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30/08/2013 | Argentina - Parálisis de los organismos de control e impunidad

La Nación (AR)-Staff

Los cuatro años y medio sin designar al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas ilustran la política oficial de encubrir la corrupción

 

Nunca es casual la demora para designar al titular de un organismo importante, pero cuando esa demora se extiende durante más de cuatro años podemos hablar de una política de gobierno en la que ese organismo no cuenta en absoluto. Cuatro años y cinco meses son los transcurridos desde que, el 12 de marzo de 2009, Manuel Garrido presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), cargo que desde entonces permanece vacante.

La demora no debería extrañar, puesto que la misión de la FIA consiste en investigar la corrupción y las irregularidades administrativas cometidas por funcionarios, y para ello puede acceder a información calificada. En sus buenas épocas, ese acceso le permitía desarrollar investigaciones preliminares que luego volcaba en denuncias judiciales.

Es sabido que para el kirchnerismo la corrupción no existe como tema admitido ni como problema asumido. Desde ya que esta negación es hipócrita, pero también es lógica desde el punto de vista de la autopreservación de un régimen cuya trayectoria está jalonada por enormes, constantes y crecientes escándalos que abrieron firmes sospechas sobre buena parte de sus principales funcionarios, incluido el matrimonio Kirchner. No por casualidad casi todos estos casos se encuentran impunes.

Eso explica el desinterés del Gobierno por los organismos de control. O, ajustándonos mejor a la realidad, explica el profundo interés del kirchnerismo por minimizar, anular, parcializar o trabar la genuina labor que deben desempeñar los organismos de control. En algunas de esas situaciones se encuentran, por ejemplo, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Otro organismo acéfalo es la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuya titularidad está vacante desde abril de 2009.

En los casos de la IGJ y de la UIF, la interesada distorsión de sus funciones básicas las ha llevado al extremo de actuar -o no actuar- para encubrir o proteger a sospechosos de algunos de los principales escándalos de corrupción del kirchnerismo, como Ciccone (IGJ) y la presunta malversación de fondos estatales realizada en la Fundación Madres de Plaza de Mayo (UIF).

En lo que hace a la FIA, esta fiscalía desarrolló una intensa actividad entre 1984 y 1991, cuando estuvo a cargo de Ricardo Molinas, quien fue destituido por el entonces presidente Carlos Menem por investigar, precisamente, casos de corrupción de su gobierno. Garrido había asumido en 2003, y, si bien no lo destituyeron, su caso es similar al de Molinas porque también desarrolló una fuerte tarea investigadora, y además se empeñó en que la FIA fuera parte de los procesos judiciales por corrupción para así poder activar los expedientes que los jueces federales penales suelen dormir cuando atañen el Gobierno. Esto hizo que chocara con la Procuración General de la Nación, entonces a cargo de Esteban Righi.

En su carta de renuncia dirigida a Righi, Garrido sostenía que la corrupción es un fenómeno que se da en mayor o menor medida en todos los países, pero agregaba: "Lamentablemente, el nuestro se destaca por la impunidad casi absoluta de ese fenómeno y la falta de decisión y seriedad para hacerle frente".

A casi cuatro años y medio, la situación descripta por Garrido no es la misma sino que ha empeorado. La impunidad aumentó, los órganos de control no sólo no controlan sino que encubren, y hasta el propio Righi se vio obligado a renunciar, precisamente debido a uno de los más sonados casos de corrupción, Ciccone, pues al vicepresidente Amado Boudou le molestó la labor del fiscal Rívolo. No fue el sospechado Boudou quien tuvo que irse, sino el jefe de los fiscales, Righi, reemplazado en la Procuración General por Alejandra Gils Carbó, funcionaria ultraoficialista que se apresuró a designar fiscales ad hoc. Uno de ellos debutó protegiendo al sospechado empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Como puede advertirse, es férreo e imparable el esfuerzo del Gobierno por desactivar controles. En la FIA, el fiscal Guillermo Noailles subrogó a Garrido y tuvo su momento de triste celebridad cuando no apeló el escandaloso sobreseimiento resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide en favor del matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Se investigaba allí el exorbitante incremento patrimonial de Cristina y Néstor Kirchner en 2008, que ascendió a 28 millones de pesos. El arbitrario sobreseimiento de los Kirchner por Oyarbide quedó firme al no ser apelado por el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, y tampoco por Noailles.

Finalmente, Gils Carbó ha elevado al Poder Ejecutivo la terna de candidatos para reemplazar a Garrido. A la luz de todo lo ocurrido, cuesta abrigar la esperanza de que la elección recaiga en alguien independiente que logre imprimirle a este importante organismo la necesaria reactivación que ponga fin a su prolongado letargo

La Nación (AR) (Argentina)

 


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