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17/06/2006 | Mexico: El 2 de julio

Juan Francisco Escobedo

El 2 de julio a las ocho de la noche sabremos quién será el próximo presidente. Ese es el escenario deseable para restablecer la confianza que el país necesita. Para que eso ocurra, los mecanismos que ha previsto el Instituto Federal Electoral para disponer de la información confiable que exprese tendencias irreversibles de los resultados electorales, deben funcionar adecuadamente. Tanto el conteo rápido como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

 

Pero sobre todo, el IFE debe persuadir a las empresas de difusión Televisa y TV Azteca de ser prudentes y no ofrecer anticipadamente resultados definitivos, que eventualmente no coincidan con los resultados que ofrezca la autoridad electoral.

También debe persuadir al gobierno y en especial al presidente Vicente Fox de la necesidad de abstenerse de declarar triunfador a uno u a otro de los contendientes. No sería prudente, y además no le corresponde hacerlo.

El riesgo principal en este momento, dada la cerrada competencia política, podría radicar en la falta de prestancia del IFE para imponerse como el árbitro de las elecciones... que todos esperamos que sea.

En esa condición, debe realizar un intenso proceso de diálogo político para evitar que el poder de los medios y la impaciencia del gobierno, se atreviesen en su camino y disminuyan la relevancia del momento que le toca protagonizar el día de las elecciones, como portavoz de la voluntad de los ciudadanos.

En caso de que la distancia entre el primero y el segundo lugar en las preferencias electorales para la Presidencia, de acuerdo con los datos del conteo rápido, no sea superior a 1%, el Instituto Federal Electoral se abstendrá de dar como definitiva esa información.

Esta posición no ha sido suficientemente difundida y en cualquier caso, si se prevé un escenario de ese tipo, lo más recomendable es esperar al día de las elecciones, teniendo muy claros los escenarios y las probables decisiones que en cada caso sea prudente tomar.

En este momento, la sociedad espera que el IFE dé a conocer los resultados electorales, porque a la autoridad le corresponde hacerlo y porque como nunca antes, el que la autoridad ofrezca dichos datos es una condición necesaria aunque no suficiente, para alentar el clima de certidumbre que todos deseamos prevalezca, una vez concluida la jornada electoral.

La sociedad no tiene clara la diferencia entre los resultados que provienen de una encuesta realizada a la salida de las urnas, respecto de la información que resulta del PREP.

El instituto se encuentra a tiempo de aclarar qué va a hacer exactamente en la noche del 2 de julio. No debe dar por supuesto, que la sociedad mexicana está suficientemente informada al respecto.

El reconocimiento de los resultados electorales y la aceptación por parte de todos los adversarios del ganador de la contienda para presidente, no constituyen garantías suficientes para evitar que se interpongan recursos ante la autoridad jurisdiccional.

El riesgo mayor no radica en la judicialización del proceso electoral, sino en la politización desbordada de los resultados electorales.

La Constitución establece con toda claridad en su artículo 99 que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver en forma definitiva e inatacable, sobre: impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores, e impugnaciones sobre la elección de presidente, y una vez resueltas, proceder a la declaración de validez de la elección y la de presidente electo.

No hay vacío institucional ni legal al respecto. La autoridad jurisdiccional sólo debe actuar con la prestancia y solvencia legal necesarias. El problema radica en el desconocimiento de las vías constitucionales y legales por parte de los actores políticos.

Si una o dos de las fuerzas políticas de entre las tres principales opciones en disputa, decide explorar alguna vía no institucional para dirimir los conflictos electorales, una vez que la autoridad jurisdiccional hubiese emitido su última palabra, entonces sí podrían generarse problemas de gobernabilidad que pondrían en riesgo la estabilidad de nuestro sistema democrático.

La decisión más radical de parte de la autoridad jurisdiccional podría ser la anulación de las elecciones y el mandato para realizar un nuevo proceso electoral, acotado a la elección de presidente. Pero incluso ese escenario está previsto en la legislación electoral.

El problema, entonces, no es legal, sino político. Y podría empezar, la noche del 2 de julio si el IFE no se desempeña con la determinación que todos esperamos tenga en ese día histórico para el país.

Doctor en Ciencia Política y Sociología

El Universal (Mexico)

 


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