El acuerdo al que acaban de llegar el Gobierno y las Farc sobre el segundo punto de la agenda de La Habana –participación política– imprime un alentador empuje al proceso de paz. Cuando los escépticos auguraban un estancamiento inevitable y los catastrofistas apostaban por el fracaso y casi todos pensaban en la suspensión de los contactos hasta después de elecciones, los comisionados nos dan la estimulante sorpresa de un consenso sobre el tema y pasan al capítulo tercero, la lucha contra el narcotráfico.

El acuerdo de esta semana gira en torno a dos cuestiones: las condiciones políticas que permitirán la transformación de las Farc en un movimiento político legal y la ampliación de la democracia. Medio siglo de violencia hace que lo más atractivo para los colombianos sean los aspectos conducentes al desarme de las Farc y el fin de la sangría que sufre el país. Pero no es menos importante lo que se pactó en materia de ampliación de la participación política.

A veces el humo de la pólvora solo permite ver la trascendencia que tendría silenciar las armas, y no hay duda de que este propósito –que celebramos todos– fue el que llevó al Gobierno a la mesa. Pero el proceso de paz estaría incompleto si no abarcara también la enmienda de las estructuras políticas corruptas y la injusticia social que han generado en muy buena medida aquella violencia. Los acuerdos de La Habana no solo deben desmontar la lucha armada, sino también las condiciones que la alimentan. Tan importante resulta enterrar los fusiles como impedir que las mafias, los clanes corruptos y las oligarquías (el gobierno de unos pocos, según clásica definición) sigan utilizando la democracia para adueñarse del país.

No creo que a los ciudadanos les interese defender esa democracia enferma que permite la elección de alcaldes y gobernadores criminales, la firma de chanchullos multimillonarios y el acceso al poder de congresistas impresentables, de magistrados venales y de altos funcionarios con espíritu fascista. Por el contrario, urge aprovechar la ocasión para desparasitar y fortalecer la democracia.

En ese sentido, constituye error mayúsculo imaginar que algunos puntos del acuerdo agrario o el de participación política representan “concesiones” que hace la comisión gubernamental a nombre del Estado. No son graciosas dádivas garantizar los derechos de la oposición (empezando por el derecho a la vida), abrir puertas a la participación ciudadana, purificar los filtros electorales y crear veedurías y oficinas de reconciliación. Por el contrario, se trata de remedios que necesita con apremio nuestra mórbida democracia. Aun si no existieran las conversaciones con las Farc, tendríamos que enfrentar las lacras que tienen a Colombia hundida en la podredumbre.

Hay que celebrar la decisión del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que no se detendrán los contactos con la guerrilla durante la temporada electoral. Si se llegó a pensar en aislar este tema del menú electoral, era fácil saber que los enemigos de las conversaciones iban a utilizarlo como arma contra los candidatos que apoyan las conversaciones. Esa es la realidad: dejémosla que juegue.

Justo es reconocer el trabajo de los delegados del Gobierno y de la guerrilla, que ha permitido progresar una casilla más en el intrincado tablero de la paz. También merece mención la tenacidad de Santos, pero no sobra recomendarle que, como festejo del acuerdo, no se le ocurra nombrar ministro de Gobierno a Fernando Londoño o José Obdulio Gaviria. Recordemos que, después del consenso agrario y el paro campesino, sorprendió al país designando en la cartera de Agricultura a un empresario de palma enredado con la ley de baldíos. ESQUIRLAS. El paseo a Estados Unidos del pleno de magistrados de la Corte Suprema que juzga casos de extradición no es un papayazo ingenuo. Es un claro desafío a la opinión pública nacional.