Es posible que los republicanos hayan decidido elevar el techo de la deuda sin poner condiciones (los detalles no están claros todavía). Tal vez este sea el final de su particular táctica de extorsión, pero también puede que no lo sea porque, en el mejor de los casos, solo estamos contemplando una ampliación a muy corto plazo. La amenaza de llegar a ese límite sigue estando ahí, especialmente si la estrategia del bloqueo sigue volviéndose en contra del Partido Republicano.

¿Y qué opciones tenemos si tocamos techo? Como podrán suponer, son todas malas, de modo que la pregunta es cuál de las malas opciones haría menos daño.

Ahora bien, el Gobierno insiste en que no hay ninguna alternativa, que si alcanzamos el techo de la deuda, la Administración de EE UU dejará de pagar todos sus gastos. Muchas personas, incluso las que apoyan al Gobierno, sospechan que esto no es más que lo que los funcionarios tienen que decir en este momento, que no pueden darles a los republicanos ninguna excusa para restarle importancia a la gravedad de lo que están haciendo. Pero supongamos que es verdad. ¿Cómo sería una suspensión de pagos total?

Un informe del Departamento del Tesoro del año pasado indicaba que si se alcanzaba el techo de la deuda, entraríamos en un “régimen de retraso en los pagos”: las facturas, entre ellas las de los intereses devengados de la deuda federal, se pagarían en el orden en que se recibiesen, a medida que se dispusiese de efectivo. Dado que las facturas recibidas cada día superarían los ingresos de efectivo, esto se traduciría en retrasos cada vez mayores. Y esto generaría una crisis financiera inmediata, porque la deuda de EE UU —hasta ahora considerada el activo seguro por excelencia— se recalificaría y pasaría a ser un activo en situación de impago, lo que posiblemente obligaría a las instituciones financieras a vender sus bonos del Tesoro y a buscar otras formas de garantía.

La perspectiva da miedo. Hay muchísimas personas —sobre todo economistas de tendencias republicanas, aunque no solo ellos— que han insinuado que el Departamento del Tesoro podría, en lugar de eso, “establecer prioridades”: podría pagar todo lo correspondiente a los bonos, de modo que toda la carga de la escasez de efectivo recayese en otras cosas. Y al decir “otras cosas” nos referimos principalmente a la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, que representan la mayor parte del gasto federal que no se dedica a la defensa y el pago de intereses de la deuda.

Quienes abogan por priorizar el gasto parecen creer que todo irá bien mientras se paguen los intereses. Déjenme darles cuatro razones por las que se equivocan.

En primer lugar, la Administración de EE UU seguirá estando abocada a la suspensión de pagos, incapaz de cumplir con la obligación legal de pagar sus deudas. Se podría argumentar que cosas como los cheques de la Seguridad Social no son lo mismo que los intereses devengados de los bonos porque el Congreso no puede negarse a pagar una deuda, pero sí puede, si así lo decide, aprobar una ley que reduzca las prestaciones. Pero el Congreso no ha aprobado dicha ley y, hasta que lo haga o a menos que lo haga, las prestaciones de la Seguridad Social tienen la misma condición de inviolables que los pagos a los inversores.

En segundo lugar, dar prioridad al pago de los intereses reforzaría el terrible precedente que sentamos tras la crisis de 2008, cuando se rescató a Wall Street, pero los propietarios de viviendas y los trabajadores en apuros recibieron poco o nada. Una vez más, estaríamos dando a entender que el sector financiero recibe un trato especial porque, de no recibirlo, puede amenazar con paralizar la economía.

En tercer lugar, los recortes del gasto darían lugar a muchas penurias económicas si se prolongasen, por poco que fuese. Piensen en los beneficiarios de Medicare rechazados por los hospitales porque la Administración no paga las facturas.

Por último, aunque establecer prioridades podría evitar una crisis financiera inmediata, seguiría teniendo unos efectos económicos devastadores. Nos enfrentaríamos a un recorte del gasto inmediato y comparable aproximadamente al hundimiento de la inversión en vivienda que tuvo lugar tras el estallido de la burbuja, hundimiento que fue la principal causa de la Gran Recesión de 2007-2009. Eso por sí solo seguramente bastaría para conducirnos a una recesión.

Y la cosa no acabaría ahí. Cuando la economía de EE UU entrase en recesión, la recaudación fiscal caería en picado y la Administración, incapaz de conseguir préstamos, se vería obligada a aplicar una segunda tanda de recortes del gasto, lo que agravaría la crisis económica, reduciría los ingresos todavía más y así sucesivamente. De modo que, aunque nos librásemos de una debacle financiera como la de Lehman Brothers, seguiríamos expuestos a una crisis económica peor que la Gran Recesión.

¿Y hay alguna otra alternativa? Muchos expertos legales opinan que hay otra opción: de un modo u otro, el presidente podría sencillamente optar por desobedecer al Congreso y hacer caso omiso del límite de endeudamiento.

¿No sería esto una infracción de la ley? Puede que sí, puede que no; hay diferencia de opiniones. Pero incumplir las obligaciones federales también es una infracción de la ley. Y si los republicanos de la Cámara presionan al presidente hasta ponerlo en una situación en la que tiene que infringir la ley haga lo que haga, ¿por qué no elegir la opción que menos perjudique a Estados Unidos?

Eso, por supuesto, causaría mucho revuelo y probablemente muchos problemas legales, aunque si yo fuese republicano, lo que de verdad me preocuparía es entablar una demanda contra el Gobierno para impedir que pague las facturas hospitalarias de los ancianos. Así y todo, como he dicho, no hay ninguna opción buena.

¿Y que pasará cuando alcancemos el techo de la deuda, si llega a ocurrir? Esperemos no averiguarlo.

Paul Krugman es profesor de Economía de Princeton y premio Nobel de 2008

© New York Times Service 2013

Traducción de News Clips.