Huellas dactilares en busca de limbo. Recientemente, el presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, ordenaba la expulsión de todos «inmigrantes ilegales» de origen ruandés del país africano, tras la tensión diplomática desatada entre ambos gobiernos por el conflicto en la República Democrática del Congo.

En este sentido, Tanzania teme la desestabilización de sus fronteras por parte de Ruanda tras enviar, el primero, tropas al Congo para neutralizar al grupo rebelde M23, presuntamente, subvencionado por Kigali.

Con ello, la medida ha provocado que, en el último mes, miles de ruandeses residentes en Tanzania (algunos, sin apenas lazos con su país de origen) se hayan visto obligados a abandonar sus hogares.

El caso recuerda a otros acontecidos en la región.

En octubre de 1991, tan solo nueve meses después de la caída del dictador Siad Barre y ante el incipiente flujo migratorio proveniente de Somalia, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados comenzaba la «edificación» del campo de refugiados de Dadaab, en el noreste de Kenia.

La intención original era la creación de tres campamentos con capacidad para 90.000 personas –Ifo, Dagahaley y Hagadera–, pero a día de hoy el centro acoge a más de 400.000 almas (630.000 según fuentes extraoficiales), algunas de ellas, refugiados de tercera generación. Es decir, hijos y nietos de refugiados que no han conocido más realidad que estos inmensos campamentos.

Para paliar esta situación, los gobiernos somalí y keniano anunciaron el pasado junio el retorno voluntario de 80.000 refugiados, al considerar que la situación política y humanitaria de la región comenzaba a mejorar.

Animaban a otros a seguir el ejemplo. La mayoría de estos refugiados, sin embargo, aseguran no sentirse preparados para volver a su país, tras residir durante decenios en esta «burbuja humanitaria», donde viven familias enteras totalmente desconectadas de su lugar de origen.

Apátridas en busca de identidad

Como denuncia Bronwen Manby, analista del Africa Governance Monitoring and Advocacy Project, en la actualidad, cientos de miles de personas que viven en el continente africano se encuentran en un limbo moral y burocrático, pese a ser ciudadanos de segunda e incluso tercera generación. No pueden inscribir a sus hijos al nacer, ni escolarizarlos, ni siquiera acceder a los servicios estatales de salud o lograr un empleo. Son los apátridas de África.

Para Manby, el caso de Costa de Marfil es clave para entender esta situación. Durante la década de 1930, las autoridades coloniales alentaron el movimiento migratorio hacia este país de varios cientos de miles de trabajadores agrícolas provenientes de las actuales Burkina Faso y Malí. Mientras que el Estado productor de cacao disfrutó de auge económico, la situación de este grupo era relativamente poco polémica. Sin embargo, a medida que el pastel comenzó a disminuir, la población se embarcó a la desesperada en un movimiento nacionalista que les impidiera perder el estatus político. Y en un país donde más de un tercio de sus habitantes son inmigrantes, tan solo era cuestión de tiempo que la cuestión étnica explotara.

No en vano, en 1995, el exmandatario Henri Konan Bédié introdujo la doctrina nacionalista «Ivoirité» que, entre otras cuestiones, tan solo permitía presentarse a cargos políticos a los marfileños de segunda generación. Incluso, al actual presidente, Alassane Ouattara, se le impidió participar en los comicios de 1995 y 2000 debido a que su padre era originario de Burkina Faso. «En su esfuerzo por aumentar el precio del cacao, el Gobierno decidió limitar los derechos de los inmigrantes que lo cultivaban. Ahora esta cuestión se le ha vuelto en contra», reconoce Manby.

Pese a que Costa de Marfil puede ser un caso extremo, no es el único. En la República Democrática del Congo la disputa sobre el estado de indígena o no-indígena de la población Banyarwanda en las provincias orientales ha sido uno de los primeros acicates del conflicto regional: cinco millones de muertos desde 1998. O Zimbabue, donde las políticas xenófobas del Gobierno diseñadas para socavar a la oposición han dejado -a cerca de un millón de personas- sin ciudadanía ni Estado.

Reformas agrarias

En ese último país, el presidente Robert Mugabe anunció en 2002 una reforma agraria acelerada con el objetivo de provocar la adquisición forzosa de las explotaciones de la minoría blanca. De forma paralela, introdujo una enmienda a la Ley de Ciudadanía, por lo que las personas con doble nacionalidad (caso de los antiguos colonizadores) perdían automáticamente sus derechos naturales. La medida, eso sí, no solo afectó a los granjeros blancos (cerca de 300.000).

En aquel momento, la mayor parte de los trabajadores agrícolas eran inmigrantes de segunda o tercera generación cuyos ancestros se habían trasladado a Zimbabue (o a la antigua Rhodesia antes de la independencia en 1980) procedentes de Malawi, Zambia o Mozambique. Y pese a sus más de dos décadas en el territorio, todos ellos perdieron su puesto de trabajo y viviendas.