Prestigiosos órganos de prensa internacional y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han condenado públicamente al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por conducir una encendida campaña contra la libertad de expresión en su país.

Luego de triunfar en las últimas elecciones presidenciales, y del fallecimiento de su aliado Hugo Chávez, Correa ha decidido intensificar su campaña contra todo aquél que pretenda criticarlo. Lo ha hecho a través de una serie de acciones ilegales e inconstitucionales cuyo objetivo es tomar control del poder judicial de su país. Su primer medida hacia ese fin fue convocar un referéndum en el 2011 cuyo objetivo era el de “reestructurar” la Corte Nacional de Justicia. Mediante dicho proceso, Correa nombró 21 nuevos jueces, la mayoría de los cuales tienen lazos directos a él o a miembros de su gabinete.

Este control le permite utilizar la persecución judicial como el principal mecanismo de censura e imposición del silencio, atacando judicialmente tanto a empresarios como a líderes de la sociedad civil, a políticos de oposición y a periodistas que critiquen sus abusos o investiguen casos de corrupción.

Desde ese entonces y hasta hoy en día, la prensa en el Ecuador ha reportado al menos una docena de casos en los cuales se nota una correspondencia perfecta entre las declaraciones públicas del Presidente respecto a ellos, y las sentencias.

Uno de los métodos favoritos de Correa de intervenir el proceso judicial e instruir a los jueces cual es el resultado que él espera, es a través de su programa de televisión semanal, conocido como “Sabatinas”. Durante estas arengas televisivas, Correa arremete contra periodistas, políticos, y lideres de la sociedad civil, insultándolos y acusándolos, al tiempo que públicamente divulga fotos de ellos.

Una de las victimas de estos ataques presidenciales es Cesar Ricaurte, director de Fundamedios, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la defensa de la libertad de expresión en el país. Ricaurte, junto a un grupo de colegas y periodistas, visitaron en Marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para presentar evidencia sobre las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el país en los últimos tiempos. En su programa de la semana siguiente, Correa arremetió contra Ricaurte y su equipo, acusándolos de haber violentado el orden interno del país con sus declaraciones en el exterior. Como resultado de esto, Ricaurte ha recibido numerosas amenazas telefónicas.

Otra victima de estos ataques es Fernando Villavicencio, periodista y ex líder sindical relacionado a la industria petrolera en su país. Durante los últimos años, Villavicencio se ha dedicado a investigar y sacar a la luz algunos de los casos más graves de corrupción del gobierno de Correa, una tarea de por si riesgosa. Dos años atrás, Villavicencio, junto al Asambleísta Clever Jiménez, acusaron a Correa de haber sido el verdadero responsable de una crisis de gran envergadura ocurrida en Septiembre de 2010. En ese entonces, un reclamo salarial de un grupo de policías, fue tergiversado por Correa como un intento de golpe de estado. Sin embargo, Villavicencio y Jiménez desafiaron y acusaron al Presidente de haber sido él quién, sacando ventaja de los hechos, profundizo los disturbios y se auto-proclamó como victima de un golpe que en realidad nunca existió.

Correa consideró este desacuerdo como una “difamación,” y demandó a Villavicencio y Jiménez. Así mismo, el Presidente le dedicó largos programas de televisión a atacar a ambas personas. Como resultado, pocos días atrás, una de las nuevas jueces electas por Correa condenó a Villavicencio y Jiménez a un año y medio de cárcel por difamación. Más aún, la jueza los obligó a pedir disculpas públicas al Presidente a través de medios de comunicación, y como si esto fuera poco, ambos individuos deben compensar monetariamente al Sr. Correa (no al Estado), por una suma absurda. ¿Cuál fue su crimen? Haber expuesto públicamente una visión de los hechos distinta a la del Presidente.

Los casos antes mencionados son solo dos ejemplos de centenares que el gobierno ha impuesto contra voces opositoras. El resultado: periodistas despedidos por editores intimidados, líderes de la sociedad civil atemorizados por posibles represalias y políticos indefensos ante un gobierno autoritario que usa todo el poder que tiene a su alcance para silenciar el descontento.

Lo paradójico de esta situación, es que es gracias a una valiente prensa y a algunos Asambleístas de oposición que aún existe esperanza de salvar la democracia en Ecuador. Fue gracias a ellos que los ecuatorianos pudieron descubrir que Pedro Delgado, primo del Presidente, se encontraba envuelto en todo tipo de escándalo de corrupción al punto que tuvo que renunciar la presidencia del Banco Central. Fue gracias a ellos, que hoy los ecuatorianos – y los gobierno de Europa y Norte América - conocen los entonces secretos acuerdos financieros de Ecuador con Irán. Y fue gracias a ellos – particularmente gracias a Fernando Villavicencio - que hoy los ecuatorianos saben que Correa ha hipotecado al país vendiendo cientos de millones de barriles de petróleos a precios sumamente descontados a empresas Chinas.

Correa continuará abusando su control sobre la justicia ecuatoriana para perseguir voces opositoras. Continuará también sus esfuerzos – hasta ahora fallidos - de debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero mientras estas voces opositoras continúen fortalecidas, todos sus esfuerzos serán en vano.

Otto Reich fue Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Embajador de Estados Unidos en Venezuela y miembro del Consejo Nacional de Seguridad.

Ezequiel Vázquez-Ger es miembro de la organización sin fines de lucro Americas Forum for Freedom and Prosperity