Las últimas amenazas reales contra los derechos humanos que queda en América Latina son la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. El continente ha crecido un 80% en los últimos diez años, ha reducido la desigualdad y la pobreza, la democracia electoral se ha impuesto, las violaciones de derechos humanos son la excepción. Así lo retrató ayer el jurista Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica. Pero en esos mismos diez años, la tasa de homicidios en Latinoamérica ha crecido un 11%, según cifras de la ONU. Sus ciudades encabezan las listas de las más violentas del mundo. Esa inseguridad, sin ser en sí misma una cuestión de derechos humanos “genera circunstancias adversas” a la protección de los derechos universales, como “tentaciones en el poder político, la tentación de la justicia por la propia mano o responder al clamor por la seguridad por medios no democráticos”. El reto que se plantea, aseguró García-Sayán, es “construir un esquema de seguridad que no atropelle los derechos democráticos en los países que están a la cabeza de homicidios en el mundo, como en el triángulo norte [Centroamérica]”.
Exministro peruano de Justicia y de Exteriores, García-Sayán daba este martes la conferencia en la ceremonia de entrega de diplomas de la II promoción del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, en la Universidad Autónoma de Madrid. La promoción estaba formada por 22 alumnos "de casi todos los países de Latinoamérica", según explicó el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Rovira, codirector del posgrado.
Han pasado muchos años desde que el hoy presidente de la Corte fue titular en los años ochenta del primer curso sobre derechos humanos de la Universidad Católica de Perú. Así lo recordaba ayer, el que hoy es una de las máximas figuras en este ámbito el continente. En aquel entonces, “para hablar de un tema como la Corte de Derechos Humanos bastaban cinco minutos”. Apenas existía una convención, que por entonces no se había traducido en denuncias y mucho menos en sentencias. “El contexto eran unos países gobernados al menos en un 50% por dictaduras militares”.
El presidente de la CIDH explicó a los alumnos que uno de los principales éxitos de la institución es, no solo sus sentencias, sino la forma en que las mismas van siendo asumidas como jurisprudencia por los países latinoamericanos. Poco a poco, las sentencias han convertido las “amnistías y autoamnistías”, o la ocultación de información pública en “cosas del pasado”.
Mereció una mención aparte en su discurso Colombia, que calificó como “la última guerra interna de Latinoamérica”. Para el prestigioso jurista, Colombia “se plantea retos inmensos, políticos, militares y jurídicos” en el proceso de paz iniciado por el presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Estos retos jurídicos consisten en “buscar una conciliación entre la necesidad y la sed de justicia por las atrocidades cometidas durante 50 o 60 años y la necesidad de paz”. Colombia debe encontrar ese “elemento de justicia” y al mismo tiempo “aplicarlo dentro de los márgenes que no constituyan un impedimento para la paz”.
García-Sayán también expresó su aspiración de que Estados Unidos y Canadá lleguen algún día a integrarse en la jurisdicción de la Corte ya que, por el momento, “es en realidad una corte latinoamericana”.
El Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid está patrocinado por la Fundación Santillana y celebra este año su tercera edición. En el acto de entrega de diplomas estuvieron presentes este martes el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Molina, el presidente de la Fundación Santillana, Ignacio Polanco, y el presidente de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián.
