En la sierra de Guerrero los gatilleros llegan quemando casas, secuestrando y matando, y a los pobladores les exigen dinero y libre tránsito. Ante la disyuntiva, la gente decide huir. El terror ha provocado que pueblos enteros de esa entidad se vacíen en un solo día. Lugareños entrevistados por Proceso aseguran que las bandas de narcotraficantes están “barriendo” la zona de arriba abajo, y consideran que el despliegue policiaco y militar no solucionará nada.
TLACOTEPEC,
Gro.- El panorama en la Sierra Madre del Sur es de muerte. El terror se ha
esparcido por la montaña guerrerense –una de las zonas más pobres del país– a
causa de la guerra entre grupos de narcotraficantes que, en medio de su disputa
por los campos de producción y las vías de trasiego, amedrentan y acosan a los
lugareños. Esta situación descontrolada ya provocó el desplazamiento de por lo
menos 2 mil personas, provenientes de tres municipios.
En el
último mes, bandas armadas recrudecieron la violencia en 13 poblados de los
municipios de San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo y Apaxtla de
Castrejón. Han quemado decenas de viviendas, secuestrado a mansalva y
convertido el asesinato en su primer y último argumento.
Cientos
de mujeres, niños y hombres han dejado sus pueblos y buscado refugio en las
cabeceras municipales, se fueron a vivir con familiares en otras regiones del
estado o salieron del país.
En un
principio, el gobierno estatal minimizó la situación. Calificó de “emigrantes
internos” a más de mil desplazados de San Miguel Totolapan que abandonaron
cuatro comunidades el 17 de julio y se concentraron en la iglesia de San Miguel
Arcángel, en la cabecera municipal.
La
administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero (PRD) atribuyó el movimiento
de personas a “falsos rumores” de enfrentamientos y ataques.
Sin
embargo, 15 días después reculó: El miércoles 31 de julio –y también a raíz de
la violencia– otras mil personas abandonaron sus comunidades, ubicadas en la
parte baja de la sierra. Huyeron hacia las zonas altas para refugiarse en
Huautla y Tlacotepec, esta última cabecera municipal de General Heliodoro
Castillo.
En ambos
casos las autoridades estatales –a través de la Subsecretaría de Protección
Civil– habilitaron albergues temporales en San Miguel Totolapan y General
Heliodoro Castillo, donde se limitaron a entregar despensas, cobertores y
colchonetas a los desplazados.
La
rapiña
Hace dos
semanas, Proceso recorrió la zona del conflicto. Las víctimas explicaron que el
corredor de drogas que conecta la sierra con las regiones norte y Tierra
Caliente es el escenario de una brutal guerra entre varios grupos delincuenciales.
Reportes oficiales consultados por este semanario muestran que la región es
disputada por las bandas de Los Rojos, La Familia y Los Guerreros Unidos.
El
primer grupo tiene su bastión en Tlacotepec (municipio de General Heliodoro
Castillo) y Chilpancingo, ciudad vapuleada por el secuestro, la extorsión y los
asesinatos en contra de representantes de sectores productivos.
La
segunda banda está afincada en el municipio de Arcelia y Teloloapan, desde
donde controla el paso de droga hacia el Estado de México. El tercero, Los
Guerreros Unidos, se ha hecho fuerte en Iguala.
Apenas
la semana pasada, las batallas entre esos grupos provocaron otro desplazamiento
forzado. El pasado viernes 2, mujeres, niños y ancianos provenientes de Pezuapa
(San Miguel Totolapan) narraron a Proceso que habían llegado a guarecerse a la
Casa de Bienes Comunales de Tlacotepec después de caminar un día y medio a
través del monte. En total, eran 400 desplazados de tres municipios.
Contaron
que un grupo delincuencial venía “barriendo” la sierra desde la parte baja de
San Miguel Totolapan. Al llegar a su pueblo incendió casas y secuestró a
algunos hombres.
Otros
desplazados –que también permanecían en la Casa de Bienes Comunales– narraron
el episodio que provocó su huida hacia Tlacotepec. Recordaron que hombres
armados irrumpieron en el pueblo de Amacahuite (General Heliodoro Castillo) y
se llevaron a siete campesinos a la comunidad de El Pescado (Apaxtla de
Castrejón), ubicada a dos horas a pie de donde fueron privados de su libertad.
En ese
lugar, donde se encuentra el embalse de la presa El Caracol, los sicarios
enviaron un mensaje a los pobladores de Amacahuite con el comisario municipal.
“Exigieron el paso por la comunidad para poder ingresar a Tlacotepec”, afirman.
También demandaron la presencia de “los ganaderos” de Amacahuite en la
comunidad de El Pescado como condición para liberar a los siete campesinos. Se
cree que los querían extorsionar.
No
obstante, los pobladores de Amacahuite rechazaron la exigencia del grupo
armado. Optaron por abandonar la localidad y dirigirse a Tlacotepec, a pie y en
camionetas.
Habitantes
de cuatro comunidades más –El Capire, El Órgano, Ixtayotla y Tetitlán del Río–
se sumaron al éxodo al ver el terror con el que huían los pobladores de
Amacahuite.
Así
llegaron 400 personas a Tlacotepec. Otras 500 se quedaron en Huautla. No se
sabe de los plagiados.
Proceso
recorrió siete comunidades del municipio General Heliodoro Castillo –las dos
donde se refugiaron los desplazados y cinco más, ubicadas en la parte baja de
la zona serrana–, donde constató que el miedo impregnó los campos, los caminos
y las viviendas.
Testimonios
En la
comunidad de Ixtayotla, este semanario documentó un caso que sintetiza la
desesperación que ahí se padeció.
Ahí vive
un joven de 25 años llamado Víctor Manuel. Padece de sus facultades mentales
como consecuencia de un golpe en la cabeza. Fue abandonado en el pueblo el 31
de julio, cuando 36 familias huyeron del lugar por la narcoviolencia.
La
abuela de Víctor Manuel salió aterrorizada, dejando todo. Nadie le pudo ayudar
a cargar con su nieto de articulaciones atrofiadas. Así que el joven se quedó
ahí, solo, en una casa de adobe y techo de palma, sin saber qué pasaba.
La mujer
de casi 80 años caminó dos horas para llegar a Huautla, donde se refugiaron más
de 500 desplazados provenientes de los municipios de General Heliodoro
Castillo, San Miguel Totolapan y Apaxtla de Castrejón.
Cuatro
días después, Florentino Soto Basave, quien se había quedado en Huautla,
regresó a Ixtayotla y este semanario lo acompañó.
“Tengo
que ver la milpa, mis animalitos, mi casa. En el pueblo se quedó un muchacho
que no sabemos si está vivo”, dice durante el camino, en una brecha de
terracería.
Después
de dos horas llegamos al pueblo. El lugar está desolado. Las tierras de cultivo
y viviendas, abandonadas. Sobre las polvorientas calles sólo deambulan animales
domésticos.
Dentro
de una de las casas está Víctor Manuel. Sentado en el piso, frente a la tranca
de un corral. Con la mirada extraviada.
Enseguida,
don Florentino se dirige a la cocina, donde apenas colocaron un fogón ecológico
de los que promueve la Cruzada contra el Hambre. De una olla de barro saca un
puñado de galletas y se las lleva al joven, que las desmorona con las manos y
las devora.
Luego,
Florentino le lleva una taza de agua y Víctor la bebe de golpe. Algo balbucea,
y dibuja una sonrisa que le ilumina el rostro.
El
muchacho llevaba cuatro días sin probar bocado.
Invasión
Los
sujetos armados han ido subiendo desde San Miguel Totolapan y Apaxtla de
Castrejón hasta General Heliodoro Castillo. Esa zona se caracteriza por la
siembra de enervantes, relatan otros afectados.
Uno de
los comandos de la región utiliza uniformes camuflados y es conocido como Los
Pintos. Sus gatilleros están asesinando y desapareciendo hombres, quemando
viviendas y expulsando a quienes se niegan a colaborar con ellos, indican.
Don
Florentino Soto advierte que mientras las autoridades gubernamentales no garanticen
la seguridad en la zona, los desplazados difícilmente van a regresar a sus
comunidades.
“Nosotros
no queremos andar de arrimados en otros poblados, pero no tenemos dinero para
quedarnos en otro lugar. Por eso nos duele dejar abandonadas nuestras casas,
las tierras de labor y nuestros animales”, afirma el campesino frente a su casa
en Ixtayotla.
Después
de la tragedia y la huida, policías estatales y militares llegaron al corredor
disputado y comenzaron a recorrer la zona. No obstante, los desplazados temen
que cuando policías y militares se retiren de la zona los delincuentes vuelvan
para embestir a los ciudadanos, cobrar venganza y seguir dejando su estela
fúnebre.
El
alcalde perredista de General Heliodoro Castillo, Mario Chávez Carvajal, se declaró
incompetente para resolver el problema de inseguridad y violencia que ha
convertido en “pueblos fantasma” al menos 13 comunidades.
Se le
pregunta de qué forma se puede revertir este éxodo. Dice que no ve una
alternativa de solución, porque el Ejército no puede permanecer en la región de
manera definitiva.