Si esa interacción es pública y transparente, se reduce enormemente el espacio para la corrupción y la conducta que se aparta de las normas éticas.

De acuerdo con la nueva ley, el registro de lobbistas es voluntario, de modo que no habrá una nómina pública de los individuos u organizaciones que se dedican a esta actividad. Eso debilita el efecto de transparentar la actividad de lobby, pero la ley establece otra forma a través de la cual esa actividad deberá hacerse pública.

Si un lobbista quiere reunirse con un funcionario público, debe llenar ahora un formulario solicitando esa reunión, explicitando a quien representa y cuál es el propósito de su visita. Y el funcionario público, después de reunirse con el lobbista, debe enviar un resumen de lo tratado en la reunión al Consejo de Transparencia, una corporación autónoma creada por la Ley de Transparencia de 2009, que hará pública esa información.

La ley chilena es una de las pocas en el mundo que pone en manos de los funcionarios públicos parte de la responsabilidad de divulgar la información sobre la actividad de los grupos de interés que se reúnen con ellos. Las normativas para el lobby en las naciones que más activamente regulan esta actividad -los países anglosajones y escandinavos- establecen un registro obligatorio de lobbistas, poniendo en ellos la responsabilidad de hacer pública su acción. El proyecto de ley chileno inicialmente establecía lo mismo, pero se vio entrampado en el parlamento, por acción de algunos de los propios lobbistas -principalmente algunos bufetes de abogados- que no querían salir del anonimato. El registro voluntario de lobbistas, incorporado al proyecto de ley poco antes de su aprobación, fue la solución a medias que permitió superar el impasse.

La ley chilena no es la primera de su tipo en América Latina. México tiene una desde 2011, pero eso no ha detenido las acusaciones de tráfico de influencias en ese país. El mismo año que entró en vigencia la ley, por ejemplo, Conméxico, una asociación que reúne a las empresas de la industria alimentaria, evitó que se prohibiera la venta de comida “chatarra” en las escuelas mexicanas. Se trata de un mercado de casi US$1.500 millones anuales, en un país que tiene uno de los mayores índices de obesidad infantil en el mundo. La cámara de diputados de Brasil verá este abril un proyecto de ley que obliga a los lobbistas a registrarse públicamente, pero nadie asegura que sea aprobada: los lobbistas han logrado evitar la aprobación de la ley desde que el proyecto se presentó en 2007.

Y Colombia tiene una ley de transparencia de las gestiones públicas que regula la actividad de lobby, pero de poco alcance y letra muerta por falta de voluntad política y porque no contempla mecanismos de ejecución.

La ley chilena si tiene mecanismos de ejecución. Hay un encargado institucional de que la ley se cumpla. Establece como órgano ejecutor al Consejo para la Transparencia, de acuerdo con la estructura anticorrupción de Chile, que tiene a ese órgano independiente y autónomo como garante de probidad.

Además establece dos tipos de sanciones: para los funcionarios públicos que no registren la agenda de las reuniones que sostienen con lobbistas y las sanciones vigentes contra el cohecho y las negociaciones incompatibles.

La nueva ley con certeza mejorará la posición de Chile en el ranking de transparencia de Transparency International, donde en 2013 ocupó el segundo lugar de América Latina -detrás de Uruguay- y un honroso puesto número 22 en el mundo.

El problema, sin embargo, estará en la implementación de la nueva ley. Funcionarios públicos y parlamentarios tendrán que transparentar sus agendas, diciendo dónde y con quién se reúnen y los temas de que hablan. Implementar la nueva ley será una buena prueba para el gobierno entrante de Michelle Bachelet.