El secuestro, la extorsión y el asesinato no se asocian habitualmente a la búsqueda de la paz. De todos modos, pese a que el grupo terrorista colombiano de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocido como las Farc, ha seguido cometiendo estas barbaridades, el gobierno colombiano se volvió a comprometer la semana pasada con las negociaciones de paz que sostiene en La Habana.

Las conversaciones son la señal más reciente de la determinación del presidente Juan Manuel Santos para alcanzar un acuerdo con la guerrilla y poner fin a un conflicto interno que se ha extendido por medio siglo.

Las Farc no han facilitado el proceso. El 20 de julio, emboscaron y asesinaron a 15 soldados que estaban custodiando un oleoducto en el departamento de Arauca, en el noreste del país. El mismo día, en el que Colombia celebra su independencia, las Farc mataron a otros cuatro soldados en el sur del país.

En junio, el grupo armado secuestró a un estadounidense en el departamento de Guaviare, en el sur colombiano. El 19 de julio declaró que el ex soldado del ejército de EE.UU. era un "prisionero de guerra".

Las encuestas indican que una mayoría de los colombianos no cree que las negociaciones serán fructíferas. No obstante, en una entrevista telefónica realizada a mediados de julio, el presidente Santos me dijo que sigue esperando que "a fines de año, si existe la voluntad política", pueda "alcanzar un acuerdo". Añadió que todavía cree que las Farc tienen la voluntad de llegar a un pacto. "Si decido que no están negociando de buena fe, me retiraré", señaló.

Los riesgos son enormes. Santos, sin embargo, tiene sus razones para asumirlos. Una de ellas tiene que ver con el pasado. "Mi obligación es ver si hay una posibilidad de alcanzar la paz después de 50 años de guerra", observó. Principalmente, no obstante, Santos está pensando en el futuro. Un acuerdo de paz, señala, "cambiará la historia de Colombia. ¿Se puede imaginar este país sin un conflicto? Esto es lo que estoy soñando y creo que lo podemos lograr".

El mandatario se refiere a un cambio de paradigma. "Muchas personas están acostumbradas a la guerra, pero yo no lo acepto", me dijo. "Creo que Colombia merece la paz y estoy bastante seguro de que la conseguiremos".

Santos es prudentemente optimista de que puede llegar a un acuerdo porque considera que los rebeldes "están debilitados y no tienen una alternativa". En realidad, sí la tienen: seguir en la selva y morir con las botas puestas. En todo caso, Santos representa la mejor esperanza para las Farc de obtener un acuerdo que les otorgue cierta clemencia. Si el presidente se retira de las negociaciones o no es reelegido en mayo, es improbable que logren mejores condiciones con el próximo gobierno.

Los detractores de Santos, entre los que figura el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, cuestionan la buena voluntad de la Farc. Como informé en junio, también les preocupa que el gobierno sacrifique la justicia para obtener la paz y se quede sin ninguna de las dos.

A Santos le irrita la sugerencia de que su gobierno dejará que las Farc escapen impunes después de décadas de terrorismo. "Nadie ha dicho que la impunidad es una posibilidad", manifestó. El mandatario recalcó que los compromisos asumidos por Colombia con los organismos internacionales prohíben otorgar inmunidad por crímenes de guerra. No obstante, es rápido en señalar que el tema sobre "cómo aplicar la justicia transicional" y dónde "trazar la línea divisoria entre la paz y la justicia" es lo que dificulta las negociaciones.

Todos los acuerdos de paz incluyen algún tipo de perdón, por lo que Santos enfatiza el rol que desempeñará la sociedad colombiana para que el proceso sea justo. "He dicho que cualquier acuerdo que alcancemos permitirá la decisión del público (mediante un referendo). Es una salvaguarda. Si el paquete es aceptable, la gente se pronunciará a favor; de lo contrario, se pronunciará en contra".

Un asunto importante es la toma a la fuerza por parte de las Farc de tierras rurales y la narco-riqueza del grupo. "He sido muy claro, sumamente claro" en indicar que "cualquier grupo ilegal que haya tomado tierras en forma ilegal" las perderá. "Ya hemos tomado terrenos de las Farc", manifestó y añadió: "Si los bancos internacionales nos ayudan a identificar dónde está el dinero (de las Farc), lo confiscaremos con toda seguridad".

Santos busca lograr que las Farc "participen en la política sin las armas". Incluso sugiere que el grupo podría transformarse en "un aliado del Estado contra el tráfico de drogas". Su visión, al igual que su alcance, es loable. El problema es que, hasta el momento, las Farc no parecen muy interesadas en dejar atrás la vida del crimen.

El asedio de 53 días respaldado por las Farc de los pueblos en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, donde abunda el petróleo y se cultiva la coca, se levantó el 2 de agosto y solamente porque los habitantes empezaron a protestar. La manifestación popular dañaba la imagen de las Farc como defensora del pueblo.

Sin embargo, el nefasto objetivo de la guerrilla, obligar al gobierno a designar el área como una zona autónoma que pueda controlar, no ha pasado desapercibido para los defensores de la democracia. Santos espera que las negociaciones desemboquen en la paz y pongan fin a la delincuencia desenfrenada. Pero habitualmente los malhechores responden mejor cuando se les hace una oferta que no pueden rechazar.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 4 de agosto de 2013.