Al Gobierno de Maduro se le llena la boca declamando que nadie debe darles lecciones de democracia y que en el país se respetan los derechos humanos. No es que hubiera ni un resquicio de duda sobre la naturaleza política del régimen que trata de seguir imponiéndose en Caracas, pero las cifras que dejan las últimas semanas de manifestaciones son un claro reflejo de la verdadera naturaleza de sus líderes. 

La macabra y luctuosa cifra de 39 muertos ya es de por sí una losa demasiado pesada para que Venezuela siga arrogándose la virtud de ser un país en el que no se violentan las garantías básicas. 

Pero a este precio elevado por alcanzar la libertad, hay que añadir que el régimen de Maduro se ha servido de manera arbitraria de las fuerzas de seguridad para detener y encarcelar a los manifestantes: 1.825 arrestos entre el 12 de febrero y el 28 de marzo dan cuenta de qué entienden en el Palacio de Miraflores por derecho de manifestación, un derecho recogido en la propia Carta Magna venezolana. 

Si este panorama no es de por sí demasiado tenebroso, puede recordarse que en la prisión siguen numerosos presos políticos, los más destacados Leopoldo López e Iván Simonovis. 

Pero ya las garras de Maduro están afilándose desde hace varios días para abalanzarse sobre la opositora María Corina Machado. 

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, reveló que la decisión de la diputada opositora de representar a un Gobierno extranjero en la OEA "tiene consecuencia jurídica". Su detención parece más que inminente.

Ante todo esto, sólo queda una pregunta: ¿qué más debe pasar para que actúe la comunidad internacional?