Es la tercera vez que Bolivia nacionaliza el gas y el petróleo en 70 años. La primera fue en 1937 por obra del Teniente Coronel German Bush, héroe de la Guerra del Chaco, en lo que fue la manifestación originaria del nacionalismo revolucionario surgido de las trincheras de Nanawa y Boquerón.

La segunda, en 1969, fue ejecutada por el gobierno del General Alfredo Obando. Ambas se realizaron en contra de transnacionales norteamericanas. Ahora, la tercera, golpea fundamentalmente a una empresa estatal brasileña de carácter público (Petrobras), y a otra de capitales españoles (REPSOL-YPF).

Son U$S 3500 millones los invertidos por las transnacionales en los últimos 10 años en Bolivia. De ellos, el porcentaje mayor, de lejos, es propiedad de Petrobras. Sus activos representan unos U$S 2000 millones, incluyendo las dos únicas refinerías del país. Además, Brasil ha invertido U$S 8000 millones en el gasoducto de 3000 kilómetros que transporta el gas desde Bolivia a San Pablo.

El Decreto Supremo, de un extremo laconismo, tiene sólo 7 artículos operativos, y entró en vigencia de inmediato. La ejecución fue asegurada por la ocupación de la totalidad de las instalaciones y campos gasíferos y petroleros por el ejército boliviano. Evo Morales dio lectura al decreto de nacionalización en una instalación de propiedad brasileña.

Dos son sus contenidos fundamentales. El porcentaje del Estado en la producción de los dos campos principales, cuya extracción supera los 100 millones de pies cúbicos diarios, pasa del 50% actual (hace un año era 18%) al 82%. Significa que, a las transnacionales, les queda 18% para pagar personal, impuestos y mantenimiento de infraestructura. Los campos que produzcan menos de 100 millones de pies cúbicos diarios mantienen la actual distribución de valor (50%).

En segundo lugar, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), toma el control mayoritario (“50% más 1, como mínimo”), no sólo en las principales empresas de producción de petróleo y gas, sino también en la totalidad de las refinerías y gasoductos, incluyendo el que se dirige a San Pablo.

Tres días antes de anunciar el Decreto Supremo el 1° de mayo, el presidente Evo Morales convirtió a Bolivia en el tercer miembro de la “Alternativa Bolivariana de las Americas” (ALBA), junto a Cuba y Venezuela; se trata de una alianza destinada a enfrentar a los EEUU y al ALCA. El contenido económico especifico del ALBA, sustentado en el poderío financiero de Venezuela, es el comercio administrado (soja y coca bolivianas por diesel venezolano, por ejemplo).

Bolivia tiene un acuerdo de preferencias comerciales con EEUU, como todos los países del arco andino, por el cual exporta con arancel 0 al mercado norteamericano U$S 160 millones anuales. Estas exportaciones han creado 100.000 puestos de trabajo, sobre todo textiles, 2/3 partes de los cuales están en El Alto, el eje de las movilizaciones callejeras que derribaron dos de los tres últimos presidentes constitucionales bolivianos.

El acceso privilegiado al mercado estadounidense vence en diciembre del 2006 y no será renovado. La empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) respalda logística, técnica, y financieramente a YPFB. En los días previos al 1° de mayo, técnicos de PDVSA e YPFB recorrieron las instalaciones que iban a ser nacionalizadas, incluyendo las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba de la brasileña Petrobras.

PDVSA es la cuarta empresa petrolera del mundo, con ventas que superaron el año pasado los U$S 50.000 millones. Comparativamente, Petrobras es significativamente menor; es sólo la numero 15.

Brasil y Bolivia firmaron en 1989 un acuerdo entre ambos Estados por 30 años, para abastecer con gas boliviano al mercado brasileño. En él se establece que el gas se vende a un precio de U$S 3.13 el millar de metros cúbicos. Bolivia exporta unos 30 millones de metros cúbicos de gas por día; de ese total, unos 25 millones van a Brasil, el resto a la Argentina. Brasil, en suma, le compra el 85% de las exportaciones de gas a Bolivia, por una cifra que representa, aproximadamente, el 20% de su producto bruto.

Este es el tercer acuerdo interestatal brasileño-boliviano en materia energética; y es en su marco que se han realizado las inversiones de Petrobras por casi U$S 2000 millones. El primero fue en 1938; el segundo en 1974, por iniciativa del entonces presidente brasileño, General Ernesto Geisel.

La nacionalización del petróleo y gas dispuesta por el Decreto Supremo tiene arraigo en la historia de Bolivia. Es la manifestación contemporánea del nacionalismo revolucionario surgido en las trincheras del Chaco, obra del “socialismo militar” (Bush-David Toro-Villaroel).

El Decreto Supremo nada tiene de sorpresivo o sorprendente. Pero en términos políticos (para la política “no hay pasado ni futuro, sólo un eterno presente” dice Carl Schmitt), la nacionalización del 1 de mayo es ante todo una severa derrota política de Brasil. En los grandes acontecimientos hay siempre un toque de ironía: Petrobras fue fundada por Getulio Vargas en 1950, bajo la consigna “el petróleo e nosso”.

Fuente: Diario Perfil y Agenda Estragética.