La aprehensión más esperada de los últimos 13 años es menos importante de lo que se cree, aseguran dos de los investigadores sobre el narcotráfico más reputados del continente. Con el Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán creó una organización tan horizontal que su supervivencia ni siquiera depende de la violencia que despliegue o del líder que la encabece. Este fenómeno es parte de una dinámica global que el gobierno mexicano no ha analizado: se están diversificando la naturaleza de los cárteles y el tipo de actores que participan en el sistema criminal.
La delincuencia organizada en México es una maquinaria
tan desarrollada que la caída de un jefe como Joaquín El Chapo Guzmán sólo
tiene un impacto modesto en su operación. Aun cuando la captura del líder más
mediático del Cártel de Sinaloa puede traer episodios de violencia, lo que se
espera son nuevas alianzas –empezando por las políticas– para garantizar el
funcionamiento de sus lucrativos mercados ilegales.
La organización delictiva en activo más antigua de
México, el Cártel de Sinaloa, logró descentralizar su operación, incrementar
sus redes de resguardo gubernamental y extender su influencia a actores
económicos e internacionales para crear una de las mafias más poderosas del
mundo.
Después de tres décadas de existencia tiene una
estructura horizontal que le otorga niveles de resistencia altísimos, aseguran
los investigadores colombianos Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarrán,
quienes acaban de publicar el libro Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo
las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y
México.
A partir de expedientes judiciales, los autores
identifican en su libro algunas de las estructuras de protección política y los
vínculos económicos que han permitido la operación de las bandas en los tres
países. Ya en otras obras habían realizado análisis similares con el caso de la
frontera de México con Estados Unidos, la Cosa Nostra siciliana y las
agrupaciones delictivas de Europa del Este.
Entrevistados en México cinco días después de la
recaptura de Guzmán Loera, relativizan el alcance de la detención por parte de
la Marina y la DEA, el pasado 22 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.
“Estaba mediatizado como el gran concentrador del
poder en la organización. Puede haber duda de que eso fuera así en las últimas
épocas, porque el de Sinaloa ya no es un cártel, sino una estructura de redes
que trabaja simultáneamente en al menos una decena de mercados ilegales”,
explica Garay.
Añade: Siempre es bienvenida la aprehensión de un
líder o patrón de una organización criminal trasnacional. Sin embargo las
nuevas estructuras se conforman no sólo por agentes del delito, sino
primordialmente por actores que actúan entre la legalidad y la delincuencia.
Los investigadores colombianos proponen trascender el
término “cárteles del narcotráfico”. El concepto debe ser la “ilegalidad”, que
comprende muchas actividades: tráfico de estupefacientes, drogas sintéticas,
armas, trata de personas, extorsión, piratería, minería delictiva y otras.
“Hablar de narcotráfico a estas alturas es perverso
para el imaginario público. Hay que hablar de la ‘ilegalidad trasnacional’,
porque centrarlo sólo en el narco es perder de vista que estamos en un contexto
de ilegalidad mucho más amplio”, detalla Garay.
Sobre el funcionamiento de esas nuevas agrupaciones,
Salcedo-Albarrán asevera: Cuando se reconstruye una estructura delictiva se
crean subredes, grupos con relativa autonomía articulados por un actor que los
vincula a la red general. Eso implica que cada facción –y ese es uno de los
motivos por los que no hay que hablar de cárteles, sino de redes criminales–
tiene un nivel muy alto de descentralización.
Ya no son organizaciones como el Cártel de Medellín
–dirigido por Pablo Escobar durante los ochenta, en Colombia–, que eran
piramidales y donde toda decisión pasaba por el capo. “(Ahora) se tendrían que
retirar muchísimos actores para que hubiera una desarticulación relativamente
efectiva”, afirma.
Los efectos que la detención del Chapo traiga a su
grupo dependerán del nivel de concentración que ejercía. “Hay personas que
concentran capacidad de decisión y cuando se retiran provocan cambios, pero en
estricto sentido las redes sociales y las redes criminales no desaparecen. No
van a desaparecer 100, mil o 10 mil personas que están interactuando. Lo único que
hay es un cambio”.
Un escenario es que la caída de Guzmán Loera
desemboque en más violencia, pero Garay lo pone en duda. Primero porque el
Cártel de Sinaloa parece no tener rivalidad importante en la mayoría de los
territorios que controla. Segundo porque la organización opera mediante
entramados delictivos. “Lo que vamos a presenciar es más bien una
reestructuración relativamente silenciosa en algunos casos”.
Advierte del riesgo de que ese reacomodo sin mayor
violencia se perciba como un desmantelamiento y no como una consolidación y
reafirmación del cártel: “Hay que tener mucho cuidado con esas lecturas. El
hecho de que eventualmente no hubiera violencia no significaría que se acabó el
grupo, sino que su reestructuración ya estaba muy avanzada”.
Reacomodos en todo el territorio
Director académico del centro de investigación
Scientific Vortex, considera que la aprehensión del Chapo podría, eso sí,
impactar en fenómenos como la reestructuración de la actividad delictiva en
Michoacán. “La lucha por Michoacán es porque se busca con las autodefensas una
autodepuración frente a Los Caballeros Templarios. Pero hay evidencias previas
sobre la presencia de cárteles como Nueva Generación, que tenía un vínculo con
Sinaloa y está buscando entrar a la ciudad de Lázaro Cárdenas, cuyo puerto es
clave para el tráfico ilegal en el Pacífico”.
–En las eventualidades hay que considerar a Los Zetas,
el principal grupo opositor al Cártel de Sinaloa –se les plantea.
Salcedo-Albarrán, filósofo con maestría en ciencia
política y director de Scientific Vortex, responde: Los Zetas también operan a
través de redes con autonomías relativas, incluso en muchos casos con demasiada
autonomía… pese a lo cual siguen siendo zetas. Lo mismo pasa en California,
donde absorben pandillas, y en Guatemala, donde sus miembros ya se conocen como
los guatezetas.
Refiere el caso del tráfico de hidrocarburo condensado
y su venta a empresas legales en Estados Unidos, “que no tienen ningún problema
en pagárselo directamente a la banda”.
Esa banda –que nació con un carácter paramilitar, al
ser fundada por desertores del Ejército mexicano– “es uno de los mejores
ejemplos de descentralización elevadísima, lo cual les da también un alto nivel
de resistencia. Para desaparecerlos tendrían que operar sobre muchísimos
actores y redes simultáneas en varios países”.
–¿Eso explicaría que a la declaración oficial de
muerte de Heriberto Lazcano, El Lazca, y a la detención de Miguel Ángel
Treviño, El Z-40, no se supiera de grandes enfrentamientos? –se le pregunta.
–Su carácter paramilitar propiamente dicho también
pudo irse mutando. Como en el caso del Cártel de Sinaloa, con Los Zetas podemos
estar en un escenario de nuevas alianzas, incluidas las políticas.
Advierte que en el caso de Michoacán la preeminencia
de las autodefensas no es la solución. Por el contrario. Recuerda lo que
ocurrió con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que surgieron
como una sombrilla de los grupos paramilitares, financiados por hacendados y
comerciantes que luchaban contra las guerrillas.
Estaban apoyadas por fracciones del Estado, algunos
gobernadores y alcaldes. Una vez que avanzaron en el control social y militar,
el siguiente paso fue el control político para capturar o cooptar las
estructuras gubernamentales y dar paso a un Estado mafioso y autoritario. “Eso
ocurrió a mediados de los noventa y aún estamos sufriendo ese flagelo”, apunta.
El propósito de las AUC –consignado en un documento
llamado Refundar el Estado– era consolidar el poder territorial de todos los
agrupados (entre quienes había terratenientes y latifundistas) mediante un
movimiento de derecha que acabara con la oposición, a la que asociaban con el
terrorismo y la guerrilla. Las AUC, no obstante, tuvieron una vinculación
estrecha con el narco.
“Fue un proyecto que conocí a fondo”, declara Garay,
quien entre sus estadías en Europa, en especial en Italia, funge como director
del Proceso de Verificación de la Comisión Nacional de Seguimiento a la
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en Colombia, un fenómeno
entreverado entre el combate al narcotráfico y la guerrilla.
Garay y Salcedo-Albarrán se sorprenden de que en
México no se haya emprendido una acción sistemática contra los actores
políticos y económicos relacionados con la delincuencia a gran escala.
“Nos da la impresión de que en México ha pasado lo
mismo que en Colombia, donde las organizaciones delictivas han cooptado a
sectores del poder político para garantizar sus actividades, aunque aquí no se
ha judicializado nada sobre legisladores federales, como fue el caso de Colombia,
donde entre 2002 y 2006, 38% de los congresistas fue procesado por sus
relaciones con el narco”, coinciden.
La cooptación política en Colombia ha continuado y
muchos de esos actores se han reciclado en la vida pública colombiana, pero “en
México no tenemos evidencias judiciales sobre legisladores federales, sino del
ámbito local y municipal”, donde se padece la “institucionalidad más débil”,
aseguran.
Los investigadores opinan que ni la propaganda
permanente de combate a las bandas trasnacionales ni el silencio son la mejor
forma en que un gobierno puede enfrentar a estos grupos.
“Las dos políticas se van a los extremos. Al
expresidente Felipe Calderón se le reprocha haber alborotado todo sin estar
preparado con un plan de acción. Eso implicó los niveles de violencia que se
vivieron sin haber tenido la fuerza, inteligencia ni acción necesarias para
controlarla. Intentar acallar eso y mantener algún tipo de pacto en el que los
narcotraficantes pudieran seguir operando habría sido totalmente deplorable.
“El otro extremo es ya no llamarle ‘guerra contra el
narco’, sino problemas de seguridad aislados. Eso es evadir una situación
dramática, lo que es poco deseable porque hace que la sociedad no se percate de
la verdadera magnitud del problema. Saber lo que pasa es indispensable para
tomar cualquier decisión”, indica Salcedo-Albarrán.
Garay comenta que México se encuentra en otra etapa de
la delincuencia organizada, donde la violencia ya no es la protagonista: “Puede
haber una nueva reconfiguración de relaciones políticas y de alianzas entre
algunos cárteles. Algo de ese estilo puede estar pasando”.
Los especialistas advierten de otra manifestación del
estadio actual de la criminalidad: los narcotraficantes personales, que están
aumentando y fortaleciéndose. Se trata de narcoempresarios y profesionales que
trabajan sólo para sí mismos, expone Garay Salamanca, quien ha sido además
asesor en el Ministerio de Hacienda del gobierno de Colombia y consultor en el
Banco Interamericano de Desarrollo. Esos micronarcos devienen en “capital
social perverso”.
Instituciones vulneradas
Sobre los señalamientos desde Estados Unidos y México
de que la delincuencia organizada en territorio mexicano fue prohijada por el
PRI, Garay rememora que la infiltración en las instituciones y la sociedad ha
ocurrido durante mucho tiempo, por lo que el problema no se le puede atribuir
de manera simplista a un partido en específico: “Aquí ha habido rupturas en las
transiciones políticas, de alianzas, compromisos, acuerdos, y esto tiene influencia
no sólo de lo ilegal a lo político, sino de lo político a lo ilegal”.
Refiere que ese proceso de ilegalidad suma ya muchas
décadas en México, tal como ha ocurrido en Colombia, y que grupos crecientes de
la sociedad –políticos, funcionarios, empresarios o profesionales, entre otros–
van asumiendo patrones, formas y conductas que al menos en la letra no
contradicen o confrontan la legalidad.
Sin embargo, su actuación real linda con el delito.
Los investigadores los llaman “agentes opacos o grises”: Además de personas se
trata de instituciones públicas y privadas “que contribuyen de manera decisiva
a la reproducción del capital ilegal, entendido no sólo como capital económico
o financiero, sino también político, social y en algunas ocasiones cultural”.
Para los investigadores, las manifestaciones del
pasado miércoles en Culiacán y Guamúchil, Sinaloa –en las cuales se exigió que
El Chapo no fuera extraditado a Estados Unidos– son una expresión de la
“aculturación mafiosa”, que demuestra cómo los patrones legales se han
relajado.
–¿Es posible revertir ese capital social de los
cárteles? –se le inquiere a Salcedo-Albarrán.
–Siempre es posible que la sociedad avance hacia la
adopción de patrones morales, culturales y políticos dentro de la legalidad. El
problema es que progresivamente, a veces muy despacio, se han ido adoptando
patrones culturales de ilegalidad como si fueran normales. En la medida en que
los Estados van recuperando legitimidad y confianza, es posible revertir esta
situación.
“Los delincuentes han aprendido que ya no es
enfrentando al Estado como van a permanecer. Aspiran al control político, pero
no a la participación política directa. Lo que buscan a través de funcionarios
afines es tener la influencia suficiente sobre las instituciones y crear las
condiciones más propias para operar y ampliar su capital.
“Desde principios del siglo XX los italianos
aprendieron que mafia sin Estado no puede existir. Nosotros hemos reaprendido
que redes ilícitas trasnacionales sin parcelas del Estado y sin parcelas de la
sociedad tampoco podrían existir. No tendrían cómo utilizar ese capital
social acumulado.”