Al inaugurar ayer un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, Cristina Fernández de Kirchner inexplicablemente evitó referirse a las dos principales preocupaciones actuales de los argentinos, que son la inflación y la inseguridad , al tiempo que omitió cualquier mención al problema del narcotráfico. Optó, en cambio, por ofrecer un prolongado repaso de los supuestos logros de la última década, en un mensaje que fue calificado con acierto por legisladores de la oposición como una muestra más de autismo autorreferencial.

El difícil momento económico que atraviesa la Argentina tornaba necesaria una pormenorizada explicación presidencial a la Asamblea Legislativa acerca de las medidas que está tomando el gobierno nacional para enfrentar la inflación y la tensión en el mercado cambiario, agravada desde la imposición del cepo cambiario en 2012. Pero la primera mandataria no hizo una sola mención de este tema ante los legisladores. Apenas aludió a esta cuestión fuera del Palacio Legislativo cuando, al dirigirse a los seguidores que la aclamaban desde la plaza del Congreso, los convocó a "cuidar los precios" y "no permitir que les robe nadie".

Pareció insistir de ese modo la Presidenta en que la inflación es un problema absolutamente ajeno a su gobierno, que obedece meramente a la actitud de empresarios angurrientos que pretenden apropiarse de la supuesta renta de un "modelo exitoso". Perdió así la jefa del Estado una magnífica oportunidad para aclarar la política que están desarrollando las autoridades nacionales para aquietar la suba del dólar o para explicar el fuerte aumento que han experimentado las tasas de interés y los objetivos que se ha trazado el Gobierno en materia de política monetaria. Tampoco explicó de qué manera iba a garantizar su anunciado propósito de "mantener muy vigoroso el consumo interno", en momentos en que se advierten señales de recesión.

Eran indispensables tales precisiones en un contexto donde el presupuesto de gastos y recursos del Estado nacional para este año, ideado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, amenaza con quedar largamente desfasado.

Ni la economía argentina está creciendo, como anunció la Presidenta, ni la pobreza está bajando, como pareció sugerir. Si el Indec se dignara a difundir la canasta familiar sobre la base del verdadero aumento que está experimentando el costo de vida, se advertiría que el porcentaje de pobres e indigentes es varias veces superior al que proclama el relato oficial.

La victimización constante sigue siendo el eje de todos los discursos presidenciales. Ayer, Cristina Kirchner insistió en que "se nos fueron 60.700 millones de dólares en ocho corridas cambiarias". Al referirse a este fenómeno de las "corridas", la jefa del Estado sugiere que fueron hechas por oscuros personajes del mundo financiero para perjudicarla a ella, sin hacerse cargo de los errores y los gestos inapropiados que su gobierno pudo haber cometido para provocar tanta desconfianza en los agentes económicos y en buena parte de la población, que advierte que la mejor forma de cuidar sus ahorros es huyendo de un peso que vale cada vez menos. Este proceso de deterioro de nuestra moneda radica en una política de fuerte emisión monetaria orientada a financiar el déficit fiscal.

A nadie escapa que el creciente déficit de las cuentas fiscales guarda mucha relación con el desequilibrio energético del país, que nos obliga a importar cada vez más combustibles. Frente a esta realidad, la Presidenta se escudó en la recuperación del control de YPF para el Estado nacional, destacando que por primera vez desde 2004 la empresa petrolera registró el año último un aumento en su producción. Dejó de lado que su gobierno fue corresponsable del proceso de desinversión que hoy explica el déficit de energía.

Con relación al informe brindado en materia de infraestructura, cabría preguntarse por qué si la red eléctrica se duplicó desde 2003 sigue habiendo tantos cortes de luz. Del mismo modo, resultan positivas las inversiones anunciadas para modernizar los ferrocarriles, aunque es imperioso preguntarse por qué el gobierno kirchnerista debió esperar a que sucediera la tragedia de Once para encarar esos cambios tan esperados.

En el campo internacional, la Presidenta pareció admitir el fracaso del acuerdo celebrado con Irán para facilitar la investigación del atentado contra la AMIA producido en 1994 y ofreció una tardía oportunidad al Congreso para planificar un proyecto que posibilite tomarles declaración indagatoria a los iraníes imputados en aquel crimen.

Constituyó esta admisión uno de los aspectos más novedosos del mensaje presidencial, junto a un ponderable empeño por imponer la discusión sobre el tema del presentismo en la negociación salarial con los docentes. Cristina Kirchner se preguntó con buenas razones si es justo que un maestro que concurre todo el año a impartir clases cobre lo mismo que otro que falta cuando quiere y se toma cuanta licencia puede.

Con todo, el ítem más llamativo del discurso fue su iniciativa para impedir los piquetes callejeros que interrumpan la circulación del resto de las personas -"No puede ser que diez personas te corten una calle y no pase nada", se quejó-, una feliz rectificación de la Presidenta, luego de muchos años en los cuales los sucesivos gobiernos kirchneristas toleraron con frecuencia esa metodología, amparándose en el criterio de que ninguna protesta social podía ser criminalizada. Al menos en este punto, por una vez, Cristina Kirchner dejó de lado el discurso militante y pareció descubrir la Constitución nacional..