La Unión Africana clausuraba esta semana su XXI Cumbre con un ataque directo al Tribunal Penal Internacional (TPI), a quien acusa de «cazar» a los ciudadanos de África debido a su raza.

«El 99% de los casos del TPI es contra africanos», denunciaba el primer ministro etíope y presidente de turno de la organización, Hailemariam Desalegn, al fin del encuentro.

El lamento del mandatario etíope se produce cuando crece la presión por parte de los líderes de la UA en favor de que La Haya transfiera a Kenia el caso del presidente del país, Uhuru Kenyatta.

El TPI no ha tardado en responder negando esas acusaciones y asegurando que no piensa transferir el caso de Kenyatta. «La Corte Penal Internacional no reaccionará a las resoluciones de la UA», dijo el portavoz de la corte, Fadi El Abdallah, a la agencia France Presse.

El pasado año, el TPI confirmaba los cargos y la apertura de un proceso contra Kenyatta (que se reanudará el próximo mes de julio), a quien se acusa de subvencionar a las turbas que provocaron incidentes durante la campaña de 2007-2008, así como de orquestar los ataques que tuvieron lugar en el Valle del Rift, una de las regiones más conflictivas del país. En aquel momento, más de 1.300 personas perdieron la vida y miles fueron desplazadas de sus hogares.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Kenyatta se imponía de forma mayoritaria en las elecciones presidenciales del pasado 4 de marzo.

En la actualidad, el TPI cuenta con siete causas abiertas en el continente africano (más una investigación iniciada), aunque tan solo una condena: En julio de 2012, el Tribunal sentenciaba al exlíder rebelde congoleño Thomas Lubanga a 14 años de prisión por reclutar a niños soldado entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo.

De igual modo, desde 2010, el exvicepresidente del Congo Jean-Pierre Bemba afronta una causa por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana.

Bajo su mandato, el Movimiento de Liberación de Congo habría cometido, a comienzos de 2003, cerca de 400 violaciones en la capital del país, Bangui, durante los combates que siguieron al golpe de estado orquestado por el rebelde Francois Bozizé, quien finalmente se hizo con el poder. Un caso similar al del congoleño Bosco Ntaganda (alias «Terminator»), quien comparecía en marzo en La Haya acusado de crímenes de guerra.

De Malí a Libia

Eso sí, de recientes conflictos tampoco se olvida el TPI. De forma casi paralela a la nueva investigación iniciada en Malí, la Corte reiteraba a Libia la necesidad de extraditar hacia Europa a Seif El Islam, hijo de Muamar Gadafi, y a Abdullah al Senussi, antiguo jefe de Inteligencia, por su papel en la sangrienta represión contra el levantamiento que derrocó al dictador. De igual modo, el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo se encuentran en custodia judicial tras el conflicto civil provocado al no reconocer su derrota en los comicios de 2010.

Otros casos, no obstante, se postergan en el tiempo. Mientras que el mediático líder del grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony, y sus lugartenientes continúan en paradero desconocido a pesar de la orden de busca y captura que pende sobre sus cabezas desde 2005; el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la región de Darfur, campea su dictadura por la región.

En este sentido, el comisario de Paz y Seguridad de la Unión Africana, Ramtane Lamamra, destacaba en la clausura de la cumbre de la organización que no es lógico que Naciones Unidas remita el caso de Sudán a la TPI, cuando tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, Rusia y China-, o bien no han firmado o no han ratificado el Estatuto de Roma, que estableció esta Corte. «¿Cómo pueden remitir casos ajenos, mientras no se sienten obligados a cumplir con las mismas reglas», añadía.

Los ejemplos de Ruanda y Sudáfrica

Así que ante esta falta de quórum, las iniciativas locales prevalecen sobre los tribunales internacionales. Éste es el caso de las cortes tradicionales «Gacaca», instauradas en Ruanda para juzgar a los culpables del genocidio en 1994 y cuyos números se han demostrado en ocasiones más exitosos que los del Tribunal que, bajo el amparo de Naciones Unidas, enjuicia estos mismo crímenes en la localidad tanzana de Arusha.

Pero quizá el caso más similar a la actual defensa del localismo judicial sea la «Comisión para la verdad y la reconciliación» sudafricana. Un comité, creado en 1995 para restaurar las heridas del apartheid y cuyo lema -«Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón»- parece haberse convertido en la actual bandera del continente.