El despilfarro muestra que todavía falta mucho por conocer y hacer en cuestiones atinentes a la administración económica estatal. Así, por ejemplo, cuando el Estado prescinde de funcionarios y clausura oficinas innecesarias, como contrapartida, lo que ocurre en realidad es que se están generando gastos menores, los que a su vez significa un beneficio para la población puesto que habrá menos burocracia, menos trámites y por supuesto menos que pagar a los funcionarios de modo informal.

Acabar con los gastos superfluos, innecesarios y mal aplicados, implica sencillamente que el dinero que antes contaba el sector estatal ahora se dirige hacia dos objetivos muy diferentes. El primero es que los gastos inútiles ahora se dirigen a sectores requieren de más recursos como la seguridad, y el segundo objetivo consiste en que aquel dinero antes derrochado ahora vuelve nuevamente al sector privado, de donde salió originariamente, promoviendo el ahorro y la inversión, elementos necesarios estos dos últimos para atacar con éxito, por ejemplo, el desempleo.

En cualquiera de los casos, estamos ante la presencia positiva de un cambio de dirección del gasto público. La pregunta que podemos hacernos es: ¿qué efectos genera aquella modificación del gasto? La respuesta a esta interrogante es de vital importancia. Es tan importante esta respuesta que hace a la diferencia entre el Estado de Derecho y el estatismo socializante del que todavía no podemos desprendernos. El primero, el Estado de Derecho, garantiza la viabilidad de la cooperación libre entre la gente para lograr sus propósitos de vida, mientras que el segundo —el estatismo socializante— significa el modo criminal de repartir el botín del dinero público para el uso caprichoso de los clanes que se han adueñado de la cosa pública.

El segundo efecto del perjudicial derroche estatal es igualmente dañino y es de orden moral. El despilfarro es el mejor caldo de cultivo para que los delincuentes se adueñen del Estado como si fuera un botín de guerra a repartirse. Si no prevalece la ley, entendida como la expresión de garantías a la propiedad y a la libertad de los individuos, se está predicando con el mal ejemplo a nuestros niños en las escuelas y a los jóvenes en las universidades. Se les está diciendo diariamente que de nada valen en la vida la honestidad, el talento y el trabajo honesto. El perjuicio del derroche estatal es tan perjudicial para las familias paraguayas que no solo es anti-económico sino también profundamente inmoral.