Contra lo que se cree comúnmente, no fue el presidente Felipe Calderón, quien inició la llamada guerra contra el crimen organizado sino su antecesor, Vicente Fox, quien desplegó a la Policía Federal (entonces Preventiva) -una institución cuyas fuerzas operativas eran formadas esencialmente por militares- en tres entidades del país: Baja California, Sinaloa y Tamaulipas.

Desde el envío de 600 elementos de la PFP a Nuevo Laredo, para hacer frente a la abierta corrupción de la policía municipal, la estrategia federal para Tamaulipas ha sido renovada varias veces pero no ha obtenido mayores resultados.

Desde el envío de 600 elementos de la PFP a Nuevo Laredo, para hacer frente a la abierta corrupción de la policía municipal, la estrategia federal para Tamaulipas ha sido renovada varias veces pero no ha obtenido mayores resultados.

En su arranque -en 2005, cuando fueron asesinadas 357 personas en el estado-, el operativo fue bautizado “México Seguro”.

En 2006, se cambió de nombre para ser conocido como “Proyecto Frontera Norte”, cuyos objetivo centrales, eran “rearticular y fortalecer a las policías locales” y “privilegiar el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno”.

En el gobierno del presidente Calderón hubo varios relanzamientos de la presencia federal en Tamaulipas, que obedecieron al recrudecimiento de la violencia desatada por los cárteles.

Ésta tuvo su apogeo en 2010 cuando estalló la guerra entre el cártel del Golfo y sus antiguos aliados Los Zetas.

Ese año fueron asesinados el candidato puntero de la carrera por la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, y el alcalde del municipio de Hidalgo, Marco Antonio Leal García, entre otros políticos.

También fueron masacrados 72 migrantes, principalmente hondureños y salvadoreños, en el municipio de San Fernando.

Incapaz de hacer frente a la violencia, el entonces gobernador Eugenio Hernández Flores debió pedir ayuda al gobierno federal para encarar la situación, complicada por la fuga masiva en los penales de Reynosa y Matamoros.

La Federación terminaría por cargar con buena parte de la seguridad en el estado. El presidente Calderón, al celebrar en Reynosa el Día del Ejército en 2011, anunció el envío de cuatro batallones más a la franja fronteriza de Tamaulipas.

No obstante, la cifra de asesinatos no dejó de crecer: los 265 que hubo en 2007, de acuerdo con números oficiales, se llegó a más de mil en 2012. Y si bien la cifra bajó a la mitad en el primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el saldo de la intervención federal 2005-2014 no es halagüeño: casi cinco mil muertos.

Este martes, en Reynosa, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio dio vuelta a la página y anunció un nuevo plan para el estado.

Se trata de la división de Tamaulipas, para efectos de seguridad, en cuatro regiones: Frontera, Costa, Centro y Sur. Cada una de ellas quedará a  cargo de mandos especiales de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.

Hasta ahí, nada muy distinto a lo que se ha intentado anteriormente. Pero habrá que darle a la estrategia el beneficio de la duda.

Primero, porque el hartazgo ciudadano en la entidad se ha materializado en forma de organización y habrá, seguramente, una mayor vigilancia por parte de los gobernados. Segundo, porque la intervención federal en Michoacán este sexenio ha rendido frutos hasta ahora, lo que habla de la exigencia del Presidente de que no se juegue con la palabra que ha comprometido.

“Vamos a dar resultados”, ofreció Osorio Chong. “Éste día va a marcar pauta”, aseguró el gobernador Egidio Torre.

Desde esta trinchera, la del periodismo, cabe esperar que no estén equivocados, sobre todo por los habitantes del estado, que han padecido lo indecible en materia de violencia criminal.

Si resultan buenos sus pronósticos, habrá que decirlo. Si no, lo gritarán las cifras. Las de los asesinatos, pero también las de los secuestros, que no han dejado de crecer desde 2005 (cuando hubo siete reportados, contra 211 el año pasado).

Y las cifras no hay cómo callarlas.

Apuntes al margen. Hasta ahora no se han formado grupos de autodefensa en Tamaulipas. Por eso no deja de ser interesante lo que dice el artículo 18, fracción VII, de la Constitución del estado: “Todos los habitantes del estado estarán obligados a… Tomar las armas en defensa del pueblo en que vivan cuando éste fuere amagado por partidas del malhechores, acatando las disposiciones que al efecto emanen de la autoridad local”.

No hay detalle en la nueva Estrategia de Seguridad para Tamaulipas sobre cómo enfrentar uno de los delitos más lucrativos en el estado: el robo de combustibles. La entidad tiene el primer lugar en ordeña. En su territorio se han contado 441 tomas clandestinas, la quinta parte de las que hay en el país. De acuerdo con Pemex, el valor del combustible sustraído ilegalmente a nivel nacional fue cerca de siete mil 605 millones de pesos.

En diciembre de 2009 fue detenido Jesús Basilio Araujo El Pollo, presunto sicario de la organización de los Beltrán Leyva. En el interrogatorio, habría revelado que fue el conducto para alinear a tres alcaldes guerrerenses. Entre ellos, el del municipio serrano de General Heliodoro Castillo. ¿El nombre del edil? Olaguer Hernández Flores, hoy diputado local, el mismo que fue secuestrado mientras apostaba en un casino de Chilpancingo, el 6 de mayo, y fuera liberado dos días después.