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10/03/2014 | Peña Nieto y ''El Chapo'' Guzmán

América Economía Staff

Ha sorprendido el arresto por parte del gobierno mexicano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa y el narcotraficante más poderoso del mundo según el gobierno de Estados Unidos.

 

Sorprende porque parecía indestructible. Con una fortuna personal estimada en US$1.000 millones, era uno de los hombres más buscados del mundo, y había eludido a la justicia desde que escapó de prisión en el año 2001. El Cartel de Sinaloa es el exportador número uno de cocaína a Estados Unidos y también fabrica, interna y distribuye metanfetamina, heroína y marihuana a Europa y EE.UU. La influencia y alcance de “El Chapo” habían superado a los del legendario colombiano Pablo Escobar Gaviria y se pensaba que sus narcodólares habían comprado a policías, generales y procuradores, además de ganar el apoyo de muchos habitantes de su estado natal de Sinaloa, a quienes ofrecía puestos de trabajo, dinero y seguridad.

Pero la mayor sorpresa por la captura de “El Chapo” Guzmán surge de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, empeñado en desmantelar otro tipo de carteles, no parecía haberse enfocado en la lucha contra el crimen organizado. El arresto de Guzmán, sumado a la captura en julio pasado de Miguel Angel Treviño Morales, sindicado como jefe de Los Zetas, y un mes después de Mario Ramírez Treviño, sospechoso de encabezar el Cartel del Golfo, indican que la estrategia antidrogas de Peña Nieto está resultando más exitosa que lo que se pensaba.

La caída de Guzmán, un hombre convertido en leyenda con participación en 288 empresas en una decena de países, que iban desde guarderías infantiles hasta fundaciones filantrópicas, es ciertamente un gol para Peña Nieto, similar en impacto a lo que la muerte de Osama Bin Laden le significó a Barack Obama.

La captura la hicieron marinos y efectivos policiales, con información proporcionada por la DEA (Drug Enforcement Administration) de Estados Unidos. Ese hecho es también un punto a favor del gobierno mexicano, porque hace ocho meses Estados Unidos se quejaba de que la colaboración mexicana en la guerra contra las drogas se estaba poniendo difícil. México respondió a eso diciendo que las formas de colaboración entre las agencias antinarcóticos se estaban modificando para ser más eficaces, aseveración que ahora es ratificada por los hechos.

El problema ahora para el gobierno es juzgar a Guzmán, condenar y -más difícil- mantener en prisión, a un hombre con todavía muchísimos recursos para eludir a la justicia y que de hecho ya se fugó de una cárcel mexicana en 2001. Una nueva fuga sería un golpe terrible para el gobierno de Peña Nieto, y reafirmaría la imagen de México como país violento, poco digno de confianza y hasta corrupto.

Por ese motivo, no deben faltar ganas en México de traspasar el problema a sus vecinos y extraditarlo a Estados Unidos, donde tiene un cúmulo de cargos acumulados en su contra. En Chicago, por ejemplo, Guzmán ha sido designado oficialmente como “enemigo público número uno”, apelativo que la justicia de la ciudad usó por última vez con Al Capone.

Enviarlo a Estados Unidos sería un error.

La captura del Chapo Guzmán le da a México la posibilidad de mostrarle al mundo que tiene un poder judicial y un sistema carcelario que funcionan. Así como la detención de El Chapo ha sido una muestra de eficacia policial y de coordinación entre las distintas fuerzas de la ley, juzgarlo, condenarlo y mantenerlo en prisión inspiraría confianza a los mexicanos en su propio sistema de justicia.

Si esto no es posible, sería porque México carece de una fuerza policial, un poder judicial y un sistema carcelario que funcionan bien. Y hay evidencia de que esto es así. Las “autodefensas”, por ejemplo, son una respuesta ciudadana a la narcoviolencia ante la insuficiente o inexistente acción policial o judicial.

Enrique Peña Nieto ha demostrado que es capaz de hacer reformas de fondo en áreas tan espinudas como la educación y la energía. Ya debe saber que la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán le da la oportunidad -y la obligación- de reformar las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, fortaleciendo las instituciones policiales y judiciales a nivel estatal y local.

América Economía (Chile)

 


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