Hace exactamente un año, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunciaba al mundo la expropiación del 51% de YPF a la española Repsol. Estaba todo pensado. El anuncio, de retransmisión obligada en todos los canales de televisión, entre aplausos y ovaciones. Las provincias, seducidas con una participación accionarial. Y el directorio español, desorientado después de unas negociaciones frustradas.

Los spots publicitarios estaban listos. Hasta el logotipo retro preferido por el marketing kirchnerista estaba pensado: prometía un regreso al futuro con desarrollo independiente, aumento de la producción y precios populares para fomentar el consumo, culminando con la preciada independencia energética. Y se lograría con lo propio, no como vasallos de lo ajeno.

La retórica kirchnerista era, como siempre, nacionalista y esperanzadora. La privatización de los odiados años neoliberales estuvo teñida de irregularidades. Una nueva era se asomaba.

En la teleología del kirchnerismo, a YPF se le reservó un lugar especial: la estatización de la mayor empresa del país —símbolo de un pasado de riqueza al que todo argentino quiere volver— coronaba la “vuelta del Estado”. Lo de antes, desde Aerolíneas Argentinas a servicios públicos y hasta los fondos de pensiones, eran cosas menores.

La propaganda es atractiva, pero la realidad es inevitable. Hoy, las reservas de la empresa en dólares e hidrocarburos han bajado para cubrir el déficit energético que tanto se le criticó a Repsol. La brecha entre lo que Argentina consume y lo que necesita crecerá nada menos que entre un 20% y un 40% en 2013. Y eso, con toda la ayuda de una Venezuela amiga.

La cotización de la empresa lo notó: en un año cayó más de un 35%.

El equipo de gestión es hábil, empezando por el presidente, Miguel Galluccio, que volvió a YPF de la mano de Kirchner. Pero Galluccio no puede desafiar la gravedad: como en cualquier empresa, el aumento de la producción requiere inversión.

El gas no convencional (shale gas) de Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén, requiere entre 4.000 y 6.000 millones de dólares durante varios años para empezar a dar frutos. Argentina podría poseer las terceras reservas mundiales de shale, pero el gas no se extrae con spots publicitarios.

Lograr la revolución energética que hoy se vive en Estados Unidos (y que se está empezando a ver en México) exige dinero, tecnología y tiempo. Al kirchnerismo le falta lo primero, ha bloqueado lo segundo, y teme lo tercero.

A pesar del marketing, ninguna de las empresas que tienen la tecnología necesaria para desarrollar esas prometedoras reservas ha invertido con YPF. El limitado acuerdo con Chevron está parado por una demanda con el Ecuador de Rafael Correa, un cercano aliado kirchnerista. El conglomerado Bridas ha evitado concluir sus negociaciones, y Dow Chemical sigue dudando. Si los fondos no fluyen, tampoco lo hará el gas.

Parte del problema son las demandas de Repsol, apoyadas por la Unión Europea, por la violación de tratados internacionales. Pero también hay que culpar a la política energética del kirchnerismo, que ha incrementado el control burocrático hasta niveles soviéticos. Toda nueva inversión requiere hoy la aprobación del Ejecutivo, a pesar de que YPF ya responde al Estado.

La cuestión de fondo es sencilla de explicar: cuando la china Sinopec y la rusa Gazprom se quejan de la falta de seguridad jurídica, claramente hay un problema.

Con los mercados internacionales cerrados, Galluccio no tuvo otra alternativa que recurrir al mercado local. YPF atrajo fondos locales en 2012, siendo una de las pocas inversiones para ahorradores deseosos de escapar a una inflación que ya supera el 30% anual. Pero el minúsculo mercado de capitales de Buenos Aires no puede saciar la sed de YPF, y mientras tanto se quitan fondos a empresas más pequeñas que no tienen acceso a otros mercados.

Gallucio también tuvo que aumentar precios para reinvertir ganancias; así la empresa “nacional y popular” elevó el precio de los combustibles un 24% en promedio en un año. Las subidas eran acordes con la inflación real, pero no con la retórica presidencial.

Como para celebrar el aniversario, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, anunció la semana pasada el congelamiento de precios durante seis meses, casualmente hasta después de las elecciones parlamentarias de octubre. En la empresa se apresuraron a subir las tarifas e insistieron en que lo seguirán haciendo. Pero es obvio que el triunvirato económico de Kirchner —Moreno, el viceministro neomarxista Axel Kicillof y el vicepresidente Amado Boudou— tienen cortocircuitos con Galluccio.

Será porque la ideología no logra resultados económicos: la producción no mejora. Kicillof, el economista favorito de la presidenta, prometía hace un año en el Senado un auge productivo. En el primer bimestre de 2013, la producción de gas cayó 3,5% y la de petróleo un 2,7%. En 2012 había caído la de gas, y crecido muy poco la de petróleo (ayudada por una huelga en 2011 que pone las cosas en perspectiva).

Quizá Kicillof intente ahora culpar a Europa, como lo hace para explicar la estanflación de la economía. Las excusas se quedan cortas.

A diferencia de las democracias verdaderas, los líderes autoritarios nunca pueden admitir errores, a riesgo de dejar en evidencia que no son omnipotentes. Por eso los spots publicitarios ya vuelven a los medios argentinos.

Pero a un año de la gesta épica, se impone la realidad. Nada estaba pensado.

Pierpaolo Barbieri es fellow de la Escuela Kennedy de Gobierno en Harvard. Su libro, Hitler’s Shadow Empire, será publicado por Harvard University Press en 2013. Su próximo proyecto se centra en la historia económica de América Latina.