El conflicto entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio que construye la ampliación del canal, en el que participa la empresa española Sacyr, ha entrado en una fase en la que ya es improbable un acuerdo para decidir cómo se financia el extracoste de 1.600 millones de dólares necesario para acabar las obras en el plazo fijado. No se trata solo de que las negociaciones entre Panamá y el grupo constructor estén rotas; es que cualquier solución tropieza con la negativa de Panamá de adelantar más dinero sobre los 5.250 millones de dólares pactados. Panamá acusa a los constructores de paralizar las obras mientras que estos aseguran que ya no pueden mejorar su oferta de financiar al 50% el sobrecoste a la espera de que el tribunal de arbitraje determine quién tiene que pagarlo. La desconfianza y las decisiones percibidas como ofensivas dominan las relaciones entre las partes.

Todo permite suponer que las autoridades panameñas están calculando los costes de sustituir al consorcio constructor (en el que además de Sacyr participan la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana) por alguna de las empresas que participaron en el concurso original, como la estadounidense Bechtel, con gran influencia política en Estados Unidos y Panamá. Sería una mala opción. En primer lugar, porque retrasaría en un mínimo de tres años la finalización de las obras y después porque el coste añadido excedería probablemente los 1.600 millones en litigio. Además, hay diferencias notables de diseño entre la oferta del grupo constructor actual y la de sus competidores derrotados en julio de 2009. Todo esto ya lo sabe la ACP, por lo que es lógico suponer que se siente engañada por el Consorcio y la pérdida de confianza pesa más que los cálculos económicos.

Para el consorcio constructor —responsable, no lo olvidemos, de calcular mal el coste de remover las tierras para la ampliación— una ruptura definitiva tendría un impacto considerable en las cuentas de cada una de las empresas que lo forman. En el caso de Sacyr el efecto económico superaría los 420 millones de euros entre avales, seguros y fianzas, además de una pérdida de unos 10.000 empleos. Pero hay otra consecuencia, también grave, que debe tenerse en cuenta: el fracaso de la red de arbitrajes que se incluyen en los contratos para evitar un callejón de salida como el actual en el cálculo y aceptación del sobreprecio. Ni la ACP ni un organismo especial in situ para resolver disputas han encauzado el enfrentamiento. Será la Cámara de Comercio Internacional la que tendrá que resolver el desacuerdo.

Formalmente, ambas partes se declaran dispuestas a seguir la negociación; pero las posibilidades de acuerdo se han reducido. Este sería el momento adecuado para recurrir a una intervención política contundente (ambos Gobiernos y Bruselas) y obligar a que las obras concluyan con una financiación al 50% entre las partes, y que el arbitraje de la Cámara Internacional decida quién paga la factura.