E-Verify requiere que los empleadores ingresen la información de identidad de los potenciales empleados a una base de datos federal en línea que luego verifica la información con aquella que está almacenada en el Departamento de Seguridad Doméstica y los departamentos de tránsito de los estados.

Si el trabajador es aprobado para ser empleado, como sucede en 95 por ciento de los casos, luego el empleo de ese trabajador es legal. Si hay algo sospechoso acerca de la información del trabajador, E-Verify emite una no-confirmación tentativa (TNC, por sus siglas en inglés). Eso le da al trabajador y a su empleador algo de tiempo para rebatir la decisión identificando y corregir errores en la identificación del trabajador. Durante este tiempo, al empleador no se le permite despedir al trabajador legalmente y debe mantenerlo en su nómina de pagos hasta que los problemas de identidad del trabajador se hayan resuelto.

En realidad, E-Verify hará más difícil para cientos de miles de estadounidenses legales conseguir un trabajo. Según una auditoría reciente e independiente de E-Verify, realizada por la empresa Westat, entre 0,7 y 0,3 por ciento de todas las TNC emitidas son erróneas, lo que significa que fueron emitidas a trabajadores legales. Si 150 millones de trabajadores estadounidenses fuesen ingresados a E-Verify el día de mañana, entre 450.000 y poco más de 1 millón de trabajadores estadounidenses serían notificados de que si no abordan el problema entonces perderán su empleo.

Esos estadounidenses luego tendrán que corregir cualquier inconsistencia antes de que el gobierno les de vía libre para ser empleados a tiempo completo. Eso difícilmente parece ser justo para esos trabajadores legales.

Mirando más detenidamente los datos de Westat, queda claro que las tasas de error de E-Verify han estado mejorando a lo largo de la última década. La tasa de TNC para los ciudadanos estadounidenses, una subcategoría de los trabajadores legales, ha caído de 0,6 por ciento a 0,2 por ciento —una mejora encomiable. Sin embargo, la tasa de error para los residentes permanentes y legales que poseen una green card y aquellos que tienen una visa se ha incrementado de 1,5 por ciento a 2 por ciento. Ahora es más común que antes que los inmigrantes legales reciban una TNC falsa.

Si el trabajador y el empleador no logran refutar la TNC, el trabajador recibe una no-confirmación final (FNC, por sus siglas en inglés), lo que significa que el trabajador TIENE que ser despedido. La auditoría de Westat descubrió que 6,3 por ciento de las FNCs que son emitidas son erróneas. En otras palabras, E-Verify hace que sea ilegal contratar a algunos estadounidenses.

La auditoría de Westat citó varias razones detrás de los errores de FNC, como errores administrativos, discrepancia de nombres, la incapacidad de los trabajadores de presentar distintos documentos, y los errores de los empleadores al momento de lidiar con el sistema. La última razón no es sorprendente, considerando que el manual para empleadores de E-Verify comprende 88 páginas y es sumamente complicado —especialmente para los dueños de empresas pequeñas que no tienen departamentos legales o de recursos humanos. Peor aún, la consulta promedio de E-Verify cuesta $147 —principalmente porque los negocios tienen que gastar recursos legales para que sean aprobados los trabajadores que reciben una TNC.

Debido a que tantos trabajadores serían privados de trabajar gracias a la tramitología y a errores del sistema, la Oficina del Congreso para el Presupuesto estimó en 2008 que el uso obligatorio a nivel nacional de E-Verify disminuiría el ingreso fiscal en $17.800 millones de dólares a lo largo de una década. Un ingreso fiscal en declive no es un resultado malo por sí solo pero este se derivaría de prevenir que estadounidenses trabajen legalmente y de obligar a otros a trabajar fuera del radar en el mercado negro. Ese no es el resultado que los partidarios de E-Verify esperan.

Un estudio del Instituto para Investigaciones del Trabajo y el Empleo en Berkeley concluyó que le cuesta a los empleadores $4.000 reemplazar al trabajador promedio, con costos para las profesiones de obrero costando alrededor de $2.000 y para ciertas profesiones empresariales sería de hasta $7.000. Con estos números como base, reemplazar 500.000 trabajadores erróneamente descalificados le costaría a los empleadores $2.000 millones. No se necesita ser economista para saber que imponer costos más altos a los empleadores aumentará el desempleo, en lugar de disminuirlo.

Además de los costos más altos, E-Verify de hecho es redundante. Los trabajadores ya tienen que completar un formulario I-9 y mostrar a su empleador alguna forma de identificación para ser contratados legalmente. Estos formularios están sujetos a auditorías que la administración de Obama ha intensificado durante los últimos años.

Otros costos serán cargados sobre las espaldas de los contribuyentes estadounidenses. El mandato de E-Verify que fue aprobado como parte de la ley de reforma migratoria del Senado impondría alrededor de $2.100 millones en gasto estatal a lo largo de una década. Eso es una suma adicional de $1,37 millones para mejoras tecnológicas y costos administrativos que la ley dispone. Peor aún, requeriría de la contratación de 5.000 oficiales para el cumplimiento de la ley, a un costo de casi $2.300 millones a lo largo de la primera década del programa.

Además de los costos económicos, E-Verify no es efectivo para expulsar del mercado laboral a los inmigrantes no autorizados. Uno de los principales defectos del sistema, señalado por la auditoría de Westat es que solo alrededor de la mitad de todos los inmigrantes no autorizados chequeados a través de E-Verify son identificados como no autorizados. La mitad son aprobados para trabajar. ¿Cómo puede suceder esto?

Como E-Verify revisa los documentos provistos por el trabajador al empleador, un inmigrante no autorizado simplemente tiene que presentar una identidad robada para ser confirmado legalmente para trabajar. Si E-Verify fuese obligatorio para todas las contrataciones, de hecho fomentaría más robos de identidad como lo hemos visto en los estados que han hecho del uso de E-Verify algo obligatorio.

En estados como Arizona, donde E-Verify ha sido obligatorio para todos los empleados desde 2008, los sectores económicos que no fueron afectados por la recesión, pero que empleaban a muchos inmigrantes no autorizados, disminuyeron su cantidad de trabajadores nacidos en el extranjero despidiéndolos o a través de otros medios —tal como lo pretendían los partidarios de E-Verify. Sin embargo, los trabajadores legales no compensaron esas bajas en la fuerza laboral. Una vez que estuvieron disponibles esas posiciones, nunca se volvieron a ocupar.

Por ejemplo, en la industria agrícola que contrata a muchos inmigrantes, el empleo en la producción de cosechas disminuyó en un 15,6 por ciento durante los primeros cuatro años desde que el uso de E-Verify se hizo obligatorio. Los trabajadores estadounidenses no llenaron el vacío. En los estados vecinos de Nuevo México y California, el empleo en la producción de cosechas aumentó durante el mismo periodo. E-Verify explica gran parte de esa diferencia.

Es todavía más interesante que grandes cantidades de empleadores en Arizona evitan los problemas de E-Verify simplemente ignorándolo por completo. Desde que el uso de E-Verify se hizo obligatorio, solo alrededor de la mitad de todos los trabajadores nuevos contratados en el estado fueron chequeados con el sistema, aún cuando la ley exige un cumplimiento del 100 por ciento. Los empleadores se ajustaron a la carga regulatoria de E-Verify simplemente ignorándola, profundizando el mercado negro en Arizona —que es lo opuesto al resultado pretendido.

La reforma migratoria debería facilitar el cumplimiento de la ley, no crear incentivos adicionales para violarla. E-Verify se supone que debería facilitar el cumplimiento de la ley migratoria, pero impone un enorme costo económico a los estadounidenses mientras que incentiva la contratación en el mercado negro —debería ser eliminado.

Este artículo fue publicado originalmente en The Federalist (EE.UU.) el 11 de noviembre de 2013