Los últimos escándalos aguaron las celebraciones oficiales de una efemérides que la presidenta recibió a contrapelo, denunciando la corrupción ajena y negando la propia, y consciente de que los frente abiertos son muchos y de incierta conclusión. El súbito y sospechoso enriquecimiento del vértice gubernamental, la identificación de supuestos testaferros de la familia presidencial, y el hostigamiento al fiscal encargado de indagar las imputaciones, instalaron la sombra de la duda sobre el comportamiento de una administración acusada de cobrar comisiones y diezmos. La probidad nunca se sintió cómoda en los despachos ministeriales argentinos.

A caballo de las falanges juveniles del justicialismo y de su mayoría en el Congreso, el gobierno de Cristina Fernández, investida en el 2007, promueve reformas del sistema judicial valiosas en algunos aspectos pero obviamente encaminadas, en lo fundamental, a la captura de los tribunales de última instancia por operadores amigos. Algunas de las iniciativas oficiales emparejan Argentina con la Venezuela chavista, entre ellas el intento de neutralizar con fútbol el programa de televisión que semanalmente ventila la corrupción oficial. Las empresas asociadas con la administración que se anuncien en los medios de comunicación opositores corren el riesgo de perder concesiones.

Durante el primer tramo de su década al mando, el fallecido presidente Kirchner, y su esposa, inmersa desde muy temprano en los tejemanejes palaciegos, disfrutaron de un gobierno dulce: el crecimiento económico era notable, catapultado, entre otros factores, por los altos precios de las materias primas exportadas, y por una acumulación de fondos públicos y circulante que permitieron la creación de empleo y la reducción de los índice de pobreza. El PIB encadenó subidas hasta el 2011, activó el consumo, las pymes prosperaron, salieron a los mercados internacionales, y Argentina parecía Jauja. La juventud peronista y los intelectuales afines también recibieron cuantiosas ayudas estatales y la red clientelar del kirchnerismo se constituyó en una poderosa base electoral.

Pero el décimo aniversario llegó con plomo en las alas, pues a la placidez del mando durante la abundancia siguió el aldabonazo del 2008, año en que el gobierno entró en colisión con los empresarios agrícolas, y la presidenta Cristina Fernández demostró escasa habilidad en la gestión de los conflictos, más allá del ordeno y mando, y la conversión del adversario en enemigo. En un segundo frente, la onda expansiva de su confrontación con el grupo Clarín, en el 2009, alcanzó al mundo de la justicia y todavía no ha concluido.

Casi todo son nubarrones y turbulencias en el corto plazo de una presidenta que arrasó en las elecciones del 2011 y utiliza su mayoría parlamentaria para impedir que una oposición desunida y sin liderazgo malogre planes y ambiciones. No obstante, las victorias electorales afianzan poder y escaños, pero no aportan ni más talento, ni más realismo a los cortesanos de Fernández, ni a los ministros de un gobierno enquistado en el gasto público, que pasó en diez años del 23% al 43% del PIB, aplicó populistas controles de precios y no es capaz de controlar una inflación superior al 20%.

En el flanco internacional, los controles cambiarios y el intervencionismo estatal en operaciones de envergadura dispararon la desconfianza en la seguridad jurídica de Argentina, y ahuyentaron a posibles inversores extranjeros. Multinacionales interesadas en sus potencialidades echaron el freno, escaldados por la nacionalización de los fondos de pensiones y de Aerolíneas Argentinas en el 2008 y 2009, y por la expropiación de Repsol YPF el año pasado. Enfriada la economía, y sometido su presidencia a fuego graneado, la viuda del Néstor Kirchner afronta el próximo aniversario de la dinastía con más apuros que fastos.