Pese a las diferencias que desde este espacio hemos sostenido con diversos aspectos de la gestión del Gobierno, en más de una ocasión hemos dicho que somos partidarios de la reelección del Presidente. Inclusive, lo más deseable para el interés nacional es que Uribe fuera reelegido de una vez en la primera vuelta de hoy.

Cuando a mediados del año pasado EL TIEMPO se pronunció por la reelección, advertimos que dicha posición en nada vulneraría la imparcialidad y equilibrio de nuestra información sobre el proceso electoral, ni la fiscalización periodística de los actos de gobierno. En estos meses de campaña creemos haberlo demostrado plenamente. No se le giró un cheque en blanco al candidato-Presidente, ni se dejó–ni se dejará– de escudriñar lo bueno, lo malo y lo feo de su administración. No es casual, en fin, que el gobiernismo más militante tache a este diario de oposicionista, ni que el Vicepresidente de la República haya enjuiciado el domingo pasado en estas páginas el "antiuribismo" de EL TIEMPO (como también lo hacen otros altos dirigentes uribistas provenientes de este oficio).

No es posible juzgar al periodismo desde la óptica del Estado, pues están por naturaleza en orillas distintas. Toda democracia sana necesita de una prensa que vigile, cuestione e investigue a los poderes públicos. Y todo gobierno inteligente debe preferir el apoyo crítico a la adulación oportunista. El Presidente no quiso conceder una entrevista a este diario y está en todo su derecho. Eso no importa, y el prestigio de un medio informativo no se mide por su grado de aproximación a un gobierno. Ni el de este por cultivar a los medios. No se necesitan mutuamente para su respectiva credibilidad. Por el contrario, mientras más distancia entre prensa y poder, mejor para la libre información de la sociedad.

Dicho lo anterior, y más allá de lo que no nos guste de la gestión o el estilo presidencial, EL TIEMPO quiere reafirmar su convicción de que Uribe es, de lejos, el candidato más calificado para gobernar a Colombia en el período siguiente. No es necesario volver sobre las obvias razones que así lo indican: la recuperación de la confianza, de la seguridad y de la economía y un evidente liderazgo. Si esto no fuera suficiente, bastaría con imaginar a cualquiera de los demás aspirantes –con el debido respeto por sus múltiples virtudes– en la tarea de manejar al país en el próximo cuatrienio.

En cuatro años, o menos, otro podría ser el cuento. La izquierda, personificada hoy por el candidato Carlos Gaviria, quien todo indica obtendrá una copiosa votación histórica, tiene en este período la oportunidad de demostrar que está a la altura de ese respaldo. Y de convencer a la ciudadanía de que puede ser alternativa seria de gobierno. Desafío no menos complejo, y tal vez más difícil, tendrá el Partido Liberal: renacer de sus cenizas, consolidar una oposición coherente y rescatar los principios que durante décadas lo consagraron como opción política mayoritaria.

Pero estamos en el 2006 y no en el 2010. Y si en este 28 de mayo prevalecen la sensatez y la lógica, la atención nacional debe dirigirse a los principales retos que tendrá que superar el reelegido Presidente para responder a la refrendada confianza ciudadana. Y no serán pocos los desafíos, en este país tan contradictorio y creativo, como violento y pujante, para un mandatario al que la chequera política se le puede acabar mucho antes de lo presupuestado. Dependerá de la cohesión de las bancadas uribistas y de la coherencia de la oposición.

El Gobierno deberá manejar ‘chicharrones’ aún no bien cocinados. El reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz obliga a repensar algunas piezas del proceso con los paramilitares y a despojarlo de toda duda de cartas marcadas. Sin mencionar evidentes fallas de la reinserción, está el problema paralelo de la extradición de varios miembros de la cúpula paramilitar. Esto dependerá en gran parte de la actitud de Estados Unidos, que bajo el gobierno Bush parece dispuesto a aceptar la suspensión de las extradiciones en la medida en que forme parte de una política global para proseguir la guerra contra el narcotráfico.

Tuvo Uribe en su primer gobierno una nada despreciable popularidad para apuntalar cambios estructurales. No los hizo y ahora ha pedido una segunda oportunidad. La política social demanda atención, lo mismo que el crecimiento económico. La seguridad democrática enfrenta desafíos: mantener el Plan Patriota; persistir en políticas cuestionadas como las redadas masivas y recompensas e informantes; cobrar o no impuestos de guerra, y la sostenibilidad del esquema. En el Congreso, el tránsito del TLC –que será el primer gran debate ideológico con la oposición–, la reforma tributaria estructural, las transferencias, la Ley 100 de salud y la Ley 80 de contratación le ‘medirán el aceite’ a la unidad y disciplina de la nueva bancada uribista.

Frente a estos y otros problemas igualmente complejos, pensamos que el presidente Álvaro Uribe es el más competente para enfrentarlos y resolverlos.