siempre, aunque en el futuro aparezcan más elementos comprometedores. Es por eso que la "democratización" judicial será, esencialmente, un inadmisible certificado de impunidad.