En un discurso el 25 de enero ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carter pidió inyectarle nueva vida al tratado interamericano destinado a evitar que los presidentes constitucionales se aprovechen de sus orígenes democráticos para usurpar todos los poderes del estado, y convertirse en dictadores. Que es, de hecho, lo que parece estar haciendo Chávez.

''Fortalezcamos la Carta Democrática de la OEA, y no seamos temerosos de usarla'', dijo Carter a la OEA, dándole un importante impulso a la idea que expusimos en esta columna hace pocas semanas.

Efectivamente, la carta democrática de la OEA ha sido rebasada por los hechos. El documento fue firmado en el 2001, después de que el ex presidente peruano Alberto Fujimori cerrara el Congreso de su país, pero no ha sido puesto en práctica.

El problema radica en que la Carta convoca a los países a tomar medidas colectivas contra ''interrupciones inconstitucionales de la democracia'', como el autogolpe de Fujimori, pero no dice mucho sobre la supresión gradual y progresiva del estado de derecho como ocurre en Venezuela.

Carter dijo que la debilidad del documento radica en su vaguedad, porque no define cuáles son los criterios para establecer que hubo una ''interrupción'' de la democracia. Entonces, propuso ocho criterios, incluyendo los siguientes:

• Cuando un gobierno viola el sistema constitucional de separación de poderes.

• Cuando un gobierno sistemáticamente viola las libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión.

• Cuando un gobierno arbitrariamente despide a miembros del poder judicial, o de los tribunales electorales, o interfiere en sus nombramientos.

Bajo cualquiera de estos criterios, cualquier miembro de la OEA podría invocar la Carta Democrática contra Chávez de inmediato.

Fíjense: Chávez recientemente se adueñó de la Corte Suprema, expandiéndola de 20 a 32 miembros y llenándola con incondicionales suyos. Antes del referéndum del 15 de agosto del 2004, había hecho lo mismo con los órganos electorales, que luego redactaron reglas para la votación hechas a medida de los partidarios de Chávez.

Y hace pocas semanas, Chávez hizo aprobar una ley de prensa que le da a su gobierno amplios poderes para caerle encima a los medios independientes. Ahora, Chávez tiene en sus manos los tres poderes del Estado, y puede cerrar los medios a su antojo.

¿Levantará vuelo la propuesta de Carter? Desgraciadamente, el clima político en América Latina no es proclive a aceptar ninguna propuesta democratizadora que venga de Estados Unidos.

Después de la Guerra de Irak, las encuestas en la región muestran que la gran mayoría de latinoamericanos piensa que Bush perdió toda autoridad moral para predicar sobre el estado de derecho o la democracia. Y Chávez, agrandado por los precios récord del petróleo, está ganando influencia sobre varios países de la región que dependen de las exportaciones subsidiadas de petroleo venezolano.

Incluso Mexico, que desde el gobierno del presidente Vicente Fox ha mejorado su defensa de los derechos humanos en todo el mundo, convocó la semana pasada a una reunión de ''consulta'' entre 30 países latinoamericanos que causó alarma en la comunidad de derechos humanos.

México propuso la creación de un nuevo ''mecanismo regional'' de gobiernos para autovigilar el cumplimiento de tratados sobre derechos humanos. La reunión contó con la participación de funcionarios cubanos, que aplaudieron la idea. Pero los grupos defensores de los derechos humanos dicen que el nuevo ''mecanismo'' es un intento por eclipsar a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que ha hecho una excelente labor denunciando los abusos tanto en los regímenes de derecha como de izquierda.

Los críticos sospechan que México está tratando de ganar votos de los países caribeños, amigos de Cuba, para hacer elegir al canciller mexicano Luis Ernesto Derbez como nuevo Secretario General de la OEA. Y dicen que el nuevo ''mecanismo'' sería una aberración, porque dejaría que funcionarios de gobierno --en lugar de expertos independientes-- evaluen el comportamiento de sus propios países en materia de derechos humanos. O sea, sería poner a los sospechosos en la silla del juez.

Patricia Olamendi, subsecretaria de Derechos Humanos de México, me señaló que su país no tiene ninguna intención alguna de eclipsar a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. ''Esto no va a ser un mecanismo de evaluación'', sino un grupo para intercambiar experiencias, realizar talleres para ayudar a países miembros a cumplir con tratados internacionales, me dijo Olamendi.

Mi conclusión: la propuesta de Carter es excelente, y el gobierno de Bush --aunque poco amigo de Carter-- debería hacerla suya. Sin embargo, me temo que, a menos que haya un extraordinario esfuerzo de Estados Unidos por limar asperezas con la región, América Latina no aceptará ninguna iniciativa respaldada por Washington. Ojalá algún otro gobierno la adopte, por el bien de todos.