Por si no fuera suficiente la abundante documentación expuesta por LA NACION acerca de cómo empresas de Lázaro Báez beneficiaron a la familia Kirchner en los últimos años, declaraciones del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, admitiendo "negocios privados" de Néstor y Cristina Kirchner con el principal beneficiario de contratos de obra pública en la Patagonia dan cuenta al menos de negocios del matrimonio presidencialincompatibles con sus funciones públicas.

El pedido de Báez a la jueza federal de Santa Cruz para que impida que cualquier medio de comunicación publique información sobre la empresa Valle Mitre SA y sobre las compañías con las que ésta se halla vinculada comercialmente, entre ellas, las sociedades hoteleras de la familia Kirchner, revela que la única forma de frenar este escándalo asociado a negocios incompatibles, corrupción y presunto lavado de dinero es censurando y silenciando a la prensa.

En Santa Cruz abundan los testimonios que dan cuenta del exponencial enriquecimiento de Báez al amparo de Néstor Kirchner, desde que era un simple empleado bancario en Río Gallegos hasta que se hizo con la industria de la construcción en la provincia patagónica mientras ganaba licitaciones de obras públicas provinciales, para luego triunfar en licitaciones de áreas petroleras, convertirse en dueño de un grupo de medios y, junto con el ex Presidente, en titular de un fideicomiso para financiar la construcción de viviendas en Río Gallegos.

En esos testimonios siempre flotó la fundada sospecha de que Báez, en realidad, era un testaferro de Kirchner, algo que hasta el momento no pudo probarse. Sin embargo, una detallada investigación de LA NACION basada en documentos internos del grupo Báez analizados por este diario y por seis especialistas en combatir el lavado de dinero y la evasión tributaria muestran una relación absolutamente simbiótica entre fondos atribuidos a Báez y emprendimientos de los Kirchner que otorgan aún más fundamentos a aquellas sospechas.

Cuando la Justicia lo investigue seriamente -diputados nacionales de la Coalición Cívica ya han presentado la denuncia ante los tribunales-, se deberá determinar si el movimiento de los fondos desde empresas de Báez hasta las de los Kirchner no constituyó, en realidad, una forma de blanquear dinero de origen ilegal que podría pertenecer originariamente a los Kirchner.

La investigación de este diario mostró que siete empresas de Báez firmaron acuerdos retroactivos con la sociedad que gerencia los hoteles de la familia Kirchner, garantizándole ganancias millonarias durante más de dos años al matrimonio presidencial. El 90% de las facturas que emitió esa gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, llamada Valle Mitre SA,controlada por Báez, se destinaron a Austral Construcciones y otras empresas de Báez, que les aseguraron a los Kirchner la supuesta ocupación de un tercio de sus habitaciones durante años. Entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner recibió más de 14,5 millones de Valle Mitre por reservas de habitaciones en el hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas y el hotel Los Sauces, gerenciado por el grupo Relats. Así, por ejemplo, las empresas de Báez se comprometieron a pagar a Valle Mitre SA 935 habitaciones por mes en el hotel Alto Calafate, que debían abonarse indefectiblemente aun cuando no se ocuparan.

Recordemos que la investigación que llevaba a cabo el fiscal José María Campagnoli sobre el manejo de fondos de Báez desde y hacia el exterior fue uno de los motivos de su suspensión y el inicio de su enjuiciamiento mediante un procedimiento inusitadamente veloz a partir de un pedido arbitrario e infundado de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El fiscal Campagnoli fue suspendido por tramitar una investigación referida a Báez, donde supuestamente era incompetente. Paradójicamente, el empresario en cuestión acaba de presentar una acción de amparo para que se censure a la prensa ante una jueza federal de Santa Cruz notoriamente incompetente, ya que las cuestiones personales sobre el honor son siempre de derecho común y se rigen por las normas civiles. Parecería, entonces, que las normas sobre competencia se deben aplicar en función del lado del mostrador en que se encuentre Báez.

De la documentación bajo análisis sobre los negocios entre las empresas de Báez y los hoteles de los Kirchner surgen, según especialistas consultados por este diario, conductas que podrían configurar los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria agravada y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras graves figuras. También evaluaron que esos documentos podrían llegar a forzar la reapertura por "cosa juzgada írrita" de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Una de ellas fue irregularmente cerrada por el juez federal Norberto Oyarbide, que sobreseyó al matrimonio presidencial.

Los expertos sospecharon que la operación podría dibujar la ruta de una parte de los ingresos por la obra pública que recibió Báez durante años para incorporarse, blanqueados, al patrimonio de los Kirchner mediante el negocio hotelero que, como es sabido, constituye, junto con el juego, una de las formas tradicionales de lavar dinero ante la imposibilidad de que las autoridades controlen permanentemente la cantidad real de pasajeros alojados.

Lamentablemente, nada de todo esto ha sido ni probablemente será investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que, como se ha señalado desde este espacio editorial, prefiere en los últimos años abocarse a perseguir a dirigentes opositores y a empresarios y medios periodísticos que no son complacientes con el gobierno kirchnerista. Recientemente, en una entrevista concedida a El Observador , de Uruguay, el titular de ese organismo, José Sbattella, convertido en virtual abogado defensor de Báez, afirmó que ninguna causa "ha podido probar con documentos que haya relaciones directas" entre la familia Kirchner y Báez. Tal vez ahora podría informarse mejor.

Resta esperar que lo ocurrido con el fiscal Campagnoli no obre como factor de amedrentamiento sobre la Justicia y que ésta reaccione y se anime a cumplir con su obligación de investigar a fondo y sin dilaciones ni interferencias políticas si la familia presidencial y Báez han montado un mecanismo para engrosar los bienes de los Kirchner con dinero lavado