Sin un aumento continuo de la productividad factorial total, es imposible lograr que el PIB real por habitante se incremente y esto, precisamente, es lo que no ha sucedido en los últimos treinta años.

La atención está ahora puesta en la segunda generación de reformas estructurales: energética, telecomunicaciones, competencia y financiera. La apuesta es que si la legislación está bien diseñada al igual que su instrumentación, ello derive en mayores flujos de inversión, mayor productividad y mayor crecimiento, aunque es importante señalar que estas reformas no atienden aspectos cruciales que inhiben una mayor productividad como altas barreras regulatorias, corrupción y una muy deficiente protección judicial de los derechos privados de propiedad. Sin embargo, en esta vorágine de reformas está en el olvido un sector de actividad económica que es un verdadero lastre para lograr mayores tasas de crecimiento económico: el sector primario, que incluye agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal.

Algunas cifras ilustrativas: a) el PIB real total durante 2013 (a precios constantes de 2008) fue de 13.404.643 millones de pesos; el PIB generado en el sector primario fue de 405.500 millones de pesos, el 3% del total; b) la población económicamente activa total promedió, durante el año pasado, 49,2 millones de personas de las cuales 6,8 millones estaban ocupadas en el sector primario, 13,8% del total; y, c) la productividad media por persona ocupada en el sector primario fue, en promedio, 59.790 pesos (a precios de 2008), mientras que en los sectores secundario y terciario, la productividad media ascendió a 306.202 pesos, 5,1 veces más elevada. Una enorme cantidad de gente con una muy baja productividad. No sorprende, en consecuencia, la altísima incidencia de pobreza que impera en las zonas rurales del país.

El gobierno destina ingentes cantidades de recursos públicos al sector primario. Para este año el presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación asciende a 82.900 millones de pesos; por otra parte, el presupuesto asignado a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es de 26.590 millones de pesos, parte de los cuales se destinan al desarrollo agrario, a los que hay que agregar los que destinen la banca de desarrollo, particularmente Financiera Rural y la Secretaría de Desarrollo Social. Es una enorme cantidad de recursos que son para efectos prácticos, un enorme desperdicio de recursos. El problema no es uno de recursos, sino de una muy ineficiente definición de los derechos de propiedad derivados de la Ley Agraria.

Los ejidos, la propiedad comunal y, de manera muy especial, el minifundio, son arreglos de derechos de propiedad muy ineficientes, lo que deriva en una ineficiente asignación de recursos y una muy baja productividad. Si esto no se modifica, el sector primario seguirá siendo un lastre para el crecimiento. Habría que empezar por derogar la Ley Agraria y definir eficientemente, en un nuevo marco legal, los derechos de propiedad, uno que derive en la propiedad privada de los recursos, con mayores extensiones de tierra que permita la introducción de tecnologías modernas de producción. Seguir apostando al modelo actual, no importa cuántos recursos se le inyecten, solo garantiza baja productividad y la perpetuación de la pobreza.