La cuestión es realmente seria, especialmente en nuestro país. España está atrayendo -por su legislación garantista y por la concentración de grandes capitales y negocios inmobiliarios- a grandes delicuentes internacionales.

Nuestro país no puede convertirse en el paraíso de los mafiosos. Quizá, estamos aún a tiempo de frenar esta tendencia e impedir que nuestro suelo se convierta en el foco de atracción del blanqueo de dinero, de la circulación de capitales criminales y de la presencia de "capos" indeseables. En este sentido, la Policía española ha hecho esfuerzos encomiables pero es imprescindible la colaboración internacional. En un mundo globalizado y más aún en la UE, la ausencia de fronteras, expresión de la libertad y la mutua confianza, no puede convertirse en un factor potenciador de la delicuencia organizada internacional. Para ello, la acción conjunta de los diversos países de los 25, con sus fuerzas de seguridad, sus servicios de inteligencia y sus esfuerzos por consolidar el Espacio común judicial y policial es decisiva. Junto con la inmigración ilegal, la cuestión de las tramas mafiosas instaladas en España deberían ser asuntos prioritarios en la agenda europea impulsados y liderados por nuestros ministerios del Interior y de Exteriores.

Como es nuestro país quien, últimamente, sufre con mayor intensidad esta problemática debería ser también quien con más intensidad y eficacia pusiera sobre la mesa de Bruselas propuestas para la rápida y coordinada solución de estos fenómenos. En asuntos como éstos, es cuando realmente se contrasta la utilidad de contar con el apoyo de nuestros amigos y aliados europeos. De nosotros depende saber explicar la gravedad de los mismos y encabezar las soluciones.