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16/06/2013 | Honduras - Pandillas: Tregua incierta

Juan Carlos Ferra García

A diferencia del llamado “proceso de paz” realizado por las pandillas en El Salvador, la tregua en Honduras entre la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 8 es frágil e incierta. Su promotor, Rómulo Emiliani, arzobispo auxiliar de San Pedro Sula, presentó la iniciativa entre las dos bandas sin que fuera evidente un acuerdo entre ellas; sus líderes no se presentaron de manera conjunta, iban con el rostro cubierto y no mencionaron sus cargos dentro de cada organización. Además, el gobierno no ha explicado cómo apoyará el proceso de reconciliación entre ambas organizaciones.

 

El pasado 28 de mayo el penal de San Pedro Sula se convirtió en un escenario mediático: las dos pandillas más sanguinarias de Centroamérica, la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 8 (B18) ofrecieron por primera vez una disculpa a la “sociedad, a las autoridades y a Dios” por “el daño que hemos hecho”.

Enseguida ambas se comprometieron a reducir los crímenes en este país, que cuenta con la mayor tasa de homicidios en todo el mundo: 82 por cada 100 mil habitantes, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

La medida fue nombrada como una “declaración de principios”. Fue promovida por el obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, y por el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, quienes admitieron haber trabajado con los reclusos de ambas pandillas desde hace ocho meses para replicar la tregua pactada en El Salvador, la cual redujo en 52% los homicidios, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad y Justicia Pública de ese país.

Ese día –28 de mayo– en el módulo 14 D de la penitenciaría de San Pedro Sula, en el que únicamente se encuentran pandilleros de la MS13, un representante y líder de esta organización que dijo llamarse Marco, se presentó ante las cámaras de televisión y solicitó al Estado que les “tienda la mano” para acceder a trabajos a cambio de su disposición de anular la violencia, que cada día cobra 20 muertos, así como cesar el reclutamiento de nuevos miembros. De la misma manera aclaró que, de momento, no terminarán con las extorsiones.

Diez minutos después, en la misma cárcel, pero en otro bloque, tres integrantes anónimos de la B18 que aparecieron con los rostros completamente cubiertos por paliacates, gorras y lentes de sol, abrieron por primera vez las puertas de su recinto para demandar de igual forma un “diálogo con el gobierno”: una negociación que les brinde oportunidades de empleo y rehabilitación. Pidieron también a las autoridades que se frene el exterminio de pandilleros por parte de la policía.

Sin embargo, ambos grupos dejaron claro que no existe diálogo entre ellos.

Por su parte, el presidente hondureño Porfirio Lobo felicitó al obispo Emiliani, le deseó “el mejor de los éxitos” y le anunció, sin precisar, su “colaboración en lo que sea posible”, ayuda que hasta el momento no ha sido clara.

De hecho, el gobierno de Lobo no está tomando un papel destacado en este proceso de pacificación entre las pandillas, lo cual levanta dudas sobre la viabilidad de éste.

Otros dos factores también provocan dudas: el desconocimiento histórico que han tenido las autoridades sobre el tema pandilleril en Honduras, así como lo contradictorio que se ha presentado este acuerdo en comparación con el “Proceso de Paz” en El Salvador.

 Desconocimiento

 Para dar una magnitud sobre el desconocimiento por parte de las instituciones de seguridad, la Unidad Antipandillas, a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) de la Policía Nacional (PN), cuenta únicamente con 16 agentes para combatir a las maras en el país.

Del mismo modo, las cifras oficiales sobre el número de pandilleros son tan dispares que ponen en duda la dimensión del problema. Mientras la PN dice que existen hasta 35 mil mareros desperdigados en las calles y cárceles del país, el más reciente estudio (2011) del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social y UNICEF, titulado Situación de maras y pandillas en Honduras, señala que únicamente existen 4 mil 728 integrantes activos.

La incertidumbre sobre la cifra real se acrecienta debido a que el Ministerio Público no considera a esas organizaciones como parte del “crimen organizado”, a pesar de que se encuentran sólidamente estructuradas y de que actúan tanto en penales como en barrios.

Ambas organizaciones han realizado actos de violencia escandalosos. Dos ejemplos: el 23 de diciembre de 2004 un convoy de la MS13 masacró a 27 ciudadanos que viajaban en un autobús en Chamelecón, suburbio de San Pedro Sula; y el 7 de diciembre de 2011, pandilleros de la Barrio 18 asesinaron, en contubernio con policías, al político Gustavo Alfredo Landaverde.

A pesar de que los pandilleros han realizado actos sanguinarios como los anteriores, El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señala que del total de los delitos que son investigados, sólo 1.3% está “relacionado con maras”. Otro 23.5% se debe a “ajustes de cuentas”, variable donde las pandillas podrían entrar. Esto significaría que únicamente una cuarta parte de todos los homicidios en Honduras podría reducirse como resultado de esta tregua.

De ello se deduce que otro factor ha incidido en el crecimiento del número de  muertes violentas en este país: el narcotráfico, sobre todo a partir de que en 2009, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Estados Unidos suspendió la asistencia a Honduras en materia de lucha contra las drogas.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y de la Aplicación de la Ley de Estados Unidos, 79% de las avionetas con cargamentos de cocaína que van hacia ese país hacen escala en Honduras.

 Ausencia

 Ante la ausencia de iniciativas gubernamentales, son los actores de la sociedad civil –como monseñor Rómulo Emiliani– los que buscan mecanismos de negociación con los delincuentes para reducir la violencia en el país.

Sin embargo, los esfuerzos ciudadanos son insuficientes para enfrentar una tarea tan compleja.

De esta forma lo reconoce Emiliani: “Estoy muy limitado en mi función porque la misma ha sido crear puentes de comunicación, pero no tengo autoridad para hacer que ellos (los pandilleros) hagan una tregua”.

Después de que se reunió con el presidente Porfirio Lobo, Blackwell, el funcionario de la OEA, reconoció que éste “es un proceso muy frágil, un proceso de muchas partes, un proceso que va a necesitar de mucha paciencia y un proceso que merece seguir adelante”.

El pasado 16 de marzo la agencia AP difundió una nota en la que se afirmaba que la Policía Nacional mantendría la práctica de utilizar escuadrones de la muerte para detener y desaparecer pandilleros. Esas acciones podrían entorpecer las negociaciones.

Gema Santamaría, especialista en el tema de pandillas y participante en la elaboración del Informe Seguridad Ciudadana en América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló el 30 de mayo al diario El País que el gobierno debería estar detrás de este proceso de reconciliación entre pandillas. “Sin su implicación no se lograría nada. Es necesario asegurar que la tregua esté realmente respaldada por una política social sólida y comprometida con un fuerte acento en la creación de empleos”, afirmó.

Comparación

 El 14 de marzo de 2012, el periódico digital salvadoreño El Faro.net informó que el gobierno de Mauricio Funes había concedido facilidades a 30 líderes de las pandillas Mara Salvaducha 13 y Barrio 18, quienes fueron trasladados encubiertamente del único penal de máxima seguridad a otros de menor rigor carcelario.

El entonces ministro de justicia de El Salvador, el general David Munguía Payés, admitió posteriormente que ello era parte de una estrategia para reducir el número de homicidios en el país. Comentó que se había designado al exdiputado Raúl Mijango y al obispo castrense Fabio Colindres como mediadores para facilitar una tregua entre las dos principales pandillas. Su función, dijo, era legitimar dicha tregua.

El 19 de marzo de 2012, en un acto inédito, los líderes de ambas pandillas se presentaron con rostro descubierto ante los medios de comunicación y presentaron un comunicado conjunto titulado Los voceros nacionales de la Mara Salvatrucha MSX3 y Pandilla 18. En ese documento, Carlos Mojica Lechuga, alias El Viejo Lin, de la B18; y Borromeo Henríquez, El Diablito de Hollywood, de la MS, prometieron reducir los homicidios.

Y es que, sus órdenes llegarían hasta las calles, luego de que su traslado a cárceles más laxas les permitió tener contacto con visitas.

Los efectos del “acuerdo de paz” fueron palpables: el número diario de homicidios disminuyó de 14 a cinco. Ello fue así debido a que en El Salvador a las pandillas se les atribuye más de la mitad de los homicidios.

Una de las razones por la cual el “proceso de paz” salvadoreño ha dado resultados es que el gobierno lo promovió y vigila su implementación. Incluso se han creado “municipios libres de violencia”. El gobierno ha invertido en ellos 33 millones de dólares destinados a proyectos de rehabilitación y reinserción social.

En contraste, el caso hondureño es incierto y desorganizado. Monseñor Emiliani presentó la tregua entre las dos principales pandillas sin que fuera evidente un acuerdo entre ellas. Sus líderes no se presentaron de manera conjunta, con el rostro descubierto y con sus respectivos cargos dentro cada organización. La presencia de monseñor Emiliani otorga una legitimidad moral, pero la iniciativa no cuenta con respaldo oficial. El gobierno no ha explicado cómo vigilará el proceso de reconciliación entre las pandillas.

Una presentación en power point de la Unidad Antipandillas de La PN, titulada Matriz de asociación actual de integrantes de la Mara Salvatrucha MS 13 que opera en el país, muestra el organigrama de esa organización. En ella no aparece el nombre de Marco, el supuesto líder que suscribió la tregua.

Un expandillero prófugo de la MS dice a este semanario que Marco es también “Cusuco”, de la clica o célula Leeward Locos Salvatruchos. Se trata de un marero veterano, pero quien está muy lejos de ser jefe.

“Yo no creo en esta paja”, remata el expandillero.

 

Proceso (México)

 


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