José Miguel Vivanco asegura que dos fenómenos ayudan a identificar los principales problemas en materia de derechos humanos en Iberoamérica: la inseguridad ciudadana y los gobiernos que buscan concentrar el poder y perpetuarse en él. El director para esta región de Human Rights Watch, que este martes intervino en la Casa de América, cree que el primer problema afecta a todos los países de la zona, aunque «a distinta escala». Vivanco se refiere al «crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico, las mafias, las maras...». Continúa que la peor parte se la lleva México -con un balance de 70.000 muertos en la guerra contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón-, seguido de Centroamérica. Brasil «tiene una crisis de inseguridad muy seria que se manifiesta en la violencia policial, las mafias y en las condiciones carcelarias». «Éstas están mal en toda la región. Las prisiones en Venezuela, México, Brasil o Centroamérica están en manos de las mafias», añade.

Respecto al segundo problema, el experto chileno señala a países del ALBA (Alianza Bolivariana par los Pueblos de Nuestra América) como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, cuya política exterior «se ha caracterizado por abrazar a los peores dictadores a nivel global». Cuba, miembro del ALBA, es una «anomalía, no es un régimen mínimamente democrático». Sus aliados regionales «son gobiernos que creen en los procesos electorales para llegar al poder», pero luego «lo ejercen olvidándose de la necesidad de mantener una legitimidad», subraya el director de la división de las Américas de HRW.

-¿Cree en la legitimidad del Gobierno Nicolás Maduro, cuestionado por la oposición venezolana?

-Para HRW el caso de Venezuela se centra en los esfuerzos por avanzar hacia una enorme concentración de poder; anular la independencia del poder judicial, que ya no existe; copar todas las instituciones democráticas, logrado con éxito; amedrentar a la sociedad civil e intentar recortarles sus fuentes de financiación o por limitar el espacio para la libertad de expresión y administrar las concesiones como una herramienta para castigar o premiar a los medios. El caso de la juez Lourdes Afiuni es revelador de la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Tras varios años de detención, esta semana le han levantado el arresto domiciliario y está en libertad condicional, lo que coincide con la visita de Nicolás Maduro al Papa Francisco. No hay duda de que fue una venganza del propio Hugo Chávez, que pidió que le impusieran una pena de 30 años, le imputaron hechos de corrupción nunca probados. Es una muestra del abuso de poder sin controles que lo impidan. Además estos países del ALBA tienen una política exterior que se ha caracterizado por abrazar y apoyar a los peores dictadores a nivel global.

-¿Teme la deriva de Venezuela, un país dividido y con serios problemas económicos?

-Me preocupan los grados de polarización, la intransigencia, el discurso agresivo del Gobierno. Me preocupa que cuando la oposición intentó manifestarse tras las elecciones del 14 de abril, Nicolás Maduro hizo un llamamiento para que los medios se sumaran al Gobierno y amenazó a la oposición con mano dura si se manifestaba. La mano dura en América Latina significa fuerza bruta.

-¿Son un signo los viajes de los disidentes al exterior tras la reforma migratoria en Cuba?

-Es importante y un error minimizar un hecho de esta naturaleza. No se puede ignorar el hecho de que han podido salir connotados disidentes, intelectuales o activistas de distintos ámbitos, no solo Elizardo Sánchez o Yoani Sánchez, sino muchos otros. Es un paso positivo que hay que destacar. Cuba no es un régimen democrático, por eso nos llama la atención que el Gobierno esté tolerando estas entradas y las salidas, lo que ojalá se mantenga.

-¿Qué le parece que la dictadura cubana siga sin permitir la entrada a los observadores internacionales?

-Human Rights Watch no puede viajar a Cuba, ni otras organizaciones independientes de derechos humanos. Sería muy útil si Cuba permitiera el ingreso de expertos independientes de Naciones Unidas que evalúen las condiciones carcelarias y las políticas penales del régimen. O del relator de la ONU para la libertad de expresión.

-La Habana todavía debe ratificar pactos internacionales de derechos humanos ya firmados...

-No se ha producido, pero hay muchas cosas que en Cuba están pendientes en materia de derechos humanos.

-¿Cuál es la peor a su juicio?

-El problema central está en que el modelo político reprime el ejercicio de derechos tan fundamentales como son los derechos políticos y sanciona a quienes intentan ejercerlos con normas e instancias judiciales que no son independientes y no garantizan el debido proceso.

-¿HRW cree que el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, murió en un accidente de tráfico?

-Hablé varias veces por teléfono con Oswaldo Payá, tengo una gran admiración por lo que le aportó a Cuba, fue un líder extraordinario. Dadas las distintas versiones que existen sobre su muerte, debería permitirse una investigación independiente creíble de las circunstancias en las que se produjo.

-¿La libertad de expresión y los medios de comunicación privados están seriamente amenazados en Ecuador con la recién aprobada ley de comunicación?

-Sí porque es una ley que sigue en la tónica de reducir espacios y sancionar penalmente con figuras novedosas, pero que se prestan a todo tipo de arbitrariedades y generan censura. Va a limitar de forma significativa el rol de los medios y paralelamente se crean un par de instancias de control hacia ellos que en la práctica va a generar autocensura y censura. La legislación aprobada está en directa contradicción con estándares internacionales en materia de libertad de expresión

-¿Qué salida ve al caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que lleva un año refugiado en la embajada de Ecuador en Londres?

-Solo puedo decir que nos llama la atención que Assange haya recurrido a la protección diplomática de un gobierno como el de Ecuador alegando persecución por parte de Estados Unidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

-¿Cree que el proceso de paz en Colombia terminará con éxito?

-Estamos a favor del proceso de paz, es fundamental, hay que mantenerlo, fortalecerlo y ojalá se alcance un acuerdo. Sin embargo, me preocupan las concesiones hacia los militares, con la reforma del fuero militar; hacia las guerrillas y los paramilitares, con unas ofertas de impunidad alucinantes, que echan por la borda más de veinte años de esfuerzos colombianos serios por fortalecer el imperio de la ley.

¿Qué le parece la anulación de la condena a 80 años por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt en Guatemala?

-Llegar a una condena contra Ríos Montt es un hecho histórico para un país como Guatemala que genera fe y esperanza en la Justicia. Pero la nulidad por cuestiones procesales, hasta ahora parcial y que no pareciera afectar al fondo de la investigación, es un balde de agua fría. Ojalá no se traduzca en la total paralización del proceso y las instancias judiciales encuentren los espacios para sancionar a Ríos Montt, de acuerdo al debido proceso y con todas las garantías, por las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante su dictadura.

-¿Cómo se pueden evitar los linchamientos en ese país centroamericano?

-No solo en Guatemala y el resto de Centroamérica sino también en Sudamérica reflejan la enorme frustración por parte de comunidades locales por la falta de acceso a la Justicia. Obviamente no se pueden permitir estos linchamientos, hay que impedirlos con vigor y sancionar a aquellos que recurren a este tipo de prácticas. Sin embargo, hay que entender también que es síntoma de un problema serio de falta de acceso a la Justicia. Son los gobiernos, nacionales o locales, los que tienen la responsabilidad de prevenir ese tipo de prácticas asegurando justicia entre las poblaciones con menores recursos.

-¿Las mujeres son uno de los grupos peor parados en materia de derechos humanos en la región?

-Sí, pero también los niños, los indígenas y las comunidades LGTB. Aquellos que están en una posición de mayor vulnerabilidad, que no cuentan con una protección directa, están expuestos a mayores abusos con impunidad. Aunque hay mayor visibilidad del problema, así como campañas y esfuerzos públicos por aumentar la tolerancia y reducir la discriminación, la situación continúa siendo grave.