En solo dos años la proporción de la población viviendo debajo de la línea de pobreza se disparó en más de 20 puntos porcentuales a un 54%. Múltiples factores causaron esta crisis, incluyendo el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones — un modelo proteccionista que buscaba reemplazar las importaciones industriales con productos domésticos. A través de los años, este modelo incentivó la creación de numerosas e ineficientes empresas estatales, cuya creciente carga financiera colapsó al Estado. Para 1980, el gasto público ascendía al 54% del producto interno bruto (PIB).

El país también se enfrentaba a un grave deterioro de los términos de intercambio, al dispararse el precio del petróleo al mismo tiempo que se desplomaba el precio de los pocos productos de exportación (principalmente café, azúcar, carne y banano). Al tiempo que la inversión extranjera directa dejó de llegar, el déficit de cuenta corriente se disparó en 1980 hasta un 12,6% del PIB. El entonces presidente Rodrigo Carazo (1978-1982) decidió recurrir al financiamiento externo para mantener el tipo de cambio fijo. La deuda externa de Costa Rica se cuadruplicó durante su mandato. Sin embargo, un aumento en las tasas de interés internacionales agravó la situación al subir el costo de financiamiento del Estado. En lugar de reducir el gasto público y deshacerse de empresas estatales onerosas, Carazo eligió hacerle frente a las deterioradas finanzas estatales mediante la impresión de dinero. Eventualmente, el gobierno se vio obligado a devaluar la moneda. La inflación aumentó vertiginosamente, enviando a cientos de miles de costarricenses a la pobreza.

Gobiernos subsiguientes implementaron reformas orientadas a la transición del sistema de sustitución de importaciones, que había estado en vigor desde la década de los sesenta, hacia un modelo orientado a la exportación. Una de esas reformas políticas clave fue la introducción de un régimen cambiario basado en minidevaluaciones diarias del colón, la moneda nacional. La meta original era proporcionar mayor seguridad a los exportadores para sus inversiones mediante la estabilización del tipo de cambio real. Sin embargo, a partir de 1999 el sistema de minidevaluaciones sirvió para aumentar cada vez más la competitividad del sector exportador mediante la subvaluación de la moneda nacional, reduciendo el precio de los bienes de exportación. Este sistema de minidevaluaciones también impulsó el sector turístico, que se ha convertido en la industria más importante de Costa Rica.

En la década de los noventa, Costa Rica implementó reformas adicionales: estableció zonas francas en las cuales las empresas gozan de un régimen libre de impuestos, siempre y cuando su producción fuera con fines de exportación únicamente. Gracias a estos y otros incentivos, en 1997 Intel eligió a Costa Rica como sede de una de sus plantas de microchips. Poco después, los semiconductores y accesorios informáticos reemplazarían al banano y al café como los principales productos de exportación del país. En la década de los 2000 otras compañías tecnológicas, farmacéuticas y de servicios siguieron su ejemplo invirtiendo en zonas francas costarricenses.

A mediados de la década de los noventa, Costa Rica también comenzó a negociar acuerdos de libre comercio, cuyo objetivo principal era abrir nuevos mercados para sus exportaciones. El país ahora cuenta con acuerdos de libre comercio con México, Chile, Perú, Panamá, el Mercado Común Centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua), la Comunidad del Caribe, la República Dominicana, EE.UU., Canadá, China, Singapur y la Unión Europea. Pronto entrarán en vigencia acuerdos con Colombia y la Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza). Como resultado de estas reformas, el valor de las exportaciones como porcentaje del PIB pasó de 27% en 1985 a 49% en 2007 — el año anterior a la crisis global financiera. (La cifra se redujo notablemente después de la crisis y equivalía al 37% del PIB en 2012).[1 ]

A finales de los ochenta y durante la década de los noventa la economía costarricense también acometió reformas estructurales importantes: la mayoría de las empresas estatales fueron privatizadas, aunque el Estado mantuvo sus monopolios en electricidad, telecomunicaciones, refinamiento y distribución de petróleo, seguros y producción de alcohol.[2] A los bancos privados se les permitió operar cuentas corrientes, pero el Estado mantuvo la propiedad de los cuatro bancos más grandes. Los aranceles sobre muchos bienes de consumo fueron eliminados o recortados significativamente: mientras que en 1985 la tasa promedio arancelaria era del 55%, en el 2000 fue sólo del 5,4%— donde permanece hasta el día de hoy.[3 ]

Estas reformas contribuyeron a una mejora significativa de Costa Rica en cuanto a libertad económica. El país pasó del puesto 62 en 1985 (entre 109 países) en el índice de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute, al puesto 23 en 2005 (entre 123 países).[4] La economía creció en promedio 4,7% anual desde 1987, una de los tasas más rápidas de América Latina.

El déficit social del modelo

A pesar de la liberalización económica y las robustas tasas de crecimiento, Costa Rica no ha sido capaz de reducir significativamente el nivel de pobreza en los últimos 20 años. La proporción de familias viviendo por debajo de la línea de pobreza cayó, a principios de los noventa, a un 20%, pero desde entonces se ha mantenido relativamente estable con algunos altos y bajos. En 2013 la tasa de pobreza era de 20,7%[5] (ver Figura 1). De forma preocupante, la desigualdad aumentó en la última década; Costa Rica fue uno de tres países de América Latina donde esto ocurrió desde el año 2000. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Índice de Gini de Costa Rica, una medición de desigualdad, subió de 0,47 en el 2000 a 0,50 en el 2011[.6]

El pobre desempeño de Costa Rica en los indicadores sociales se da a pesar de tener una gran cantidad de programas destinados a la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, en 2010 el gobierno gastó 2,2% del PIB en 44 programas antipobreza,[7 ]y esta cifra no incluye otros programas sociales de gran tamaño como la seguridad social y el seguro médico. Según la CEPAL, el gasto social de Costa Rica se encuentra entre los más altos de América Latina como porcentaje del PIB.[8 ]Hay algo definitivamente mal en un modelo económico que genera buen crecimiento pero es incapaz de disminuir la pobreza.

En realidad, el modelo económico de Costa Rica se encuentra en gran medida basado en un sistema mercantilista que está sesgado en favor de ciertos sectores de la economía. Una mirada a tres políticas económicas importantes hace esto evidente.

Política Monetaria

Desde 1987 hasta finales del 2006 el Banco Central de Costa Rica (BCCR) adoptó un régimen cambiario de minidevaluaciones. El objetivo declarado era proporcionar certeza sobre el tipo de cambio para los sectores externos de la economía (exportaciones, turismo). Durante este período de casi dos décadas, el país experimentó una alta tasa de inflación, que promedió 14,9% al año. Un factor importante que contribuyó a la alta inflación a finales de los ochenta y la década de de los noventa fue el hecho de que el Banco Central monetizó las enormes deudas que heredó de las empresas estatales ineficientes liquidadas a principios de los ochenta.

Mientras que durante los primeros 12 años del régimen de minidevaluaciones el BCCR efectivamente estabilizó el tipo de cambio real, la evidencia[9] sugiere que para el año 1999 las intervenciones del Banco Central empezaron a subvalorar el colón en mayor medida, lo cual le brindó una ventaja competitiva a los sectores externos de la economía. Esto alimentó la inflación ya que el BCCR devaluaba la moneda mediante la impresión de nuevos colones. Así, el régimen de minidevaluaciones se convirtió en un subsidio de los que sufrían una alta inflación (ciudadanos promedios que tenían colones) hacia aquellos cuyos ingresos y activos estaban en dólares (exportadores, la industria del turismo y los bancos privados, por ejemplo).

En diciembre del 2006 el BCCR adoptó un nuevo régimen cambiario en el que se permite que el dólar flote dentro de bandas fijas. Sin embargo, desde su creación —y con sólo un breve respiro durante la crisis financiera del 2008 — el dólar se ha pegado a la banda inferior de 500 colones por dólar, obligando al Banco Central a intervenir en repetidas ocasiones en el mercado cambiario para defender la banda inferior. Para ello, el BCCR compra dólares con colones (recién impresos). Desde diciembre del 2006, las reservas internacionales netas del BCCR se han incrementado en 134% — y ahora ascienden a $7.300 millones. Esto ha creado presiones inflacionarias significativas, ya que los colones recién impresos entran en la economía, diluyen el valor de los colones que ya estaban circulando, y, por lo tanto, empujan los precios al alza.[10] Como resultado, a pesar de que los niveles de inflación han disminuido desde la implementación del sistema de bandas cambiarias, la inflación todavía ha promediado 7% anual desde el 2007.[11]

Hay múltiples razones por las que el tipo de cambio se mantiene pegado a la banda inferior. La inundación de dólares hacia economías emergentes como resultado de los estímulos monetarios de la Reserva Federal es sin duda uno de ellos. Pero también puede darse el caso de que la tasa de cambio de equilibrio — en ausencia de los estímulos de la FED — se encuentre por debajo de la banda de 500 colones. En cualquier caso, la constante intervención del BCCR en el mercado cambiario tiene como objetivo mantener un tipo de cambio "competitivo" que beneficie al sector externo, aunque eso provoque presiones inflacionarias. En una franca entrevista en el diario La Nación de Costa Rica, el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, admitió abiertamente que la política monetaria de los últimos 30 años ha constituido un enorme subsidio a los exportadores y otros grupos.[12]

La inflación es el impuesto más regresivo, ya que castiga a los pobres más que a ningún otro sector de la población.[13] A diferencia de las clases altas y medias que se pueden proteger de manera más efectiva contra la inflación a través de la posesión de activos o el cambio de sus ahorros a monedas extranjeras, los pobres tienden a no poseer activos ni a tener ahorros significativos. Por lo tanto, no pueden proteger sus ingresos en colones (sueldos, pensiones u otros) de la inflación. La política monetaria de Costa Rica en los últimos 30 años ha subsidiado a los sectores acomodados de la economía a costa de una mayor inflación.

El proteccionismo agrícola

Como se mencionó anteriormente, la economía costarricense se abrió a las importaciones a principios de los noventa al recortar los aranceles de muchos bienes de consumo. Sin embargo, el país mantuvo altos aranceles en una serie de productos agrícolas clave, tales como leche (65%), arroz (35%), pollo (40-150%), frijoles (15-30%), carne de cerdo (35%), papa (45%) y cebolla (15%). Al negociar tratados de libre comercio, las autoridades costarricenses han logrado obtener largos períodos de desgravación para estos productos, o incluso exclusiones totales. Resulta que estos son precisamente los productos más consumidos por los sectores más pobres de la población.

El impacto en los pobres es significativo: un estudio realizado en 1998 por dos prominentes economistas costarricenses mostró que el proteccionismo agrícola reduce los ingresos de las 70.000 familias más pobres del país en un 41%.[14] Otro estudio realizado en 2002 encontró que el proteccionismo agrícola representa una carga de 17,5% sobre el ingreso del 20% más pobre de la población.[15] La situación de los pobres desde la publicación de esos estudios no ha mejorado considerablemente. Un vistazo al ingreso promedio per cápita del 20% más pobre de los costarricenses revela que el costo de la canasta básica de alimentos — tal y como la calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censo — aún representa una parte sustancial de sus ingresos per cápita (ver Tabla 1).[16 ]

A pesar de la retórica oficial sobre proteger a los pequeños agricultores, el proteccionismo agrícola en Costa Rica beneficia principalmente a los grandes productores, como la cooperativa Dos Pinos, un gigante que exporta productos lácteos a las Américas e incluso a China, pero que no enfrenta competencia del exterior. Mientras tanto, la empresa Pipasa, actualmente propiedad de Cargill, domina ampliamente el mercado del pollo.

El caso del arroz es particularmente revelador. Todos los productores de arroz en el país pertenecen a un cartel creado por el gobierno: la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz). Por ley, Conarroz es la única entidad privada con derechos de importación de arroz libre de impuesto. Además, el arroz es el único bien producido por el sector privado que aún se encuentra sujeto a controles de precios. Dado que normalmente la producción nacional de arroz cubre el consumo nacional por alrededor de la mitad del año, Conarroz puede comprar arroz extranjero a un precio bajo, importarlo libre de impuestos, y venderlo en el mercado interno al mismo precio alto al que se vende el arroz nacional. De acuerdo con un sondeo mensual de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), en noviembre del 2013 Costa Rica tenía el tercer precio del arroz más caro en el mundo.[17] En lugar de pasarles los ahorros a los consumidores, las ganancias se distribuyen entre los miembros de Conarroz de acuerdo la cantidad de arroz que producen cada año. Hay más de mil productores de arroz en Costa Rica, pero un grupo de 100 grandes productores son responsables del 70% de la producción del país;[18] ellos son los principales beneficiarios del esquema proteccionista actual.

Un estudio encargado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional ha determinado que el proteccionismo en el mercado arrocero costarricense representó una transferencia directa de casi $49 millones al año de los consumidores hacia los productores y las empresas industriales, entre 2001 y 2005.[19] El valor de este subsidio se ha más que duplicado desde entonces y llegó a $104 millones en 2012.[20] De acuerdo con un estudio, los más pobres son los que sufren más: la quinta parte más pobre de la población gasta 7,9% de su ingreso per cápita familiar en la compra de arroz, mientras que la quinta parte más rica gasta sólo 0,6%.[21]

Al igual que con la política monetaria, el proteccionismo agrícola es altamente regresivo. Debido a los acuerdos de libre comercio negociados en la última década, la mayor parte de este proteccionismo agrícola será eliminado, pero en períodos que se extienden hasta por 20 años. Mientras tanto, las familias más pobres de Costa Rica seguirán gastando una parte importante de sus ingresos en alimentos caros de primera necesidad.

Política fiscal y regulatoria

Mientras que el gobierno de Costa Rica ofrece incentivos fiscales y regulatorios para las empresas multinacionales, sofoca a los empresarios locales con altos impuestos y regulaciones asfixiantes. Costa Rica ocupa el puesto 102 (de 189 economías) en el informe Haciendo Negocios del Banco Mundial, que mide los costos de las regulaciones empresariales e impuestos en diferentes economías nacionales. La tasa de impuesto total (incluyendo tributos laborales, de renta y otros gravámenes) asciende al 55,3% de las utilidades de la empresa local promedio, en comparación con el — todavía alto — 47,3% promedio en América Latina y 41,3% en los países mayormente desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.[22]

Sumado a ello, en los últimos años el gobierno ha dificultado la obtención de crédito al sector privado, al incurrir en altos déficits fiscales financiados por deuda. La deuda pública aumentó del 39% del PIB en 2008 a aproximadamente el 54% en noviembre del 2013. El déficit fiscal estimado para el sector público en 2013 fue del 5,8% del PIB, y se espera que aumente al 6,6% para el año 2014. Esto sólo significa mayores tasas de interés para el sector privado de Costa Rica.

El ambiente empresarial hostil en Costa Rica también se ve reflejado en su puntuación de competitividad, medida en el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. En general, el país ocupa un puesto relativamente bueno en la casilla 54 (de 148 naciones). Sin embargo, en el indicador específico de "peso de la regulación gubernamental" cae al puesto 94. De hecho, según el informe, los factores más problemáticos para hacer negocios en Costa Rica son la burocracia estatal ineficiente, la falta de acceso al crédito y las onerosas regulaciones laborales y tributarias — además con una infraestructura deficiente.[23]

Gran cantidad de costarricenses no pueden hacerle frente a la alta carga tributaria y a las regulaciones del gobierno, y por ello recurren al trabajo informal. Los últimos datos muestran que el 33,6% de la fuerza laboral del país trabaja en el sector informal.[24] La capacidad del país para reducir la pobreza se verá seriamente obstaculizada mientras uno de cada tres adultos costarricenses que trabajan esté empleado en el sector informal.

Una "generación perdida"

Otros economistas señalan que el aumento de la desigualdad en Costa Rica se explica por la creciente brecha en las habilidades y educación de los trabajadores.[25] La demanda de mano de obra calificada ha aumentado relativamente más que la demanda de mano de obra no calificada, sobre todo en los sectores más dinámicos de la economía. La transformación que la economía costarricense experimentó en los últimos 30 años ha contribuido a este fenómeno.

Pero hay otra razón para que se haya ampliado la diferencia de ingresos en los trabajadores calificados y no calificados. Como resultado de la crisis económica a inicios de los ochenta, la tasa de matrícula de alumnos en estudios secundarios — que había venido creciendo constantemente desde 1950 — cayó significativamente en casi 10 puntos porcentuales entre 1980 y 1985,[26] ya que las familias debían enviar sus hijos adolescentes a trabajar. Esta tasa no volvió a los niveles anteriores a la crisis hasta 1999, lo cual significa que hay toda una generación de trabajadores poco calificados en Costa Rica actualmente en la fuerza laboral. Según el Estado de la Nación, una reseña anual de la situación del país, el 60% de la fuerza laboral del país es no calificada (no finalizó la secundaria). El informe añade que la mayoría de los nuevos empleos se crean en los sectores que requieren mano de obra calificada.[27] De esta forma, la creciente brecha salarial continuará.

El país todavía está pagando el precio del colapso del antiguo modelo económico dominado por el Estado. El aumento de la desigualdad en la última década es un subproducto de esa generación perdida de costarricenses que no pudieron terminar la secundaria y buscar estudios superiores debido a la aguda crisis a inicios de los ochenta. Y este fenómeno se ha visto agravado por políticas económicas equivocadas que deprimen los ingresos y frustran los esfuerzos emprendedores de los sectores más pobres de la población.

Conclusión

La transformación económica de los últimos 30 años en Costa Rica incluye numerosas medidas de liberalización, pero una mirada detallada revela un fuerte sesgo mercantilista. Gobiernos sucesivos adoptaron regímenes monetarios, comerciales, fiscales y regulatorios que beneficiaron a los sectores exportadores de la economía, a expensas de la población en general, especialmente los pobres. Como resultado, a pesar de que el país ha disfrutado de un crecimiento robusto durante más de 25 años, la proporción de costarricenses que viven por debajo de la línea de pobreza sigue estando más o menos al mismo nivel que en 1994 — rondando el 20% —, mientras aumenta la desigualdad en los ingresos.

Costa Rica necesita reformas de mercado genuinas que eliminen los poderes que le permiten al Estado elegir a ganadores y perdedores o, en su defecto, otorgar favoritismos. En las áreas antes mencionadas, el país debe

• Implementar un régimen de tipo de cambio neutral, ya sea permitiendo que el colón flote libremente frente al dólar de EE.UU., o mediante la adopción del dólar como moneda oficial del país.
• Abolir los aranceles sobre productos agrícolas, así como otras regulaciones que proporcionan poderes monopolísticos a corporaciones agrícolas que producen bienes como el arroz, la carne y el azúcar; y eliminar los controles de precios sobre el arroz.
• Eliminar las regulaciones que actualmente asfixian las iniciativas emprendedoras nacionales, siguiendo las directrices establecidas por el proyecto Haciendo Negocios del Banco Mundial.
• Adoptar un régimen tributario neutro y competitivo, que grave todas las empresas domiciliadas en el país por igual, pero a una tasa baja.

Referencias:

1. Banco Mundial, "Indicadores de desarrollo mundial online", Datos y estadísticas del Banco, .

2. Los monopolios estatales de seguros y telecomunicaciones se abrieron a la competencia en el 2008 como parte de la implementación del TLC con EE.UU. Sin embargo, el Estado mantuvo la propiedad de sus empresas en esos sectores que siguen dominando sus respectivos mercados.

3. James D. Gwartney, Robert A. Lawson, y Joshua Hall, Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual (Vancouver: Fraser Institute, 2013), p. 60.

4. Ibid. Desde el año 2005 la calificación de Costa Rica y la clasificación en el índice se han deteriorado, y ahora se sitúa de 49 entre 152 países.

5. En el 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cambió la forma en que se calcula la tasa de pobreza, indicando que los datos de la pobreza antes de ese año no son "estrictamente comparables" con los de años siguientes. La proporción de costarricenses que viven por debajo de la tasa de pobreza se incrementó en 2,8 puntos porcentuales entre 2009 y 2010, cuando INEC aplicó su nuevo método de cálculo de la pobreza. Sin embargo, la tasa de pobreza ya iba en aumento desde el año 2008 antes del cambio del INEC. A pesar de que los datos no son "estrictamente comparables" a partir del 2010, es la única información a la mano para comparar las tasas de pobreza a través de los últimos 25 años. Vale la pena señalar que nadie, incluido el gobierno, ha sugerido que el aumento de la tasa de pobreza es resultado del cambio de metodología. Los datos están disponibles en http://www.inec.go.cr/enaho/result/pobreza.aspx.

6. En el Índice de Gini, cero significa igualdad perfecta, mientras que uno representa la desigualdad perfecta. Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, CEPALSTAT-Bases de datos.

7. Contraloría General de la República, Informe No. DFOE-SOC-IF-12-2011, 18 de Noviembre, 2011, p. 3.

8. Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, CEPALSTAT-Bases de datos.

9. Según cálculos del economista Melvin Garita, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) incrementó exponencialmente el ritmo de acumulación de reservas de divisas desde 1999, lo que, en el contexto de un tipo de cambio fijo, indica que la divisa se está subvaluando. Melvin Garita, "Tipo de cambio y sector exportador: Impactos y propuestas", comisionado por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Mayo 2010, p. 10.

10. El BCCR ha “esterilizado” activamente los colones recién impresos mediante la venta de bonos a las instituciones financieras nacionales para así retirar la cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, a pesar de que ha contribuido a una disminución de la tasa de inflación en los últimos años, la política tiene sus límites ya que los niveles de emisión monetaria han sido excesivos.

11. Para ser justos, el récord de inflación del BCCR ha mejorado en los dos últimos años: fue del 4,5% en el 2012 y del 3.7% en el 2013.

12. "Hay que discutir cómo financiar el subsidio a los exportadores", La Nación, entrevista con Rodrigo Bolaños, 25 de Marzo, 2013, p. 26A.

13. Un estudio realizado en el 2001 por William Easterly, en ese entonces en el Banco Mundial, y Stanley Fisher, en ese entonces en el Fondo Monetario Internacional, analizó datos de 31.869 hogares en 38 países y encontró que "medidas directas de mejoras en el bienestar de los pobres, como el cambio en su participación en el ingreso nacional, el descenso de la pobreza extrema, y el porcentaje de cambio en el salario mínimo verdadero, se correlacionaban negativamente con la inflación en las muestras entre países agrupados. William Easterly y Stanley Fisher, "Inflation and the Poor", Journal of Money, Credit and Banking 33, no. 2 (mayo de 2001) : 160-78.

14. Ricardo Monge-González y Julio Rosales, "Apertura comercial e inversión extranjera", en Ronulfo Jiménez (ed.), Estabilidad y desarrollo económico en Costa Rica: Las reformas pendientes (San José: Academia de Centroamérica, 1998).

15. Luis Figueroa y Víctor Umaña, "Los retos de la política comercial y de la agricultura en Centroamérica: Elementos para la discusión", Working Paper CEN 560, CLACDS-INCAE Escuela de Negocios, 2002.

16. La canasta básica de alimentos (CBA) representa el costo del consumo calórico mínimo de una persona promedio. No mide un consumo adecuado de calorías, sino el mínimo. La tabla presenta un panorama amplio del costo promedio de la CBA como proporción del promedio nacional de ingreso per cápita del primer quintil de la población. Un análisis más detallado requeriría mirar los promedios regionales de los ingresos y costos regionales de la CBA, lo cual va más allá del alcance de este documento. La metodología para el cálculo de la media nacional del ingreso per cápita y el costo promedio nacional de la CBA sufrió varios cambios durante este período. Teniendo en cuenta los cambios en la metodología, la construcción de la tabla se ajusta a las recomendaciones de los expertos del INEC con el fin de presentar las cifras de una manera comparable. La tabla muestra que, mientras que el costo de la CBA representaba 101,2% del ingreso promedio del primer quintil de la población en 2004, esa proporción había descendido a 82,0% en el 2013. Podría parecer contradictorio que a pesar de esta mejora, la proporción de costarricenses que viven en la pobreza no haya mejorado durante este período. Sin embargo, la CBA sirve como umbral para medir la pobreza extrema: una persona que no puede comprar esta CBA se considera que sufre de pobreza extrema. Por otro lado, el umbral para medir la pobreza es la canasta básica total (CBT), que incluye, además de la CBA, otros bienes y servicios no alimentarios. Si bien en la última década la persona promedio en el primer quintil ha visto sus ingresos aumentar más rápido que la CBA, este aumento no ha sido lo suficientemente rápido como para compensar el alza en el costo de la CBT durante este período.

17. Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, Seguimiento del Mercado del Arroz 16, no. 4 (Noviembre 2013): 22–23.

18. Nelson Arroyo, Rudolf Lücke, y Luis Rivera, "Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de separate comercialización", Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), 24 de abril, 2013, p. 95.

19. Diego Petrecolla, "Costa Rica: agrocadena del arroz", encargado por el Banco Mundial Corporación / Financiera Internacional, Junio del 2006, p. 71.

20. "Países de OMC están satisfechos con posible fin a subsidio arrocero en Costa Rica", La Nación, 14 de Junio, 2013, .

21. Petrecolla 2006, p. 73.

22. Banco Mundial, Haciendo Negocios 2013: Entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas (Washington: Banco Mundial, 2013).

23. Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Global 2013-2014 (Genova: Foro Económico Mundial, 2013), pp. 176–77.

24. "Empleo informal se redujo cuatro puntos porcentuales en la región", El Financiero, 18 de diciembre, 2012.

25. Ronulfo Jiménez y Víctor Hugo Céspedes, "La desigualdad en la distribución del ingreso en Costa Rica: 1988–2004", en Víctor Hugo Céspedes y Ronulfo Jiménez (ed). Distribución del ingreso en Costa Rica; 1988–2004 (San José: Academia de Centroamérica, 2007).

26. Información proporcionada por el Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, en su página de Facebook el 30 de diciembre, 2013. La información proviene del departamento de Estadísticas del Ministerio de Educación pública.

27. Programa Estado de la Nación, Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (San José, Programa Estado de la Nación, 2013).