Las reformas estructurales anunciadas a bombo y platillo por Enrique Peña Nieto al asumir la presidencia de México, en diciembre de 2012, y despachadas por la vía rápida en sus primeros meses de mandato no pueden ser puestas en práctica ante la incapacidad del Congreso para aprobar las leyes secundarias, los reglamentos que permitan su aplicación. El periodo ordinario de sesiones concluía este miércoles y los legisladores dejan pendientes capítulos tan significativos como la energía, las telecomunicaciones y un nuevo esquema político-electoral.

Esta última reforma, fundamental para la organización de los comicios de 2015 en los que se renovará la Cámara de Diputados, es el tapón que frena el resto de iniciativas. Las divisiones internas en las dos principales fuerzas de oposición (el conservador Partido Acción Nacional, PAN, y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD, están detrás de que sea «materialmente imposible», según el senador panista Héctor Larios, alcanzar un acuerdo sobre los 550 artículos que contiene. El gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el poder entre 1929 y 2000) no tiene mayoría suficiente en las cámaras, así que sus señorías decidieron postergar el debate a un periodo extraordinario de sesiones en fechas aún por definir. En estas leyes reglamentarias deben definirse las facultades del nuevo Instituto Nacional Electoral, las reglas para los candidatos independientes y los procedimientos para anular una elección.

En diciembre pasado, al cumplir un año de Gobierno, Peña Nieto aseguró que 2014 sería el año de la «eficacia en la implementación» de las reformas constitucionales, pero las leyes secundarias en la fundamental reforma energética no fueron presentadas hasta ayer, último día del periodo ordinario de sesiones. Así, además, quedan pendientes las reformas en telecomunicaciones (el dictamen no fue discutido por desacuerdos entre los partidos y se ha pospuesto para junio), transparencia (siguen sin ser nombrados los nuevos comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información), la ley ferroviaria, la creación de una pensión universal para ancianos y de un seguro de desempleo y la puesta en marcha de un organismo anticorrupción.