No es la primera vez que se desata una fuerte polémica por los beneficios impositivos y negocios de dudosa legalidad que tienen como protagonistas a poderosos empresarios vinculados con el Gobierno nacional. El kirchnerismo ha sido objeto de recurrentes denuncias por haber apañado a personajes que se enriquecieron al amparo de oscuras maniobras financieras, que van desde la compra de firmas locales y extranjeras hasta el manejo de cuantiosas sumas de divisas de discutida procedencia.

Esta vez, una investigación publicada por el diario La Nación revela que el empresario patagónico Cristóbal López adquirió los activos de Petrobras en la Argentina y fondeó su grupo de compañías con cerca de 1.200 millones de pesos en impuestos que dejó de abonar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Un negocio redondo, si se considera que López, según lo publicado, incumplió durante un año con las obligaciones tributarias y ahora fue beneficiado con un plan de pagos a 10 años, con una tasa de interés inferior a la inflación. Una bicoca para este “amigo” del poder que amasó fortunas en varios rubros, favorecido por su estrecha amistad con los Kirchner.

La noticia trae a colación otro escandaloso negocio que tuvo como actores a la familia Eskenazi, también de aceitados vínculos con la Casa Rosada en su momento, que logró acceder al negocio de las petroleras pagando a Repsol con las utilidades futuras de la propia empresa.

López habría hecho lo propio en el caso de Petrobras: no recurrir a fondos propios producto de las copiosas ganancias de sus sociedades, sino a dineros que dejó de girar a la Afip. La maniobra de saltear las obligaciones fiscales se habría repetido para financiar gastos de otras compañías ligadas a este aliado kirchnerista que maneja negocios en varios rubros, entre ellos el de los medios de comunicación.

Esta metodología de privilegiar a los amigos y poderosos no se compadece con el esfuerzo que hacen millones de argentinos para cumplir con sus obligaciones impositivas.

El favoritismo desmedido por ciertos personajes aupados por el Gobierno nacional causa estupor en un escenario signado por los altos niveles de inflación y carga tributaria que sacuden tanto al ciudadano común como a los pequeños y medianos empresarios.

Es una vieja práctica pactar exenciones impositivas a empresas vinculadas con el poder. Sin embargo, tuvo que mediar una derrota electoral para que la presidenta Cristina Fernández atendiera un reclamo de vieja data y anunciara el aumento del piso salarial a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias.

Las desigualdades seguirán su curso mientras no se deje de beneficiar a los poderosos en detrimento de una sociedad que reclama conductas transparentes, en un escenario desbordado por las sospechas de corrupción en la administración del Estado.