Para abordar los problemas que supone la presente crisis migratoria con África, es importante empezar por reconocer que probablemente no se trate de un fenómeno coyuntural que desaparecerá dentro de unos meses.
Tanto los datos económicos como los datos demográficos de los países africanos indican que es muy posible que sólo estemos ante el principio de un movimiento migratorio que podría convertirse en uno de los mayores de la historia.
Este movimiento sólo podrá contrarrestarse si los países africanos logran un crecimiento económico sostenible que les permita absorber su vertiginoso crecimiento demográfico. Para hacer frente a la crisis migratoria con África hace falta, más que poner obstáculos a la inmigración ilegal, reforzando las fronteras, adoptar medidas que consideren las causas de la emigración e intenten modificarlas. Esto es lo que el Gobierno español ha recalcado como prioridad de la nueva política exterior de España hacia África.
El reciente Plan África, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, es un claro ejemplo de una estrategia que pretende atajar las causas de la emigración africana. El éxito del Plan África está todavía por ver, y dependerá, en parte, de la capacidad técnica y logística del ministerio para implementarlo, pero, sobre todo, de hasta qué punto los demás miembros de la UE se comprometan a contribuir con iniciativas parecidas a la de España. En otras palabras: el problema africano desborda la capacidad de España.
Como ha señalado el propio secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y como se puso de manifiesto en el seminario previo a la aprobación del Plan África organizado por el Instituto Elcano, haga lo que haga España, los objetivos del Plan sólo podrán alcanzarse si también se comprometen con ellos los demás estados miembros de la Unión Europea.
Con todo, aunque intentar luchar contra las causas de la emigración sea la estrategia más eficaz a largo plazo, la misma debería verse acompañada de una estrategia a medio y corto plazo destinada a hacer frente al creciente potencial migratorio que, probablemente, aflore mientras España y la UE se afanan por establecer los cimientos de un continente africano económicamente más próspero en el futuro.
En cuanto a los remedios a corto plazo, las iniciativas adoptadas por el Gobierno español consisten en reforzar la vigilancia marítima; en aumentar y/o establecer la representación diplomática española en los países de origen; en fomentar los acuerdos para la repatriación de los inmigrantes ilegales y en reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad africanas para gestionar el tránsito de emigrantes. Se trata de iniciativas acertadas, aunque algunas pueden ser difíciles de implementar, como puso de manifiesto la reciente cancelación de las repatriaciones hacia Senegal por las autoridades de Dakar.
Sin embargo, el gran problema no es lo que se hace, sino lo que no se hace. La dimensión que ha pasado casi inadvertida en medio de esta crisis son las propias políticas de inmigración de España y de la UE. Mejor dicho, su falta. En la actualidad, la inmigración legal entre África y Europa, como opción alternativa a la inmigración ilegal, es prácticamente inexistente, lo que implica que es muy probable que un aumento adicional del potencial migratorio africano se traduzca casi automáticamente en una mayor inmigración clandestina.
Es decir, a falta de una alternativa a la inmigración ilegal, a corto plazo, y bajo un escenario de mayor presión emigratoria africana, no es improbable que se produzcan con mayor frecuencia los peligrosos cruces de frontera que hemos observado en los últimos meses.
Aunque pueda parecer una solución un tanto extraña, o contra-intuitiva, una de las formas de reducir la presión migratoria en las fronteras europeas con África, y de desincentivar la inmigración ilegal a corto y medio plazo, es la introducción de mecanismos que hagan posible la inmigración legal entre África y Europa. Una política proactiva de inmigración legal con África resultaría beneficiosa tanto para los países receptores como para los de origen, porque crea posibilidades de inmigración legal donde antes sólo había posibilidades de inmigración ilegal.
Además, y quizá sea esto más importante, las remesas que los nuevos inmigrantes africanos mandarían a los países de origen proporcionarían, muy probablemente, mayores recursos económicos que el conjunto de los recursos proporcionados por la ayuda internacional, lo que contribuiría, a su vez, a la estrategia a largo plazo de apoyar el desarrollo sostenible en África.
A esto hay que añadir otro problema, no menos importante. A pesar de todos los esfuerzos que se realizan para impedir la inmigración ilegal desde África, quienes contra toda probabilidad consiguen cruzar las fronteras se ven a menudo ampliamente recompensados, ya que generalmente consiguen quedarse y, con frecuencia, convertirse en inmigrantes legales. Mientras España y Europa sigan «premiando» la inmigración ilegal de la forma en que lo vienen haciendo, no es muy probable que tenga éxito una política proactiva de inmigración regular legal.
Dejar de «premiar» la inmigración ilegal significa, entre otras cosas, una lucha contra la economía sumergida y la contratación ilegal de inmigrantes no documentados mucho más eficaz que la actual, y una repatriación más frecuente y efectiva de los inmigrantes irregulares e ilegales que ya se encuentren en la UE.
Por RICKARD SANDELL. Investigador principal del área de «Demografía, población y migraciones internacionales». Real Instituto Elcano
