La Cámara de Senadores del país sudamericano aprobó hace poco la legalización de la marihuana, y esta semana Mujica firmó la ley. El Estado se encargará de controlar y regular la importación, la producción, la adquisición y la distribución de marihuana.

Con esta medida, se espera dar un golpe mortal a los traficantes que lucran con el contrabando del estupefaciente. Es ahí donde hay que apuntar la artillería, porque el mal no radica en que unos cuantos decidan embotarse los sentidos con la hierba, sino en la espiral de enriquecimiento ilícito y crimen que genera el comercio prohibido. Como dijo Mujica el pasado junio, “el verdadero problema no es la marihuana, sino el narcotráfico”. Al colocar la producción y la distribución de la droga en manos estatales, la mafia de la marihuana desaparecerá en Uruguay, ya que le resultará imposible competir con el Estado y seguir obteniendo ganancias. La legalización termina con el tráfico clandestino.

Esto tiene un precedente en la historia que no suele mencionarse con la frecuencia que se debiera: el fin de la Ley Seca en los Estados Unidos. La prohibición de vender bebidas alcohólicas en la nación estuvo vigente desde el 17 de enero de 1920 hasta el 5 de diciembre de 1933. Durante ese período, la veda disparó el precio de las bebidas en el mercado negro y dio lugar al surgimiento de mafias dedicadas a vender el producto prohibido. Un alto índice de crímenes, el hacinamiento en las cárceles, la corrupción extendida de funcionarios públicos y el enriquecimiento de los delincuentes hicieron después pensar a muchos que el remedio había sido peor que la enfermedad. La derogación de la Ley Seca le dio un mortal golpe a las bandas de criminales, que tuvieron que dedicarse a otra cosa. Los dejó sin negocio.

Inexplicablemente, ese episodio no ha servido de lección en el actual combate contra las drogas. Desde hace unos 40 años, se libra una guerra contra los narcóticos basada en la prohibición y la represión que no ha producido los resultados esperados. Esa contienda, al igual que la Ley Seca de los años 20, ha causado que la tasa de crímenes aumente, que las cárceles se llenen, que la corrupción se extienda, y además que haya surgido una clase de nuevos ricos cuyas escandalosas ganancias se originan en el narcotráfico y el lavado de dinero. Sin embargo, los intentos por legalizar las drogas para eliminar el comercio ilícito encuentran no solo oídos sordos, sino fuertes críticas. ¿Por qué?

Una legalización de las drogas, con el Estado a cargo de su producción y distribución, e implementando al mismo tiempo una decisiva campaña para desalentar el consumo, como se ha hecho exitosamente con el tabaco, pondría fin a la narcoeconomía. Pero frente a esta estrategia se alza el argumento moralista, el de los que se horrorizan ante la idea de que el Estado suministre a los adictos sustancias aborrecibles. Y también, desde luego, se oponen los beneficiados con el tráfico, los que se forran los bolsillos con el comercio de narcóticos, directa o indirectamente. Contra estos dos grupos poderosos choca una solución que desde Uruguay debería extenderse a todo el mundo.