Cuando ya van tres semanas, está claro que la estrategia represiva del gobierno venezolano es selectiva, quirúrgica dirían algunos: evitar la matanza indiscriminada, por ahora al menos, buscando controlar la revuelta por medio de un efecto disuasivo. Que sean la fatiga y el miedo los que vacíen las calles. De ahí que los muertos sean 14 y no 140 ó 1.400. Por ello, “el que se cansa pierde” retrata cabalmente lo que está en juego para la oposición.

Venezuela no es Siria, por cierto, y tampoco Ucrania. Pero no por eso deja de ser una seria crisis de derechos humanos, plagada de violaciones además agravadas por el desabastecimiento de insumos y alimentos básicos. Así comenzaron a escucharse voces en la comunidad internacional. Primero fue la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando las violaciones, la impunidad de los colectivos armados y llamando a una investigación de los asesinatos. Le siguió el Secretario General, Ban Ki-moon, con un llamado a la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos. El Parlamento Europeo fue aún más allá. En una detallada resolución—que inclusive identifica un patrón de abusos que se remonta al año 2007—concluye recomendando el envío de una delegación para evaluar la situación.

Ese es el meollo de la cuestión. La relativa baja intensidad represiva persigue fundamentalmente evadir la intervención externa. No es casual que a medida que dejamos Europa y la ONU, y nos acercamos a las instancias multilaterales latinoamericanas—Celac, Unasur, Mercosur y la propia OEA, todos instrumentos de la petrodiplomacia venezolana—los argumentos vayan en esa dirección: impedir la intervención, o sea, mantener el conflicto fuera del radar de la comunidad internacional.

En mi columna de la semana pasada, hice mención a “la desmemoriada izquierda latinoamericana”, su hipocresía y su pobreza intelectual. Esto último describe especialmente las acciones—y las no-acciones—de la OEA. Primero fue la reunión del Consejo Permanente, convocada por Panamá, que fue suspendida “hasta nuevo aviso”; decisión supuestamente basada en el incumplimiento de un requisito del reglamento—la disciplina burocrática invocada para no hablar de Venezuela. A continuación, diversas declaraciones a la prensa por parte de su Secretario General enfatizaron dos temas recurrentes: que Venezuela es una sociedad dividida—siendo los venezolanos quienes tendrían que dialogar para resolver sus diferencias—y que por ello, la OEA no intervendrá—porque “los tiempos de la intervención ya pasaron”.

Esto sugiere dos reflexiones. Primero, es muy cierto que Venezuela es una sociedad profundamente dividida y, aparentemente, empatada en dos mitades. Lo que no se puede omitir, porque es grave y urgente, es que una de esas mitades tiene control del aparato del Estado, es decir, de los instrumentos de coerción, incluida la fuerza de choque en motocicleta que hace el trabajo sucio. La otra mitad, por su parte, anda de a pie, sólo tiene el temporario control de la calle y, si es que está armada, lo está con piedras y molotovs. Esto sin olvidar que ni la prensa ni los jueces son independientes. La división en cuestión es marcadamente asimétrica. Un diálogo sin veedores externos sólo puede servir para mantener el statu quo, para perpetuar la asimetría existente y su concomitante violación de derechos. Así de simple.

La segunda reflexión es acerca del principio de intervención en sí mismo. La OEA pertenece de facto al sistema de Naciones Unidas, cuyo principio organizador fundamental es la diplomacia preventiva. Es decir, la detección temprana, seguida de la intervención y mediación para evitar el escalamiento del conflicto y prevenir masivas violaciones de derechos, incluyendo la pérdida de vidas. En este esquema, las Naciones Unidas frecuentemente coordinan y delegan estas operaciones en las organizaciones regionales, por obvias razones logísticas.

En consecuencia, la OEA siempre intervino, ese es exactamente su mandato institucional. Sin contar las gestas de la CIDH contra las dictaduras de los setenta, las misiones a Venezuela en 2002-03, Honduras en 2009 y Paraguay en 2012, en cumplimiento de su propia Carta Democrática de 2001, son sólo algunos ejemplos más recientes. ¿Qué tan pasados, entonces, están los tiempos de la intervención a los que se refiere el Secretario General? ¿Por qué no enviar al menos una delegación de evaluación, como sugiere el Parlamento Europeo? El gobierno venezolano seguramente estará de acuerdo con la intervención. Si las protestas son parte de un golpe de estado, una misión internacional serviría para preservar la estabilidad institucional.

Lo que ocurre es que no hay tal golpe. O en todo caso, si lo hay, es interno, causado por las visibles fracturas al interior del chavismo. De este modo, muchas preguntas quedan sin respuesta. La OEA le adeuda a la comunidad internacional una explicación seria acerca de su no-intervención. ¿Esa lógica también valdría para que los ucranianos—otra sociedad dividida—dialoguen con Yanukovich, y ahora con Putin, sin monitoreo internacional? ¿Y las comunidades gay y lesbiana ugandesas también tendrían que dialogar con el gobierno que acaba de criminalizar su orientación sexual? Si hasta el Banco Mundial intervino en Uganda, suspendiéndole créditos a raíz de esta legislación. Hay veces que resulta difícil explicar lo inexplicable, aun para el poder.

Una añeja teoría política dice que cuando dos partes están en conflicto, la parte débil busca hacerlo público, para aumentar el número de participantes del mismo y equilibrar fuerzas. La parte más fuerte, a su vez, buscará mantener el conflicto en privado, por la simple razón que eso le permitirá mantener la correlación de fuerzas existente. Es como en la psicología del abusador, para quien el abuso siempre es un problema privado. En materia de derechos humanos, cuando uno no interviene el conflicto permanece en privado, y eso favorece al más fuerte. Uno se convierte en cómplice de la violación de esos derechos.

Héctor Schamis es profesor en Georgetown University, Washington DC.

Twitter @hectorschamis