El presidente Maduro y el ministro del Interior, Miguel Rodríguez, declararon que la inseguridad era también responsabilidad de todos los ciudadanos, un decir que sirve para socializar la culpa y diluye el compromiso del gobierno en una actividad de su incumbencia, por eso estuvo muy acertado Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano, cuando dijo: “La seguridad es una competencia exclusiva y excluyente del Poder”.

Durante todos sus gobiernos el desaparecido presidente Hugo Chávez, de quien Maduro fue el más estrecho colaborador, restó importancia a la espiral de violencia criminal que vivía el país, y hasta se podría decir que la incentivaba cuando dijo en varias ocasiones que las diferencias sociales eran la causa de la delincuencia, una afirmación que estimula la lucha de clases y genera resentimiento, en el mejor de los casos, entre los sectores más desposeídos y los pudientes.

Estas declaraciones de Chávez fueron reiteradas recientemente por Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea legislativa de Venezuela, cuando afirmó que la delincuencia fue originada por el sistema capitalista que atropelló y destrozó a los jóvenes desde el punto de vista social, y agregó que si se busca la causa fundamental de la delincuencia esta se encuentra en el pasado.

El odio como factor de lucha, como dijera Ernesto Guevara.

La violencia, tanto bajo Chávez como de Maduro, al igual que las prebendas o favores del oficialismo tanto a partidarios como funcionarios gubernamentales, han sido herramientas útiles para generar en el país una situación de caos e inestabilidad que puede conducir a un sector de la sociedad, a una desesperanza de futuro que solo beneficia a los que detentan el poder.

Varios son los factores que inciden directamente en el incremento de la criminalidad, que las autoridades han permitido crecer y fortalecer aparentemente con fines de facilitar el control político, en estos últimos quince anos.

Uno de ellos es el abuso de palabra, la descalificación moral, la intimidación y las agresiones físicas a quienes disienten del gobierno. Exhortar al saqueo de los bienes de quienes no son leales al gobierno, es incitar a la violación de los derechos de los otros y crear condiciones para actos de mayor violencia.

También la impunidad ha sido un incentivo para los delincuentes. Hay informes que mientras en el país aumentan los homicidios disminuyen las detenciones, y de los pocos criminales que son capturados, el 91 por ciento es puesto en libertad, según la ONG Observador Venezolano de Violencia.

Provea, otra organización no gubernamental pero orientada a la educación y a los derechos humanos, expuso en un informe: “La impunidad es una de las mayores fallas del sistema de administración de justicia en el país, ya que la no investigación y sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos favorece la persistencia de las violaciones” y agrega, persisten las ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas, y violencia en las cárceles.

Otro factor, tal vez el más importante, es la fragilidad del estado de derecho. Las autoridades actúan al margen de sus propias leyes y decretan otras que violan derechos naturales como el de la propiedad, lo que sirve de ejemplo para aquellos que consideran que el control de la violencia es fuente de derechos.

En consecuencia no se puede descartar que el incremento excesivo de la criminalidad en Venezuela haya sido una estrategia de gobierno.

En las actuales condiciones que enfrenta el país, una ofensiva contra la criminalidad demandará medidas severas para llevar el orden a la sociedad, lo que evidentemente repercutirá en la restricción de los derechos ciudadanos, con la particularidad que como régimen despótico, cuando lo considere conveniente situará fuera de la ley a la oposición política.

Regímenes como el venezolano que gustan presentarse al mundo como gobiernos legítimos tienen que amparar sus acciones represivas como si fuesen reclamos de la población contra quienes representan una amenaza, por lo que se les hace necesario convencer a los ciudadanos de que sus vidas y bienes están amenazados y así conducirlos a requerir del Gobierno, medidas restrictivas que en el momento adecuado pueden ser utilizadas para cercenar sus derechos.

Periodista de Radio Martí.