El ministro del Agua, Abel Mamani, anunció que el Gobierno elabora una nueva Ley del Agua, que sustituirá a la que rige desde el 28 de noviembre de 1906, o sea de hace casi 100 años. La autoridad ministerial habló de ´nacionalizar´ los recursos hídricos (superficiales y subterráneos) que fluyen por las fronteras del territorio patrio, aunque advirtió que la norma tendrá también otros alcances.

Sin duda, será bienvenida una nueva Ley del Agua porque en este tiempo existen nuevos conceptos y metodologías, así como regulaciones internacionales sobre el manejo del agua, de manera que se trataría de una actualización muy oportuna y necesaria para los intereses nacionales.

Una de las primeras previsiones que deberá tener la nueva ley es exigir que los bolivianos tengan mayor cuidado y responsabilidad en el uso del agua, por tratarse de un bien natural que tiene que ser protegido para estas y las próximas generaciones.

Tendrán también que clarificarse ciertas confusiones que existen acerca del agua. En Cochabamba se expulsó a una empresa con la idea de abaratar y resolver la falta del líquido elemento. Han pasado cinco años y nada de ello ocurrió, más bien la situación desmejoró. En Santa Cruz una de las provisiones del sistema se produce gracias al aprovechamiento de agua subterránea proveniente de pozos semiprofundos, acerca de los cuales cabe una adecuada regulación.

Una nueva ley sobre la materia, en consecuencia, tendrá que contar con disposiciones muy precisas sobre la conveniencia de proteger su existencia, en primer término, y luego prever su uso y manejo racional, adoptando una serie de medidas que vayan en beneficio de los bolivianos.

Sería improcedente que la nueva norma se apruebe al calor de ciertos criterios políticos, puesto que ellos resultarían ajenos al valor intrínseco que tiene el agua. Ciertamente, su significado es mucho más trascendental que momentáneos impulsos que se puedan tener en este orden.

En cuanto al reconocimiento que hace el ministro de la delicadeza que tiene el legislar sobre aguas fronterizas, corresponde señalar que es una forma atinada de ver la situación. Bolivia es un país pacifista y, por tanto, no tiene por qué actuar en forma provocativa con sus vecinos.

Para tratar los asuntos internacionales se halla la Cancillería, la cual tiene la misión de realizar concertaciones en todos los temas que sean de interés nacional y que involucren a otros países. Esta es la forma civilizada de actuar en estos casos. Por tanto, hablar de ´nacionalizar´ los recursos hídricos de las fronteras luce como excesivo, porque, en buenas cuentas, implica como querer apropiarse incluso de lo que podría estar en litigio.

En el caso concreto de las aguas del Silala, que discurren en la frontera boliviano-chilena, la Cancillería ha sostenido una serie de negociaciones, las que con el cambio de gobierno quedaron paralizadas. Lo adecuado es retomar ese camino hasta llegar a una conclusión. Bolivia tiene suficientes argumentos para utilizarlos en la mesa de negociaciones sobre el derecho de propiedad que le asiste en torno a dichas aguas. Sería una irracionalidad actuar de otra manera. Cuando se tiene la razón lo atinado es convencer de ello a la otra parte y sobre esa base concretar acuerdos que superen la controversia.