La propaganda en torno a El Chapo me ha hecho recordar la caracterización que de Adolph Eichmann hizo Hannah Arendt cuando cubrió su juicio en Jerusalém. Aunque es evidente que el Holocausto nada tiene que ver -en dimensiones, escala, trascendencia, horror o maldad- con el narco, la fotografía del personaje de Sinaloa permite observar que se trata de un mero eslabón de una larga cadena donde el individuo, aislado de su mafia, no es más que un simple "funcionario" mas. Por eso, por más que sea meritoria su captura, el problema que asedia a la población –extorsión y secuestro- no cambia con la detención de un capo, sino exige atención a todo el sistema que lo hace posible. La gran pregunta es si esta detención envalentonará al gobierno para enfrentar el verdadero desafío.

El gobierno tiene razón en autofelicitarse y nadie puede escatimarle el crédito de haber capturado a quien, por tantos años, se había burlado del sistema de justicia. El gobierno se puede vanagloriar de su eficacia, pero ahora tendrá que demostrar que realmente está dispuesto a diseñar y hacer valer una estrategia que trascienda el asunto del individuo en cuestión o, incluso, del negocio del narco en su conjunto, para atender el tema que yace en el fondo, que es la seguridad de la población y la ausencia de un gobierno eficaz que la haga efectiva.

La captura es importante por su simbolismo: a partir de ahora se podría desarrollar un plan serio de lucha contra la impunidad, pero en esto la historia no es encomiable. A pesar de la narrativa que con celeridad se construyó respecto a la mecánica de la detención, la información proveniente del exterior sugiere que no hubo nada excepcional en el actuar de las fuerzas de seguridad. Fueron entidades estadounidenses las que aportaron los datos cruciales que hicieron posible que la Marina capturara al capo con tanta limpieza y eficacia. Nada malo en ello, pero hizo patente que no existe una nueva estrategia.

El asunto de la estrategia es más relevante de lo que se pudiera pensar. En primer lugar, cabe preguntarse si en realidad existe la convicción de que es necesario reconstituir a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población. Aunque hace un año el presidente lanzó elogios a la reforma policiaca de Nuevo León, no hay indicio alguno de que ésta, u otra, se esté aplicando para lograr lo que a todas luces es medular: desarrollar capacidad policiaca y judicial a nivel estatal y local.

En segundo lugar, si efectivamente no existe una estrategia de seguridad, ¿seguimos con la estrategia estadounidense de “cortar cabezas”? En concepto, la búsqueda de capos y su “eliminación” o encarcelamiento tiene todo el sentido del mundo porque se avanza la causa de la justicia y se ataca la impunidad de frente. Sin embargo, esa estrategia quizá sea viable o idónea para el territorio norteamericano donde existen autoridades policiacas y judiciales funcionales en los tres niveles de gobierno: cuando se detiene a un capo, las policías locales actúan contra el resto de la mafia involucrada y, usualmente, logran desarticular a la organización en su conjunto. La experiencia de México y, no sobra decirlo, de Irak, sugiere que esa estrategia es contraproducente donde no existe una similar estructura de autoridad, porque la captura del capo no conduce al desmantelamiento de la organización, sino a su fragmentación, con el consecuente ascenso en los niveles de violencia. Con esto no quiero sugerir que se debe abandonar la búsqueda y captura de líderes, pero sí que no es suficiente, ni siquiera lo más relevante.

Ahí yace el problema: existe la posibilidad, nada remota, de que la detención del gran capo se convierta en un trofeo de vitrina que, como en el caso de la lideresa de los maestros, no tenga trascendencia más que en cuanto al efímero beneficio de hacer aparecer al gobierno como más eficaz de lo que realmente es. Por ello, toca ahora al gobierno determinar cómo usará la detención, confiadamente de manera más efectiva y perdurable que en el caso anterior.

Porque, a final de cuentas, el verdadero problema de México no reside en el narcotráfico, sino en la incapacidad de nuestro sistema de gobierno (en los tres niveles) de mantener la paz, proteger a la población y crear un clima de estabilidad para que sea posible que la economía progrese. Nadie le puede pedir al gobierno, a sólo un año de inaugurado, que entregue cuentas perfectas, pero es claro que no hay una estrategia que conduzca a ese fortalecimiento institucional (comenzando por policías y poder judicial), donde yace la única posibilidad de, eventualmente, resolver los problemas de seguridad del país.

Mark Kleiman afirma que la clave reside en utilizar la capacidad policiaca y judicial existente para imponerle a las mafias del narcotráfico reglas y límites tan severos –aunque modestos al inicio- como sea capaz de hacer cumplir, seguido de un fortalecimiento sistemático de esa capacidad hasta que logre imponer la paz y limitar el actuar de los narcos estrictamente al movimiento de sus mercancías hacia el norte. La captura de El Chapo permite darle vuelo a una estrategia así, pero sólo funcionará si de verdad se diseña y hace funcionar. Para eso la retórica es insuficiente: se requiere actuar.